La depuración del sector privado de la salud dio un nuevo paso, con la intimación de la Superintendencia de Servicios de Salud a 56 Empresas de Medicina Prepaga a que acrediten el cumplimiento de las normativas y/o formullen descargo, que se suma a la baja definitiva de 58 compañías del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) ordenada la semana pasada. 

“Tenemos hoy registradas 661 empresas de medicinas privadas, de las cuales solo 10 están inscritas definitivamente”, había dicho Gabriel Oriolo, titular de la Superintendente de Servicios de Salud, en declaraciones radiales. Y otras 651 compañías contaban con inscripciones transitorias, con un alto porcentaje que no había presentado información. 

El caso es que los daminificados que pagaban una cuota en las 114 firmas que oficialmente se presumen “fantasmas” no serán reubicados, desde que el artículo 267 del DNU 70/2023 derogó el inciso m) del artículo 5 de la Ley N° 26.682, que ordenaba a la autoridad de aplicación “transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley (o sea, las empresas de medicina prepaga) la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con similar modalidad de cobertura de salud y cuota”.

En el caso de adultos mayores afectados, itienen casi vedada la inscripción en cualquier otra cobertura privada debido a los altos valores exigidos para una admisión.

Al mismo tiempo, la Superintendencia de Servicios de Salud sigue avanzando en la desregulación de la medicina prepaga y habilitó a las empresas del sector a aplicar libremente aumentos en las cuotas de los planes de cobertura de manera variable conforme las condiciones del plan (con o sin copagos) y de acuerdo a las regiones o zonas en las que brindan la atención médica asistencial.

Quedaron bajo el ojo de la cautelar judicial, por el aumento de los primeros meses del año, 41 prepagas que abarcan a casi el 99% de los beneficiarios del sistema privado.

Leyes del mercado

La crisis del sistema de salud pega de lleno, primero, en los privados, que afrontan la desregulación de la seguridad social y las mejoras tecnológicas en el campo de la salud que requieren de inversiones no al alcance de cualquiera. 

El 14% de la población cuenta con servicios de medicina privada, ya sea mediante el contrato directo de empresas privadas con los beneficiarios como también a través de la derivación de aportes y contribuciones de la seguridad social. 

Pero el sector privado, entre hospitales, sanatorios, consultorios particulares, provee más del 50% de los servicios de salud. 

Además de las prepagas, los demandan las obras sociales sindicales, las provinciales e incluso el PAMI, ya que o no tienen prestadores propios o no dan abasto para las cobertura.

La concentración se tornó inevitable y se profundizará, debido a la aparición de nuevos tratamientos, de nuevas demandas de la sociedad con capacidad de pago, que elije tos sistemas que le dan más y más actualizada cobertura.

Se destacan las sociedades comerciales (Swiss Medical, Galeno, OMINT, Medicus y Paramedic son las que tienen más afiliados), obras sociales con planes superadores (OSDE y Accord), cooperativas (ACA Salud), mutuales (Sancor Salud y Federada Salud), asociaciones civiles (Medifé y Hospital Italiano) y fundaciones (Fundación Médica Mar del Plata).

La mayor proporción de asociados se concentran en las sociedades comerciales (39,3%), los planes superadores de obras sociales (36,2%) y las mutuales (11,6%). Swiss Medical, Galeno, OSDE y Sancor Salud son las principales empresas de cada categoría en cuanto a cantidad de afiliados, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Subsector público y de seguridad social

Los otros dos subsectores en que está divivido el sistema sanitario argentino actualmente: el público, al que pueden acceder todas las personas que viven en el país, y atiende al 36% de la población, entre ellos beneficiarios de programas estatales de salud, como Sumar e Incluir, o personas que no cuentan con otro tipo de cobertura; y el de la seguridad social obligatoria, que abarca al 61%, e incluye a los trabajadores formales del país y a sus familiares directos; a los jubilados a través del PAMI.en donde se encuentran las obras sociales; y hasta al sector privado, por las derivaciones que reciben las prepagas.

La integración de las distintas partes del sistema de salud se considera el fin último de cualquier política pública que se aplique, ya que si queda librado a las fuerzas del mercado, el acceso, ya desigual, se tornará inviable para la mayoría de la gente.

Mario Koltan, presidente de Boreal Salud, advierte sobre el deterioro de las condiciones de trabajo en hospitales y clínicas, "con profesionales de la salud denunciando la falta de recursos e insumos médicos, salarios que no acompañan la inflación y una creciente desmotivación que afecta la calidad de la atención”. 

Se impone,según subraya, modificar el Plan Médico Obligatorio (PMO) y crear una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para determinar el costo de los medicamentos, que para algunas enfermedades y tratamientos son elevadísimos, así como crear un fondo para enfermedades de alto costo, siguiendo ejemplos como el Uruguay.