La aplicación de subsidios no solo tiene efectos negativos en el déficit fiscal y distorsivos en los precios relativos entre bienes y servicios, sino también en la brecha de precios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país, con diferencias que llegaron a cinco veces desde que se reanudó el congelamiento de tarifas hace dos años.

Ese contraste regional se evidencia en particular en el caso de la electricidad, debido a que los subsidios nacionales se vuelcan preferentemente a las distribuidoras del AMBA, único ámbito sobre el que tiene jurisdicción el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en lo que atañe a tarifas de distribución.

La evolución de los precios del subgrupo “Electricidad, gas y otros combustibles” dentro del Índice de Precios al Consumidor que realiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) deja en evidencia esa disparidad entre abril de 2019, cuando el ex presidente Mauricio Macri decidió congelar las tarifas en vistas al inicio de la campaña electoral, y el mismo mes de 2021, último dato oficial disponible.

En los 24 meses transcurridos, el incremento fue del 7,6% en el Gran Buenos Aires y del 22,2% en la región Pampeana, mucho menores a los del resto del país.

En ese sentido, los aumentos fueron del 34,4% en la región Noreste, 38% en Cuyo, 39,5% en la Patagonia y 39,8% en el Noroeste.

Esa brecha podría incrementarse en el corto y mediano plazo luego de que se resolviera la disputa entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en favor de la postura de este último, con un ajuste del 9% en las tarifas de las distribuidoras EDENOR y EDESUR tras dos años de congelamiento.

Al tratarse de cuadros tarifarios de jurisdicción nacional, los valores de las distribuidoras metropolitanas cuentan con la ventaja de poder ser subsidiadas a través de recursos de la Administración Pública Nacional (recaudación, deuda y/o emisión monetaria), facilidades de las que no disponen las distribuidoras del resto del país.

Esa situación se viene experimentando desde mediados de 2002, cuando al derogarse la ley de Convertibilidad se renegociaron los contratos con las prestadoras de servicios públicos, cuyas tarifas estaban dolarizadas.

La brecha regional en materia de tarifas eléctricas se reflejó en un incremento de la factura de subsidios a niveles que pasaron a comprometer el resultado fiscal general. Por tal razón, los incrementos de tarifas aplicados durante la gestión de Macri tuvieron un rechazo mayor en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano que en el interior, donde los aumentos ya se habían aplicado en años anteriores.