El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°22 de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Martín Scheibler, hizo lugar a una medida precautelar y frenó el avance en la legislatura porteña del proyecto “Costa Urbana” en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. El proyecto quedó entonces en stand by hasta que la firma lo presente un estudio de impacto ambiental y se acredite la realización de una audiencia pública.

El proyecto entre la administración porteña y la empresa, dueño del predio de 71 hectáreas, consiste en cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

Ante la presentación de acciones de asociaciones vecinales, el magistrado consideró que el expediente 1831-J-2021 es un proyecto caracterizado como de “Impacto Ambiental con relevante efecto” según la Ley 123 de la Ciudad ya que el mismo se encuadra en varios incisos de la norma tales como que las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares (inciso “f”) o por el inciso j que se ocupa de la ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo- 

El magistrado dice que el proyecto se enmarca también en las actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas, según lo establezca la reglamentación (inciso “m”); y el inciso "n" por tratarse de obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno absorbente, según surja de la reglamentación de la presente y por enmarcarse en "grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes”.

Pese a que la medida del juez está vigente, el bloque oficialista lo trataría en la sesión de hoy, aunque no llegaría a votarlo dado la medida interpuesta por el juez. 

Por otro lado, el grupo IRSA propietario del shopping DOT (además de otros 14 distribuidos en todo el país) anunció un cambio de estrategia para evitar su cierre. Con la salida del país de Falabella y Walmart, destinará los 12.000 metros cuadrados que dejó liberados el supermercado y en su lugar habrá canchas de fútbol y espacios para gamming y servicios varios.

Con las ventas paralizadas por los cierres total o parcial, los shopping no levantan cabeza con locales que emigran a nuevas formatos más rentables en tiempos de coronavirus.