Las tareas de gestión de ayuda social que realiza el Estado nacional podrían derivarse a los municipios, debido a la mayor cercanía y conocimiento de las personas y hogares en situación de indigencia que tienen las administraciones comunales.

La propuesta fue formulada por el economista Patricio Canalis, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en el marco de una división de responsabilidades, en la que la Nación conservaría su rol de financiación de los programas de asistencia, pero delegaría la gestión en las municipalidades.

La iniciativa parte de la experiencia de “otros países de nuestra región” luego de los deficientes resultados de los últimos años en la Argentina, en los que la indigencia fue en aumento a pesar de que se destinan mayores recursos en materia de ayuda social.

Para Canalis, esa situación es la consecuencia de problemas de gestión por parte de un Estado nacional “alejado de la gente”, falencia que, a su juicio, no se presenta en las administraciones comunales.

“Es necesario que se mejore la gestión de la asistencia para que llegue a los que más la necesitan”, señaló en un informe de IDESA, en el que distinguió que “el Estado nacional puede ocuparse de financiar la ayuda a los hogares indigentes, pero no es bueno que se entrometa en su gestión, debido a que se encuentra alejado de la gente”.

Asimismo, advirtió que para llegar a los sectores vulnerables establece “vínculos con organizaciones sociales que suelen volverse espurios”.

Canalis indicó que al cuarto trimestre del 2020 “a 4,5 millones de argentinos no les alcanzaba para adquirir una canasta básica alimentaria”, tratándose de un universo en el que “la mayoría son hogares numerosos, en los cuales pocos miembros trabajan y si lo hacen es en trabajos informales que generan bajos ingresos”, además de contar con “niveles educativos bajos”.

El 65% de esos hogares indigentes se concentra en el conurbano bonaerense, con especial incidencia entre los menores de edad, a pesar de la cobertura aplicada con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“En lo que se refiere a adultos de edades mayores, la incidencia de la indigencia es bastante baja, debido a la amplia cobertura previsional”, acotó.

En ese contexto, analizó la evolución de la indigencia en la pandemia, con el foco en la cantidad de hogares que recibió ayuda social estatal y aquellos que contaban con ingresos generados por trabajos de algunos de sus miembros.

“A lo largo de la pandemia se agregaron 860.000 nuevos indigentes que se sumaron a los 3,7 millones que ya había sobre finales de 2019”, indicó, al tiempo que subrayó que “esto se dio a la par de un refuerzo en las ayudas sociales, especialmente en la AUH, en la tarjeta Alimentar y con la creación del nuevo IFE (Ingreso Familiar de Emergencia, luego desactivado).

A finales de 2019, antes de la pandemia, el 65% de los hogares indigentes recibía ayuda social por parte del Estado y el 48% tenía ingresos vinculados al trabajo de alguno de sus miembros, en algunos casos complementarios a la misma asistencia estatal.

En el segundo trimestre de 2020, el más afectado por el confinamiento, los hogares que recibieron ayuda social cayeron del 65% al 43% y los que contaban con ingresos laborales del 48% al 41%.

Esa situación tuvo una mejora “a medida que se fue reabriendo la actividad”, destacó Canalis, con un 53% y un 58%, respectivamente.

Sin embargo, el informe remarcó que esa mejora “fue de la mano de trabajos de baja productividad que vinculaban también pocas horas y, por lo tanto, magros ingresos que no les permitía a los hogares salir de la indigencia”.

Para Canalis, “si se desea llegar a una solución de fondo, es necesario fomentar la creación de empleos productivos”, por lo que “el Estado nacional debería ocuparse en ese sentido de generar una macroeconomía estable y de institucionales impositivas y laborales que no desalienten la creación de empleo”, además de “evitar entrometerse en funciones que no les son propias, como lo es la asistencia social”, que quedaría en manos de los municipios.