Presupuestos que no se cumplen: una pasión argentina
Ante la inminente presentación del proyecto de ley para 2021, los antecedentes muestran que el incumplimiento fue una constante
Por Marcelo Bátiz
La presentación cada 15 de septiembre del proyecto de ley de Presupuesto reaviva el debate en torno de cómo hacer una previsión en un país con una economía imprevisible desde hace mucho tiempo, que hace prácticamente imposible proyectar cuáles serán los gastos y los ingresos del Estado nacional en diciembre del año siguiente, nada menos que quince meses después.
Ese será el desafío al que se enfrentarán por primera vez esta semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la subsecretaria de Presupuesto, Florencia Jalda.
Los tres harán la presentación con alguien más que experimentado en estas lides como el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, encargado de diseñar los proyectos de la “ley de leyes” entre 2004 y 2016 para cuatro presidentes, seis jefes de Gabinete y nueve ministros de Economía.
En esta oportunidad, se prevé para el año que viene un crecimiento del PBI del 5,5%, una inflación del 28% y un tipo de cambio oficial que en diciembre de 2021 llegaría a los $101 por dólar.
Pero el repaso de los proyectos de ley de Presupuesto de los últimos años y su confrontación con los resultados finalmente obtenidos no resiste el menor análisis: ninguna previsión terminó ajustándose a una realidad que excede a la capacidad de cualquier técnico en la materia.
Las estimaciones del déficit financiero quedaron cortas en todos los proyectos. Si se toman los últimos seis proyectos, hubo desfases que en 2016 llegaron a $374.036 millones, un 382,86% más que la previsión original.
En las proyecciones de variación del PBI sucedió algo similar, aunque el caso de 2014 fue extremo: se proyectó un crecimiento del 5,1% pero hubo una contracción del 2,5%, es decir 7,6 puntos porcentuales de diferencia.
De todos modos, no tiene punto de comparación con el proyecto de Presupuesto 2002, elaborado el año anterior por Domingo Cavallo y ejecutado, con las reformas del caso, por Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna: la previsión de un crecimiento del 7,5% poco tuvo que ver una con realidad de 10,9% de derrumbe de la economía. A valores actuales, los 18,4 puntos porcentuales de desvío equivalen a casi US$ 75.000 millones.
Las palmas se las lleva la inflación, con desvíos que superaron los 30 puntos porcentuales en 2018 y 2019.
Las razones que llevan al permanente incumplimiento de las metas fijadas cada año en los proyectos de Presupuesto son diversas, pero se pueden concentrar en algunas principales, entre las que la inflación se ubica en el primer lugar.
El aumento de los precios al consumidor desbordó con creces todas las previsiones establecidas en los denominados “supuestos macroeconómicos” que no forman parte del texto de la ley sino del mensaje que acompaña a la presentación del proyecto.
De eso derivan correcciones que deben hacerse sobre la marcha en las remuneraciones al personal, así como las jubilaciones, pensiones y las asignaciones del sistema previsional, el principal gasto del Presupuesto. Pero también otras erogaciones, como pagos a proveedores o transferencias a provincias, universidades nacionales o sectores económicos, en este último caso a través de los subsidios.
Por otra parte, las variaciones del tipo de cambio afectan de manera directa el pago de servicios de la deuda y en el Presupuesto eso implica constantes modificaciones: los pagos son en dólares, euros o yenes, pero deben ser expresados en pesos. También a los ya mencionados subsidios (“transferencias”, en la terminología presupuestaria) en la medida que muchos son por compensaciones a combustible importado o a costos dolarizados.
Para completar, a las cuestiones económicas deben sumarse las políticas: una cuestión totalmente natural en muchos países como es cambio de Gobierno, en la Argentina se vuelve traumática a la hora de confeccionar un proyecto de Presupuesto.
Por ejemplo: el proyecto de ley de Presupuesto de 2016 fue elaborado en 2015 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, pero le correspondió a su sucesor, Alfonso Prat-Gay, llevar a cabo su ejecución con cuatro ministerios más que los previstos en la ley.
Cuatro años después sucedió algo aún más complicado: el proyecto para 2020 fue confeccionado por Nicolás Dujovne pero presentado ante el Congreso por Hernán Lacunza. Su ejecución le hubiera correspondido a Guzmán, con diez ministerios más, pero el presidente Alberto Fernández resolvió retirar la iniciativa y valerse de una prórroga del anterior.
Pero detrás de todas esas explicaciones subyace una que nadie se animará a decir públicamente pero todos admiten off the record: en una economía inflacionaria como la argentina, informar de antemano la verdadera previsión del Índice de Precios al Consumidor y de la cotización del dólar para dentro de quince meses puede volverse en contra de los intereses oficiales, en la medida que alentaría aumentos y remarcaciones de precios por parte de la mayoría de los agentes económicos.
Los resultados están a la vista con la simple comparación de los proyectos de ley y lo que finalmente ocurrió año tras año.