Los proveedores de internet, el servicio que más creció en los últimos años, ya tiene armada la lista de reclamos para el gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo.

La semana previa al balotaje de la elección presidencial se realizó el encuentro anual de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), donde el sector evaluó el último año del negocio.

Los principales jugadores del sector dejaron registrada su agenda de reclamos para el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

El presidente de la CAPPI, Rodolfo Bianchi, consideró que el DNU 690, que declaró en 2020 a Internet como servicio público, "tiene firmada la sentencia de muerte. No creo que se prolongue muchos meses más. Esa es la lectura que hacemos desde la cámara".

Explicó que el decreto "tuvo sentido inmediatamente después de la pandemia de coronavirus, pero ya no".

Qué dice el DNU 690.

El decreto prohibió a las empresas aumentar las tarifas de sus servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión por cable o televisión paga satelital.

Además, declaró esos servicios como públicos y obligar a las compañías a disponer de servicios a precios especiales para los sectores sociales de bajos recursos.

Con el tiempo, las grandes operadoras consiguieron eludir la normativa a través de medidas cautelares del Poder Judicial, pero la situación no fue igual para las pequeñas y medianas empresas, que no fueron beneficiados por recursos de ese tipo y no pudieron ajustar sus precios con la misma frecuencia.

Qué puede ocurrir con la red 5G.

El empresario proyectó que el avance del despliegue de las redes de quinta generación (5G) de telefonía móvil será lento porque las "telcos" tienen que hacer un esfuerzo de inversión millonaria con una tarifa que se considera baja.

El Gobierno nacional licitó a fines de octubre las primeras frecuencias para prestar servicios de 5G a las tres principales operadoras del mercado: Telecom, Claro y Telefónica. En ese acto se abrieron los portales a la era 5G, pero el desarrollo que derivará en la prestación efectiva de los servicios de quinta generación es por ahora un misterio por razones económicas, políticas y hasta geopolíticas.

Bianchi dijo que una segunda medida importante a tomar deberá responder "de qué manera se va a alcanzar a las pequeñas localidades y a las localidades rurales en las que todavía se está incumpliendo el desarrollo para 2G, 3G y 4G".

Por ejemplo, las empresas ven la posibilidad de acercarse a las "telcos" licenciatarias para tratar de empaquetar el servicio de un pequeño ISP para dar cobertura en un pueblo determinado.

Otro eje del reclamo político del sector apunta contra la administración del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y plantea reformas para modernizar los procedimientos que deben seguir las empresas.

También cuestiona la administración del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), una bolsa que se financia con aportes de las empresas que el Estado destina luego al fondeo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones de pymes o cooperativas.

Desde la mirada del titular de CAPPI, el FFSU "debería manejarse de una manera más transparente, ya que encontramos que hay licenciatarios a los que les dan una licencia y fondos y no vemos que haya control real sobre el destino de ese dinero". El empresario destacó además casos de pymes licenciatarias que no reciben el dinero prometido.

Otra política requerida es una regulación para uso compartido de los postes que se utilizan para los tendidos de fibra o cables, que son la autopista que permite la prestación de estos servicios. El modelo que se aconsejó es el que se ejecuta en Mendoza, al que el referente destacó como viable para facilitar el desarrollo de las redes de fibra óptica en todo el país.

¿Y las reformas?

Tanto el candidato presidencial del oficialista Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, como su competidor por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, hicieron promesas de grandes reformas económicas y políticas para el día después del balotaje.

De los dos, el que propone reformas de perfil más disruptivo es Milei, cuyo horizonte político es liberar a la economía de las mayores restricciones posibles. En principio, en su plataforma electoral las referencias a las telecomunicaciones eran más bien pocas.

Entre ellas hay una referencia al 5G con una promesa de "mejorar las comunicaciones allanando los impedimentos para la implementación" de esa tecnología.

A fines de septiembre, en una carta dirigida al Poder Ejecutivo, el aspirante libertario a la presidencia pidió la inmediata revocación de la Resolución 1285/23 con la que se llamó a la licitación de frecuencias para 5G, con el argumento de que incurre en una "grave e ilegítima actuación" y compromete los recursos públicos más allá de la finalización de su mandato.

El texto era abundante en coincidencias retóricas con el empresariado de las telecomunicaciones. Entre otras cosas, consideraba a la subasta como de nulidad "indudable" por su potencial "perjuicio al sector privado", acusaba intencionalidad recaudatoria del Ejecutivo nacional, y desacreditaba aspectos de la medida como nuevas intromisiones en la actividad empresarial.

Las coincidencias se completaban con acusaciones adicionales de "inseguridad jurídica", infaltables en toda argumentación procedente del ámbito corporativo. Pero hubo un aspecto que resaltó: el planteo de que la 1285/23 no contemplaba la asignación de espectro disponible para 4G "necesario para atender en forma eficiente al crecimiento de las redes móviles actuales".

La especificidad de ese último reclamo contrastó con la generalidad que mostraba hasta ese momento el espacio de Milei en materia de telecomunicaciones. Habrá que ver, en el caso de una victoria de ese candidato, si en el ejercicio real del poder será posible avanzar con una agenda tan disruptiva en relación con el escenario de la actualidad.

En el caso de poder, la advertencia de Bianchi (ex candidato libertario en la ciudad mendocina de San Rafael) sobre el futuro del DNU 690, no tardará en convertirse en realidad.