El Gobierno de Santa Fe manifestó su confianza en arribar a una “solución consensuada” con los directivos de la cerealera Vicentin, que habrían expresado su conformidad en “una salida similar” a propuesta de fideicomiso.

Así lo aseguró el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, al término de una reunión que mantuvo en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista con su titular, Fabián Lorenzini, y directivos de la compañía.

Las partes quedaron en volver a reunirse el jueves 30 y Somaglia consideró “satisfactorio” el encuentro que se llevó a cabo la noche del viernes en el que, aseguró, se coincidió en “comenzar a transitar el camino para ponernos de acuerdo en una herramienta legal y económica de salida”.

“Es el puntapié inicial de un diálogo institucional en el marco del concurso de acreedores”, subrayó en declaraciones a la prensa, en las que destacó la importancia de “institucionalizar el diálogo, más allá de los encuentros informales que hubo sin la presencia del magistrado”.

Somaglia habló horas después de que se conociera la presentación ante el mismo Juzgado por parte del Banco Nación y representantes sindicales del Comité Provisorio de Control del concurso de acreedores, en la que se reclamó el apartamiento inmediato de todos los directores de Vicentin de la administración de la compañía.

El funcionario del gabinete del gobernador Omar Perotti sostuvo que “la provincia es propensa a la búsqueda de consensos y su presencia no tiene otro cometido que articular acciones para buscar canales para salvar a la empresa”.

En ese sentido, señaló que las conversaciones con el juez y los directivos “fueron fructíferas”, con el fin de que la empresa “pueda cumplir sus obligaciones con todos los empleados y responder por las deudas que tan preocupados tienen a los productores”.

Ante la posibilidad de conformar un fideicomiso, Somaglia aseguró que “la empresa también coincide en una alternativa similar a esa”.

Por otra parte, se excusó de ahondar en las responsabilidades de los directivos en la situación que llevó a la empresa a pedir el concurso de acreedores e indicó al respecto que “lo que proporcionó la Provincia son datos objetivos que surgen de registros públicos, no abrimos un juicio de valor”.

“No es tema de la provincia meterse en quién valorará si de esos datos surgen actividades que puedan ser reprochables”, acotó, al tiempo que aclaró que no tenía por que “meterse en el proceso concursal que está llevando adelante la empresa con los síndicos”.

Al respecto, planteó que el sentido de su presencia en la reunión fue el de “escuchar a la empresa, porque queríamos saber si estaba de acuerdo en transitar una salida consensuada con el Estado (provincial)”.

Más allá de esa aclaración, Somaglia remarcó la “preocupación” del Gobierno provincial “ya que los acreedores y los productores están preocupados por cómo van a responder por sus créditos”.