La Ley de Bases introduce una serie de reformas laborales que facilitará a las PyMEs en Argentina formalizar el empleo, reducir costos y riesgos legales, y ofrecer una mayor flexibilidad en la gestión de personal.

Sin embargo, el éxito de estas reformas dependerá de su implementación efectiva y del apoyo adicional que las PyMEs puedan recibir para adaptarse a estos cambios en un entorno económico desafiante.

La iniciativa impacta de lleno en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que son pilares fundamentales de la economía, ya que representan el 99,4% del empresariado en el país y dan trabajo al 64% de los asalariados registrados, según datos oficiales.

La sanción de las reformas laborales que contiene busca formalizar el empleo no registrado, mejorar las condiciones laborales y flexibilizar la gestión de contratos y despidos.

Estos cambios incluyen incentivos fiscales y la eliminación de multas y sanciones, aspectos que pueden beneficiar a las PyMEs al facilitar su crecimiento y estabilidad.

El contexto económico y laboral actual en Argentina es complejo. Mientras, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, las PyMEs generan entre el 60% y 70% de los empleos a nivel mundial y contribuyen con el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) global, en Argentina, operan más de 600,000 PyMEs, que enfrentan desafíos superlativos en términos de informalidad laboral.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) señala que la informalidad en el empleo asciende al 50% en Argentina, en línea con el promedio regional.

La dinámica del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe había presentado en 2023 un aumento menor al 1% en la tasa regional de ocupación.

En tanto, la participación disminuyó ligeramente en comparación al año anterior, con un 62,3% frente a un 62,5%, y una desocupación promedio del 6,5%.

Otro de los aspectos que destaca el informe menciona la relación entre la recuperación de puestos de trabajo y el crecimiento del empleo informal: las ocupaciones de este tipo contribuyeron a la creación de entre el 40 y 95% de los puestos de trabajo entre el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2023 en la mayoría de los países.

Según cifras del año pasado, Ecuador se convirtió, con un 95%, en el país de la región en el que la informalidad laboral tuvo la mayor participación en la recuperación del empleo total desde la pandemia; Argentina y Bolivia le seguían con el 78 y 77% respectivamente.

En cambio, Uruguay y Chile se distinguieron por el crecimiento de la formalidad.

Las motivaciones detrás de la ley

Este contexto de alta informalidad y la necesidad de generar empleo formal son fundamentales para entender las motivaciones detrás de la Ley de Bases.

La Ley de Bases incluye la condonación de infracciones, multas y sanciones impagas, así como la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) si se regularizan los trabajadores. 

Además, se ofrece una condonación de deudas de aportes y contribuciones en al menos un 70%, y se establecen incentivos para el cumplimiento de obligaciones de contado, beneficiando particularmente a las PyMEs.

La formalización del empleo representa una gran oportunidad para reducir costos y riesgos legales, mejorar la seguridad y satisfacción de los trabajadores, y acceder a incentivos fiscales.

Sin embargo, también supone un desafío para las PyMEs que operan en un entorno económico incierto.

El aumento de los costos laborales podría ser importante, y muchas pequeñas empresas podrían necesitar apoyo adicional para cumplir con estos nuevos requisitos sin comprometer su viabilidad financiera.

Otro aspecto crucial de la ley es la derogación de multas por registro irregular del contrato de trabajo y la eliminación de multas por la falta de entrega de certificados de trabajo y de ingreso de aportes. 

Estas medidas alivian considerablemente la carga financiera sobre las PyMEs, que a menudo enfrentan dificultades para cumplir con todas las exigencias administrativas y legales en tiempo y forma.

La simplificación del mecanismo de registro laboral, haciéndolo simple y electrónico, también facilita el cumplimiento normativo para estas empresas.

Fondo de cese laboral

La Ley de Bases también introduce el Fondo de Cese Laboral, un mecanismo moderno y flexible para manejar las indemnizaciones por despido.

Este fondo se constituye a través de convenios colectivos y permite a los empleadores optar por servicios privados de aseguramiento o autoasegurarse, con un aporte mensual que no superará el 8% del salario, corriendo únicamente por cuenta del empleador. .

Este sistema, similar al previsto para la construcción, proporciona una alternativa más flexible y económica a las indemnizaciones tradicionales, facilitando la planificación financiera y la estabilidad empresarial.

No obstante, su aplicabilidad debe analizarse caso por caso, ya que es más adecuado para actividades con alta rotación de trabajadores o tareas ligadas a proyectos específicos.

La modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que incluye como causas de despido la "participación en bloqueos y/o tomas de establecimiento", otorga a los empleadores una herramienta legal más clara y directa para manejar situaciones de conflicto laboral.

Esto puede ser beneficioso para las PyMEs al reducir la posibilidad de enfrentarse a demandas laborales costosas y prolongadas, permitiendo mantener la operación y la productividad.

Despido discriminatorio

El despido discriminatorio también recibe una modificación significativa en la Ley de Bases.

Los jueces podrán incrementar la indemnización por antigüedad entre el 50% y el 100% en casos de despido discriminatorio, pero no se permitirá la reinstalación del trabajador. Esto agrava las indemnizaciones en casos de discriminación, pero elimina la reinstalación, disminuyendo la litigiosidad y la interpretación de normas ajenas al ámbito laboral.

El tema de la litigiosidad no es un asunto menor. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2023 se llevaron a cabo 117.348 juicios por accidentes laborales, un 23,8% más que en 2022, un 48% más respecto de 2021, y un 163% más que en 2020, año marcado por la pandemia del COVID-19.

De esta forma, se cortó la tendencia decreciente registrada en los años previos. 

El pico máximo histórico se dio en 2017, cuando se registraron 130.679 juicios, pero luego, reforma laboral mediante, la situación cambió rotundamente: se achicaron a 80.038 en 2018 y a 67.898 en 2019.

No es casual que la industria del juicio y el peso de la carga tributaria fueran las dos principales preocupaciones de los empresarios chicos y medianos en la última edición de las “Charlas Abiertas Pymes de IDEA” entre 70 dueños, CEOs y autoridades de pequeñas y medianas empresas de todo el país.

Trabajadores independientes

Otro aspecto importante de la norma aprobada es la inclusión de una nueva categoría de trabajadores independientes, que pueden emplear hasta tres colaboradores independientes bajo un régimen especial.  Observamos que esa posibilidad ofrece flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del mercado.

Este régimen permite a los trabajadores independientes acceder a la seguridad social, obras sociales y riesgos del trabajo, sin crear una relación de dependencia con la persona contratante, a menos que en la realidad del vínculo se evidencien notas de subordinación propias de una relación de dependencia.

Finalmente, la extensión del período de prueba a seis meses, ampliable a ocho meses en empresas de seis a cien trabajadores y a doce meses en empresas con hasta cinco trabajadores, permite a las PyMEs evaluar el rendimiento del empleado antes de contratarlo por tiempo indeterminado. 

Esto ofrece una mayor flexibilidad en la gestión del personal y reduce el riesgo de contratar a empleados que no se ajusten a las necesidades de la empresa.