Tener una agroindustria de soja competitiva que pueda realmente competir con los tres principales países procesadores de soja del mundo, China, Estados Unidos y Brasil, necesita de un sistema arancelario que no perjudique el agregado de valor.

Y principalmente que no perjudique a los productores, quienes son los responsables del primer eslabón de la cadena.

Y aquí es donde hay que poner en foco, no en las retenciones sobre la soja, los aceites y los subproductos, sino en el impacto de las mismas sobre el margen bruto de los productores.

Como dato de la realidad, el año de la fuerte baja en el precio internacional de la soja, 2018-2019, el gobierno de Estados Unidos otorgó a los farmers americanos un subsidio directo no reintegrable de US$ 9.000 millones.

El actual sistema de retenciones que se calculan sobre el precio FOB implica que buena parte del impuesto recae sobre costos extras, como impuestos internos, sellados, inspecciones Senasa, controles AGP y finalmente sobre el costo de elevación en la terminal portuaria.

Para cuantificar este sobrecosto que no tiene relación con el precio de la soja, podemos estimar un costo operativo de exportación de US$ 12 la tonelada y con las retenciones a la soja del 33% el Gobierno se lleva US$ 4 adicionales, por gravarse los mismos sobre costos e impuestos.

A nivel del perjuicio económico para el productor, las retenciones sobre el precio FOB, por ejemplo 535 US$/ton , equivalen a 176 US$/ton.

En un campo que rinde 4.000 kilos por hectárea (ha) de soja, la exacción que sufren los productores por el 33% de retenciones, equivale a 704 US$/ha.

Esta cifra supera el costo de producción por hectárea, que incluye labores, semillas, agroquímicos, fertilización y cosecha.

En la realidad, los productores de Argentina tienen un costo de producción que duplica el costo de producción de sus pares americanos, brasileños,  uruguayos, paraguayos y bolivianos.

Cuesta creer que el productor argentino pueda competir en estas condiciones, y si lo hace es por el alto nivel tecnológico y las bondades de la Pampa Húmeda.

Analizando el negocio hasta la tranquera, al aplicarse las retenciones sobre el precio bruto de la soja, en este caso los precios FOB son letales en aquellos casos donde el productor tuvo un problema climático y menor producción o en los casos de fuerte baja en el precio del mercado.

Ejemplo sencillo: con un rinde de 4.000 kg/ha el productor con un precio de soja de 330 US$/ton tiene un ingreso bruto de 1.320 US$/ha, descontado costos fijos y variables por 450 US$/ha, tiene un ingreso neto de 870 US$/ton.

A esto habría que descontar los gastos de estructura y los impuestos locales y provinciales.

Mientras tanto el gobierno recauda 704 US$/ha en concepto de retenciones.

Si el productor tiene un problema climático y el rinde baja a 2.000 kg/ha, el ingreso bruto es de 660 US$/ha y el ingreso neto es negativo, pero el Gobierno sigue recaudando 352 US$/ha.

Y este es el caso donde el productor se funde, y el Estado sigue recaudando por las retenciones. Lo mismo sucede si el precio de la soja baja.

En el caso de las retenciones al complejo agroindustrial, la soja tributa el 33% y el aceite y la harina de soja el 31% en cada caso.

Existe un preconcepto y error conceptual por parte de algunos grupos minúsculos de productores, que este diferencial del 2% es el que les permite ganar plata a los industriales aceiteros.

Nada más alejado de la realidad y grave error de análisis, que es producto del desconocimiento de cómo funciona el sistema impositivo.

Este diferencial del 2% le permite a la industria aceitera pagar 10 US$/ton más de lo que podría pagar el exportador de soja como grano, sin valor agregado, pero además el diferencial tiene como principal objetivo igualar el trato tributario entre los exportadores de grano de soja y los procesadores
exportadores de aceite y harinas de soja.

Y si alguien pensara que igualando las retenciones del aceite y la harina, llevando las mismas al 33% igual que la soja grano, implica esto que el productor recibirá mas precio por su soja, se esta equivocando.

Por ejemplo, el 33% sobre el precio del aceite de soja, 1.250 US$/ton equivale a un sobrecosto para la industria de 25 US$/ton.

En el caso de la harina de soja, a un precio FOB de 400 US$/ton, el sobrecosto es de 8 US$/ton.

Si ponderamos los dos sobrecostos considerando el rinde industrial del proceso del poroto de soja, que produce el 18% de aceite y el 78% de harina, llegamos a un sobre costo de producción neto de 10,74 US$/ton.

Este 2% de diferencial es una cuestión de equidad tributaria para poner en igualdad condiciones al exportador de poroto de soja y a la industria aceitera, que exporta valor agregado, aceite y harina de soja.

Volvemos entonces a repetir, "es un error conceptual pensar que el 2% es un beneficio para la industria, se trata de igualar las condiciones tributarias de ambos sectores, exportadores e industriales".

En otro orden, la demanda de poroto de soja se concentra en apenas tres meses posteriores a la cosecha, una vez que la demanda de exportación cumple sus compromisos de ventas, los exportadores se retiran del mercado, mientras que la industria aceitera compra durante los 12 meses del año.

Poder tener una industria procesadora de soja es también una ventaja para los productores, en años como el 2018 cuando hubo serios problemas de calidad en el grano por factores climáticos previos y durante la cosecha, la industria aceitera flexibilizó las condiciones de recibo bonificando más del 50% los descuentos por tablas.

Esta bonificación nunca podría haber sido aplicada por los exportadores de poroto, pues la condición de los contratos de exportación es calidad de soja Grado 2 o mejor de acuerdo a estándares internacionales.

Mientras que las aceiteras compran condición de recibo fábrica, lo que les permite ser mucho más flexibles que los exportadores de soja, a la hora de recibir el grano en sus plantas de procesamiento o en sus puertos.

Por todo esto consideramos que los productores y la industria aceitera deben ser aliados, y no considerarse enemigos.

Si le va bien al productor, le va bien a la industria, y si le va bien a la industria, le va bien a los productores.

Ambos tienen que trabajar para aumentar la producción de soja en Argentina, y que podamos conquistar y ampliar nuevos mercados.

Este debe ser el objetivo común y no discutir posiciones individualistas e ideológicas que terminan en el reclamo del diferencial del 2% que ha sido  demostrado que no resulta en ningún beneficio directo para la industria.

Es el sistema perverso de las retenciones lo que confunde donde hay que poner el foco de la discusión.

(*) - Pablo Adreani es consultor e ingeniero agrónomo.