Por Marcelo Bátiz

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) salieron a respaldar el proyecto oficial de moratoria impositiva y previsional, aunque plantearon que la fecha de consolidación de deuda debería ir más allá del 30 de junio, al tiempo que reclamaron terminar con lo que consideraron “desigualdades” en el tratamiento que tienen durante la cuarentena respecto de las grandes cadenas comerciales.

Asimismo, sostuvieron que algunos sectores críticos que son particularmente afectados en la pandemia, como el turismo y la gastronomía, accedan a planes de pago con tasa cero, en lugar del 2% mensual de interés establecido como regla general, aunque admitieron que para el resto de las actividades es un nivel conveniente”.

“La tasa del 2% mensual es bastante baja, adecuada a las condiciones actuales del mercado”, sostuvo el contador Fabián Pelagagge, asesor de varios empresarios pyme que, aseguró, “están eufóricos” tras conocerse los lineamientos del proyecto.

En el mismo sentido se expresó Néstor Míguez, titular de Custom Brokers Argentina, una pyme dedicada a operaciones de comercio exterior, principalmente vinculadas a la industria petrolera y sus proveedores, para quien “la tasa de interés es buena, en cualquier moratoria anterior estaba es un 6%, 7%”.

“Si la ley sale, sería fantástico”, confió en declaraciones a NA, en las que señaló que “con esto del COVID-19 bajó mucho la facturación y lo único que hacés es acumular deudas”.

Por su parte, Hernán Llebara, de la consultora jurídica de empresas Advocatus, consideró que “la tasa del 2% ayuda y es muy buena si se la compara con los intereses que estaban cobrando. Está claro que para competir internacionalmente es una tasa excesiva, pero estamos en Argentina”, reconoció.

Juan Pablo Bazán, al frente de Melocotón.la, especializada en marcas y rediseño de imagen y titular de la Cámara Empresaria de Vicente López, admitió que el plan de 96 a 120 cuotas “es bueno”, pero planteó un tratamiento diferencial para las micro y pequeñas empresas, para las que dijo estar “convencido de que tiene que ser todo a tasa cero” a raíz del “trato desigual” que a su juicio vienen teniendo durante la cuarentena.

“Un supermercado permaneció abierto todo el tiempo, nunca cerró y hasta puede vender remeras, zapatos y todo lo que un comercio de cercanía que está a pocos metros no puede hacer porque no le permiten abrir”, indicó para fundamentar su pedido, basado en que “esa desigualdad con las grandes cadenas obliga al pequeño comerciante a endeudarse”.

En el mismo sentido se expresó Fabricio Di Giambatista, titular de la agencia de viajes Columbia, uno de los sectores más afectados por las restricciones operativas. “Estamos pidiendo créditos a tasa cero, aunque en realidad estamos más cerca de los subsidios que de los créditos”, admitió, además de reclamar que se complemente la moratoria “con una batería de medidas”.

“La moratoria es oportuna, pero si hacemos memoria cada tanto se da una y todo termina siendo un paliativo. Hace falta complementarla con una batería de medidas, que tengan que ver con créditos de libre disponibilidad de impuestos”, indicó, al tiempo que puso de relieve que la actividad turística acumuló crédito fiscal en la pandemia.

Otro de los aspectos que mereció reparos fue el de la fecha de corte para el reconocimiento de deudas fijada el 30 de junio, plazo que se prefiere extender ya sea en el debate parlamentario o por medio de alguna medida del Poder Ejecutivo.

“El recorrido normal de un proyecto de ley tiene sus tiempos, no creo que la aprueben antes de fin de mes”, advirtió Bazán, en tanto Míguez indicó que “si el balance de una empresa cierra en diciembre, con el plazo del 30 de junio hay seis meses que quedan afuera, por no ponerse a considerar que nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia”.

Pelagagge interpretó que haber fijado la fecha del 30 de junio “tal vez un poco apresurado”, ya que “las consecuencias del aislamiento van a subsistir por un período más largo”.

Para Llebara, “por más tratamiento express que le den en el Congreso, no van a llegar a tiempo. Yo le pondría como plazo de consolidación el 30 de septiembre, por lo menos. Y por qué no el 31 de octubre”.

No obstante, admitió que “si sale hasta el 30 (de junio), será hasta el 30, tampoco es bueno especular con eso, porque se estaría fomentando en no pago de deudas futuras”.

Bazán advirtió que “cuando se apruebe el proyecto eso va a quedar atrasado, van a tener que incluir (un plazo) hasta que finalice la pandemia y dar dos o tres meses de gracia, para que el comerciante de barrio se pueda acomodar con ese tiempo”.

En ese sentido, también cuestionó que “se pueden adherir hasta el 31 de octubre y te dan 16 días para empezar a pagar. Creo que van a tener que estirar todo hasta fin de año”.

De todos modos, los empresarios consultados por NA coincidieron en que no es posible dar una respuesta definitiva en tanto no se tenga certeza de cuándo finalizarán las restricciones de la cuarentena, con las dificultades del caso por las segmentaciones por región y actividad.

En ese sentido, Llebara indicó que “nadie sabe cuál va a ser el costo hundido, se sabrá cuando se sepa con seguridad cuándo es la fecha de corte”, al tiempo que del momento en que termine la pandemia dependerá también las probabilidades de inicio de la recuperación económica, que estimó para “el cuarto trimestre de este año o tal vez para 2021”.

Míguez estimó la caída de su facturación en un 85% desde el 20 de marzo, en tanto para Bazán el descenso fue del 65%. Pero Di Giambatista planteó la otra cara del problema: ¿en qué condiciones volverán las empresas en la post-pandemia?

“Por lo que podemos ver en otros países, las agencias de viajes no retoman el trabajo al 100% de su capacidad, sino en un 15%”, puntualizó, dando a entender las dificultades para seguir incluso con la ayuda de la moratoria.

O como dijo Llebara: “si no hay circulación, si no reactivo el negocio, no hay moratoria que sirva”.