Apenas cincuenta ruralistas participaron hoy en la plaza principal del municipio bonaerense de Azul de la protesta que organizó la productora Cristina Boubee contra el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes de esa comuna precisaron que, pese a que se esperaba una “nutrida concurrencia” a la movilización, “fueron apenas un puñado de personas”.

La marcha se motorizó luego de que, a través de distintos grupos de WhatsApp, comenzara a repartirse un volante en el que se invitaba a los productores a “manifestar el rechazo por los incrementos confiscatorios e ilegales de los impuestos provinciales: inmobiliario urbano, rural y patentes”.

De la movilización participaron el senador nacional Alfredo De Angeli; su par provincial, Florencia Arietto, y el diputado bonaerense Luciano Bugallo.

Días atrás, en declaraciones periodísticas, la ruralista Boubee había expresado que, tras ponerle fecha a la protesta, “no paraba de recibir adhesiones” e indicó que participarían las agrupaciones rurales de Ramallo, Pehuajó, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Dorrego, Tandil, y Balcarce, entre otras.

"Si todos los que me contactaron en estos días vienen, seguramente la plaza va a quedar chica. El malestar con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires es muy grande y no es sólo la gente de campo", afirmaba Boubee.

En ese marco, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, había advertido que “el reclamo no abarca a todo el campo, sino a un grupo de dirigentes rurales que tienen motivaciones políticas, ya que muchos de ellos fueron candidatos en listas de la Libertad Avanza”.

“El peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el gobierno provincial. Creo que el conflicto está motivado por cuestiones políticas, y no por el aumento impositivo”, señaló Girard. 

El 28 de diciembre pasado, en la Legislatura se aprobó por amplia mayoría la Ley Impositiva 2024, que estableció las pautas de emisión de los impuestos patrimoniales: inmobiliario urbano, edificado y baldío; inmobiliario rural; automotores y embarcaciones.

Para el impuesto inmobiliario rural, la norma estableció una escala de topes progresivos para definir los incrementos.

Así, este año ARBA se emitieron 300.723 partidas rurales y solo 2.138, es decir un 0,71% del total, poseen una valuación superior a los $198.940.000 de base imponible, por lo que tienen aumentos por arriba del tope, que fue del 200%, y que llegan al 300%.

“Es para ese reducido y exclusivo grupo de partidas, con un valor de mercado superior a los US$ 3.000.000, que la ley impositiva estableció que no aplicaría ningún tope”, explicaron desde el Gobierno para rechazar que exista un “impuestazo” en la provincia.

Agregan que, en febrero, se registró una inflación mensual de 13,2%, ubicándose la inflación interanual en +276,2%, “por lo que más del 99% de los propietarios rurales recibió este año incrementos por debajo de la inflación en su impuesto inmobiliario rural”.