En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández eligió un tono y un contenido duro contra el Fondo Monetario Internacional, al que hizo corresponsable del endeudamiento colosal en tiempos de macrismo, y así pateó el tablero de la estrategia diplomática seguida celosamente por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un tiro para el lado del Instituto Patria, que avanza al galope en su capacidad de influencia sobre las decisiones de Estado.

La diatriba contra el FMI no es sólo retórica militante inflamada sino que cambia la ecuación de las negociaciones, ya que dilatará los tiempos del acuerdo, que Guzmán esperaba cerrar antes de mayo, antes del vencimiento del pago de una deuda al Club de París.

La querella criminal que Fernández instruyó a los letrados del Estado para iniciar contra "los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia", en alusión al macrismo, fue acompañada de un párrafo en el que Fernández apuntó directamente a la responsabilidad de las autoridades del FMI por desembolsar USD 55 mil millones para "financiar la campaña electoral" de Juntos por el Cambio.

El discurso del jefe de Estado inclinó la cancha a favor del Instituto Patria, que pedía duplicar el plazo de 10 años de pago de la deuda que la Argentina posee en el marco del nuevo programa que el Gobierno solicitó al Fondo. También presiona para postergar las tratativas hasta después de las elecciones legislativas.

"No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre. Nuestro gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo para poder mejorar la situación de millones de familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza", remató Fernández, en sintonía con el Instituto Patria.

El plan cristinista trastoca las intenciones de Guzmán y sus colaboradores, que venían trabajando en silencio en un acuerdo de "flexibilidades extendidas", con el objetivo de estirar los plazos del Stand-By Agreement por USD 55 mil millones que tomó el Gobierno de Macri en 2018. De ese monto, el Estado ya consumió USD 44 mil millones, en su mayoría para pagar otros vencimientos de deuda.

En el debate interno que había dentro del Gobierno respecto de cómo encarar la negociación con el FMI terminó prevaleciendo el ala política más firme que representa Cristina Kirchner, y retrocedió casilleros el ala pragmática y técnica que expresa Guzmán. El discípulo de Joseph Stiglitz, sin embargo, es respetado por la vicepresidenta por su rol clave en el acuerdo de reestructuración de deuda con los holdouts, el cual le dio oxígeno a las finanzas del Estado.

En la lectura cristinista, poner el foco en el vicio de origen que significó el endeudamiento avalado por el FMI, en una suerte de auditoría de la deuda, le permitirá a las autoridades económicas argentinas sentarse en la mesa de negociación en una posición de mayor fuerza, obteniendo mejores términos en un acuerdo que sea finalmente ventajoso para el país.

En efecto, el Fondo violó su propio estatuto que prohíbe otorgar deuda a países en situación de salida de capitales, y más aún en el porcentaje que representaba respecto del total de la cartera crediticia del organismo, con un monto y plazos de pagos muy difíciles de afrontar para el Estado argentino.

Esta lectura es compartida por los sectores que se encuentran más a la izquierda del Frente de Todos, como por ejemplo el integrante del directorio del Banco Nación Claudio Lozano. Para el ex diputado nacional, la decisión de iniciar una querella contra los artífices locales del endeudamiento "permite fortalecer la negociación con el FMI, buscando que el resultado de la misma no sea el de siempre".

El titular de Unidad Popular señaló que se se avanza "responsabilizando a los funcionarios que a nivel local hicieron posible este desastre, estamos en condiciones de escalar y
plantear como clave de nuestra política exterior, la presentación del caso argentino, denunciando al FMI en el seno de las Naciones Unidas".

"No parece razonable que el Fondo diga que no puede hacer una quita o reducción del capital adeudado, o que no puede extender el plazo de financiamiento porque su Estatuto lo prohíbe. Básicamente porque el crédito que otorgó violó expresamente dicho estatuto. Tampoco sería razonable que pretenda interferir e intervenir sobre nuestra política económica, cuando sus recomendaciones han producido los efectos conocidos", completó.

Esta visión se asemeja línea por línea a la que esgrime el Instituto Patria. Pero el kirchnerismo, la centroizquierda del Frente de Todos y ahora Alberto Fernández no están solos en esta "guapeada" contra el FMI. En diálogo con NA, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, se manifestó conforme con el anuncio hecho por el mandatario. También con la promulgación de este miércoles de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que en adelante establecerá que los acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso.

"Desde el Congreso tenemos que recuperar esas facultades. Vemos como un hecho positivo esto y estamos totalmente de acuerdo con que se lleve adelante un proceso judicial penal sobre la toma de deuda con el FMI y la distribución de los fondos que tomó el Gobierno de Macri", indicó el mendocino.

Otra victoria simbólica del kirchnerismo fue la definición importante que dio el presidente respecto al problema de qué hacer con las tarifas que estuvieron congeladas durante lo que va del mandato de Fernández. Allí quedó bien expuesta la decisión de habilitar este año aumentos suaves de tarifas que no vayan por encima de la inflación, y al mismo tiempo discutir el cuadro tarifario del 2022 en adelante a través de un proyecto de ley que se basará en la "desdolarización" de los valores de los servicios públicos.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado criticó al gobierno anterior al afirmar que "autorizaron aumentos sin que el Estado exigiera un plan de inversiones y dijo que los precios de la energía "hay que desdoralizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en pesos".