En tiempos de un 11% de desocupación e incremento del índice de pobreza, en que se distribuyen 780 mil planes y programas sociales para los que hay presupuestados $255.712 millones, el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) denunció que escaseó mano de obra en la producción de cerezas, frutas de carozo, ajo, tabaco, vid, cítricos, pomáceas, té y olivo, y como incentivo propuso compatibilizar esos subsidios con el empleo registrado.

Equivaldría a que los trabajadores que perciben ayuda estatal e ingresen en plantillas privadas "puedan seguir cobrándola pese a estar en blanco”, tal como lo expuso el titular del área en la entidad, Eduardo Rodríguez. 

El planteo de los pequeños y medianos empresarios agropecuarios se debe a que atribuyen la reticencia de los beneficiarios de programas asistenciales a aceptar trabajo en blanco a que no quieren sufrir la baja automática del subsidio.

Cruzando datos a nivel general, como la pandemia acumuló un saldo de 800 mil personas que perdieron su trabajo, al menos un tercio pasó a engrosar la lista de los beneficiarios de planes sociales.

Según los datos que brindó la cartera laboral, correspondientes al 4° trimestre del 2020: respecto de igual periodo del año anterior, 500 mil personas pasaron a la inactividad: no tienen trabajo ni lo buscan, y otras 300 mil más se declararon desocupadas, o sea que no tienen trabajo pero buscan activamente uno. 

Como quiera que sea, la contratación informal se constituyó en la única alternativa para cubrir los puestos estacionales en las economías regionales. 

El mecanismo ideado por la ANSES para dar de baja los beneficios sociales en caso de que la persona consiga un empleo temporal, por ejemplo en alguna actividad zafrera, llamado “Plan Empalme”, fracasó debido a la propia burocracia del Estado, según el dirigente empresario.   

Es la explicación que brindó CAME a la página web "Bichos de Campo": “tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar 2 o 3 meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social”, especificó.

En muchas provincias, inclusive, se extendieron los subsidios por “invalidez” que inhiben directamente a sus beneficiarios a ingresar en el mercado laboral. 

Política oficial

La consecuencia de esta anomalía ha sido que, en la última campaña, se resintió la productividad de cultivos regionales, como el tabaco en Salta y la vid en Mendoza, entre otros, lo cual constituye una clara señal de la economía real que el ministerio de Desarrollo Social revea su actual enfoque en torno de la política de otorgamiento de planes sociales.

El titular del área, Daniel Arroyo, anticipó la intención de cambiar los planes sociales por trabajos comunitarios, como por ejemplo pintar escuelas.  

Desde la producción, la visión es distinta: CAME recordó que la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos sectoriales, ya que representa entre 45% y 75%, según la actividad, y por lo tanto estima que la transición debería hacerse superponiendo por un tiempo el bolsillo laboral y asistencial de los nuevos trabajadores. 

En todo caso, lo que difiere sería la realidad del desempleo en el conurbano y en el interior del país, en el que existe un vasto espectro regional que absorbe en torno del 70% de la mano de obra rural, representada, aproximadamente, por 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha.

Por el contrario, en las grandes ciudades, para los punteros políticos, que son los que están en contacto directo con la gente, los planes sociales son un fin en sí mismos. 

Movimiento social

Hay una división en el movimiento social en cuanto al significado de esta política, concebida como respaldo a las familias más necesitadas. 

El militante histórico del Movimiento Evita nombrado presidente del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -Inaes-, Alexandre Roig, dijo que "todavía estamos en una transición entre un modelo que corresponde a la emergencia, de políticas sociales y asistencialismo, hacia un modelo de transformación social de largo plazo que tiene que ver con el trabajo y la producción", a los cuales identificó como ejes de la transformación social.

Y aclaró en una entrevista publicada por “El Cronista” que "desde hace por lo menos 5 o 6 años, muchas organizaciones populares plantean la necesidad de salir del esquema de subsidio y de planes sociales para ir a políticas laborales".

Una nota de Diego Cabot, en “La Nación”, le aporta datos al análisis sobre el avance de la política a ayuda social sobre la población: el 55% de las personas que habitan la Argentina estuvo alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Ese número era 32,9 en 2010 y de 40,3% cinco años después. Mauricio Macri dejó la presidencia con un 43,8% y Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, a 55%.  

Una misma familia que reside en el conurbano bonaerense podría estar cobrando una martingala potencial, compuesta por más de una docena de planes y programas, nacionales, provinciales y municipales uniendo a los miembros que cohabitan y en caso de ser aprovechados todos:

  • Asignación familiar por hijo,
  • Plan Acompañar, 
  • Tarjeta Alimentar, 
  • Potenciar Trabajo,
  • Potenciar Joven, 
  • Becas Progresar, 
  • Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
  • Pro Huerta, 
  • Programa provincial de Fortalecimiento a la Red de Espacios Comunitarios (que complementa a las 1000 organizaciones de la sociedad civil como merenderos o comedores), 
  • Programa municipal que asigna un Vaso de Leche por Día y 
  • Plan Alimentos Especiales.    

La canasta alimenticia es el principal componente de esta batería de subsidios a la pobreza, y la evolución de su costo como consecuencia de las remarcaciones neutraliza la efectiva ayuda que significaría para los hogares más humildes.

En cuanto a la reconversión de tales contribuciones en empleos, el ministro Arroyo aspira a hacerlo mediante la refacción y creación de centros de desarrollo infantil, la asistencia a emprendedores con herramientas, maquinarias y microcréditos y hasta a través de capacitar a titulares del programa Potenciar Trabajo en cuidados de personas mayores.