Luego de las audiencias públicas llevadas a cabo para debatir aumentos a las facturas de luz y gas y de la posible aplicación de un nuevo esquema de segmentación de tarifas, las perspectivas de que las distribuidoras de ambos servicios mejoren sus situaciones financieras siguen siendo lejanas.

El pesimismo sobre el panorama que les espera luego de los encuentros que se llevaron a cabo hasta este viernes 13 de mayo se debe a que no estuvo en discusión el precio de distribución de la luz y el gas que vienen reclamando hace años al Gobierno para que aplique un mecanismo de sinceramiento.

Ante la negativa oficial, el escepticismo en el sector de las empresas de servicios públicos es cada vez mayor, y se recuerdan los años de balances en rojo que se vienen acumulando, potenciados por los efectos del coronavirus; una actualización tarifaria acotada; una caída de la demanda y la recesión económica.

Todos factores que causan un fuerte deterioro en los ingresos de las Edenor, Edesur y Metrogas, las tres principales empresas de distribución a nivel nacional.

Solamente en el 2020 acumularon en conjunto pérdidas por $37.033 millones. Un escenario que se repitió en el 2021, cuando Edesur perdió $17.864 millones; Edenor, $11.636 millones y Metrogas otros $4.368 millones. Es decir, un rojo global de $33.868 millones durante ese período.

Y el inicio del 2022 sólo muestra una excepción, la de la distribuidora de electricidad del grupo italiano Enel arrancó el año mejorando sus estados financieros con una ganancia por $2.202 millones entre enero y marzo pasados. 

Si bien la cifra representa un incremento del 476% con relación al primer trimestre del 2021 cuando había ganado $382 millones, no alcanza para mejora su performance financiera que sigue siendo afectada por la política tarifaria del Gobierno. En el caso de Edenor y Metrogas mantuvieron sus estados financieros en rojo con pérdidas por $2.818 millones y $189 millones respectivamente.

Los datos revelan que, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández las tres mayores proveedoras de luz y gas del país suman una pérdida conjunta de $73.908 millones. O dicho de otra forma, algo más de $6.159 millones por mes; $202 millones por día e incluso de $8,4 millones cada 60 minutos.

A pesar de que las cifras revelan el complejo escenario financiero que atraviesan, las tres distribuidoras deben mantener sus niveles de inversiones para continuar brindando el servicio a sus casi 10 millones de usuarios repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

A partir de este razonamiento es que sus ejecutivos reclaman salir del congelamiento estricto para modificar sus tarifas acorde al constante incremento de costos. Sin embargo, saben que no hay chances de que este reclamo tenga curso, por varias razones.

Por un lado, porque la actual situación social del país y los altos niveles de inflación hacen imposible terminar con el corset tarifario e iniciar un proceso de sinceramiento.

Por otro, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán sigue las indicaciones del presidente Alberto Fernández para reducir los subsidios de manera pausada y solamente a los sectores de mayores ingresos, sin afectar a quienes hoy pagan tarifa social y mucho menos a la clase media, a la que necesita volver a seducir si quiere tener alguna chance de reelección en el 2023.

En el caso de la segmentación, las empresas consideran que se trata de un procedimiento de política energética que redistribuye los fondos que el Gobierno vuelca a mantener congelado el precio de la energía y el gas con el objetivo de darle una mayor equidad a ese reparto para evitar que los usuarios sigan siendo beneficiados de la misma forma sin importar sus niveles de ingresos.

Pero como esos subsidios no llegan a las empresas, consideran que los próximos aumentos que surjan de la segmentación no van a ayudar a dejar atrás la complicada ecuación financiera por la que atraviesan en un país donde los costos no dejan de subir.

"A nosotros no nos cambia nada, lo que hace es modificar la forma de facturar que la deberá definir el Gobierno", agregaron, además de plantear dudas sobre el formato de segmentación que se aplicará a partir de la conformación de los tres sectores que tendrán precios diferentes.

Los empresarios entienden que se trata de un esquema muy complejo que debe, entre otros factores, cruzar la titularidad del servicio con índices vinculados al precio de la propiedad y a los ingresos de sus habitantes.

Admiten que sólo será una ayuda siempre que el aumento sea mayor al ingreso de caja, pero estará lejos de resolver la incertidumbre respecto a la operatividad de sus servicios.

Por lo tanto, la tarifa plena que pagarán los sectores de mayores ingresos tampoco será suficiente para mejorar sus ingresos, sumado a las dudas que existen sobre la capacidad del Gobierno para sincerar el precio de los servicios teniendo en cuenta que se encuentran pisados y sin cambios desde hace ya más de 13 años, por lo cual no se sabe a ciencia cierta el valor real actual. "Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros", señalan  voceros del sector.

Es más, un informe elaborado por Moody´s que analizó la performance de Distribuidora de Gas Cuyana, una de las nueve distribuidoras de gas del país, advierte que el sector ofrece un peligroso marco de volatilidad por la decisión del Gobierno de seguir controlando las tarifas.

El documento elaborado por la filial local de esta calificadora extranjera sostiene que las regulaciones oficiales para el segmento del gas se han vuelto más inciertas, afectando la evaluación crediticia de las compañías.

Según el documento, Moody´s estima que las subas tarifarias del gas que otorgará el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se encontrarán por debajo de la inflación y la variación en el tipo de cambio en el 2022.

La calificadora también apunta al Gobierno por la “discrecionalidad del marco regulatorio, la elevada incertidumbre sobre la evolución de las tarifas reguladas y la falta de políticas claras para el sector, que podrán continuar deteriorando la capacidad de pago de las compañías en los próximos 12 a 18 meses”.

Además considera que el proceso de actualización tarifaria es "errático e insuficiente" para garantizar una adecuada recuperación de costos y de nuevas inversiones.

"Existen actualmente dificultades regulatorias frecuentes relacionadas a los supuestos de costos de las compañías del sector que dificultan el planeamiento y la previsibilidad de los flujos hacia adelante", asegura la calificadora.

Para compensar ese deterioro en la capacidad de generación de flujo, Moody´s explica que las empresas aumentaron sus deudas comerciales por pagos a proveedores para cubrir las necesidades de financiamiento.

Por caso, desde Metrogas vienen advirtiendo que mientras la tarifa se mantenga en valores constantes, "esto continuará impactando negativamente en la sociedad, disminuyendo el flujo de ingresos y empeorando la actual situación económico-financiera".

Como mecanismo de protección, la compañía propiedad de la petrolera estatal YPF comenzó, en diciembre del año pasado, a pagar la mayor parte de la deuda por los acuerdos con los productores de gas contraída durante el 2019, además de iniciar negociaciones para saldar el pasivo generado por el gas entregado en junio, julio y agosto del 2020. A esta altura, la empresa pudo ya acordar con el 70% de los productores, cancelando varios de esos vencimientos de deuda.

Con respecto a su deuda bancaria, también puso en marcha un proceso de negociación, el 23 de abril pasado, con los bancos ICBC; Itaú Argentina y el Itaú Unibanco Nassau Branch para refinanciar la totalidad del capital cuyo vencimiento operaba en 2021, así como una reducción del costo financiero y la carga de intereses.

En el caso de las distribuidoras de electricidad la situación de Edenor y Edesur es similar ya que para cubrir sus costos se financian con Cammesa. Es decir, no le pagan a la compañía con control estatal encargada del despacho de electricidad la totalidad de lo que les factura por el costo de generación, sino que están en un nivel de cobrabilidad de 60%.

Pero, más allá del escenario financiero que sufren las concesionarias de los servicios públicos de gas y luz por una falta de sinceramiento tarifario, desde Alemania, Alberto Fernández defendió el modelo que aplica el Gobierno, al considerar que actualmente "se está subsidiando energía al 10% más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios".

También advirtió a los funcionarios de la alianza oficialista que no están de acuerdo con su mirada que se vayan del gobierno. Un mensaje directo a los referentes del kirchnerismo dentro del Ministerio de Economía; la Secretaría de Energía y los entes de control de la electricidad y el gas que rechazan la política oficial y piden encarar un proceso tarifario diferente, repitiendo el mandato recibido de parte de su jefa, la vicepresidente Cristina Kirchner.

De hecho, de las últimas audiencias públicas no participaron el secretario de Energía, Darío Martinez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y los interventores de los entes reguladores, Federico Bernal (Enargas) y Soledad Manin (ENRE), quienes responden a CFK  y manifestaron su desacuerdo con los futuros aumentos.