El presidente Javier Milei dispuso la prórroga del presupuesto 2023 para el año que viene, que entrará en vigencia desde este miércoles, a través del decreto 88/2023, publicado en el Boletín Oficial.

La prórroga fue determinada a raíz de no contar a la fecha con una Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024, por lo que desde el Gobierno entendieron que “con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2023”.

El texto oficial estableció que “a partir del 1° de enero de 2024 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias”.

El decreto que además de la firma de Milei, lleva las del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, le permite a Posse “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga mediante el artículo 1° del presente decreto con el fin de dar cumplimiento a los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”.

Asimismo, se estableció una actualización en “las competencias para autorizar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos se adecuarán a las siguientes pautas, según corresponda”.

El presupuesto prorrogado por Milei fue elaborado por el entonces titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, a fines de 2022 y aprobado por el Congreso. En aquél momento, en su rol de diputado, el ahora presidente había rechazado en duros términos la normativa al asegurar que “por todas las inconsistencias, los problemas morales y la montaña de aberraciones que dicen, nosotros vamos a rechazar este mamarracho nefasto”.

La ley de leyes del 2023 también había tenido el voto en contra de la vicepresidenta Victoria Villarruel y no contó con el apoyo de Juntos por el Cambio en el Senado, aunque sí con algunos votos a favor en la Cámara de Diputados.

El presupuesto que rigió a la administración nacional durante este año contemplaba un 1,9% de déficit fiscal, con recorte de subsidios a las tarifas de electricidad y transporte, entre otros y una inflación del 60%. Al igual que este año, ambas previsiones parecen lejanas de poder cumplirse en el 2024.

Otro de los ajustes que preveía el actual presupuesto era en materia educativa, lo que fue resistido incluso al interior del propio gobierno de Alberto Fernández, ya que disponía una quita de un quinto de las becas del programa Progresar y de una décima parte de la financiación a las universidades nacionales.