Corredores Viales S.A. es la empresa estatal de capital social cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas, que conduce el ministro Gabriel Katopodis, con un 51% de las acciones y la oficina de Vialidad Nacional, administrada por Gustavo Héctor Arrieta, con el restante 49% de los títulos.

La compañía que cuenta con 3.743 empleados se encarga de la gestión de diez corredores viales nacionales que, anteriormente estaban concesionados a empresas privadas, cerca de seis mil kilometros (6.000 km) de rutas, tiene el objetivo de preservar el patrimonio del Estado Nacional, gestionar de manera transparente los recursos públicos e innovar con tecnología aplicada a las mejores prácticas para la gestión, según explica su plan de acción aprobado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ahora bien, para cumplir con este cometido durante el presente ejercicio fiscal, deberá recibir ayuda financiera del Tesoro de manera urgente.

Serán 12.219.796.691 $ de acuerdo con el detalle publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de octubre.

Allí se estima que Corredores Viales tendrá ingresos en el 2022 por la explotación de 42 estaciones de peajes, la facturación por la explotación de las áreas de servicios y los rendimientos por actividades complementarias, cercanas a los 15.243.607.912 $.

Sin embargo, los gastos operativos van en aumento y provocarán el rojo en las cuentas de la empresa que se elevará hasta los 27.463.404.603 $. La diferencia será aportada por el Tesoro Nacional.

Pero, hay más malas noticias para este curso de acción, porque estos números aprobados en el décimo mes del año en curso fueron elaborados al comenzar el 2022 cuando las mediciones del INDEC de la inflación eran otras.

No se descarta, de esta manera, que los desembolsos que deberá realizar el Tesoro serán mayores por la desactualización que conllevan las planillas presentadas a la Secretaría de Hacienda por efecto del alza del costo de vida.

Por otra parte, las operaciones de Corredores Viales S.A.  han comenzado a ser criticadas por los usuarios que observan deficiencias en cuestiones de seguridad y operatividad.

Un tema que preocupa en las oficinas de Casa Rosada teniendo en cuenta la intención anunciada por el ministro Katopodis y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de reestatizar la operación de los accesos Norte y Oeste.

El tándem, Alberto Fernández-Gabriel Katopodis decidió hacer frente a la dupla -política-futbolera de Mauricio Macri- Florentino Pérez, en el expediente que se analizan los contratos por los Accesos Norte y Oeste.

La diplomacia del fútbol, muy activa en tiempos de la administración de Cambiemos, vuelve a estar presente para comprender las críticas señaladas públicamente por el Presidente y su ministro de Obras Públicas.

Macri y Florentino Pérez tienen una vieja amistad desde los años 90, que luego reforzaron cuando coincidieron como presidentes de Boca y el Real Madrid.

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Esta sintonía fina posibilitó que en el año 2018 se alcanzaran, rápidamente, acuerdos para renegociar el contrato de las concesiones de las autopistas de los accesos Norte  y Oeste con las compañías Autopistas del Sol S.A. y con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que vencían en el año 2020 y que la administración de Cambiemos decidió alargar hasta el año 2030.

Este hecho fue calificado como “inaceptable” por los abogados del Estado consultados por NA que responden al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, cuya función es la de asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicios y dirigir el cuerpo de abogados estatales.

El letrado consultado aseguró que “...lo expresado por el ministro Gabriel Katopodis es absolutamente cierto. Los contratos con Ausol y GCO son distorsivos y generaron un enorme daño económico al Estado y a los usuarios”.

Con respecto al perjuicio a los usuarios de los accesos, funcionarios de Vialidad sostienen que “...según los contratos rubricados con Albertis, la empresa central de Florentino Pérez, en algunos peajes los automovilistas deberían estar pagando cerca de 1.800 pesos para circular, por las obligaciones de actualización que figuran en el contrato”.

Un acuerdo catalogado de “escandaloso” por Alberto Fernández que aspira que el juez de la causa, Julián Ercolini, incorpore nuevas pruebas que aportará su gobierno para lograr la nulidad de los contratos.

A la declaración testimonial de la funcionaria de carrera, Julieta Lucila Ripoli, ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional que dio detalles de funcionarios macristas que llegaron a Vialidad, en ese tiempo conducida por Javier Iguacel, se sumarán pruebas contables que intentarán probar que "los decretos 607 y 608 del año 2018 permitieron un ajuste del 8% anual en dólares que le permitieron a las dos empresas concesionarias obtener una rentabilidad extraordinaria”.

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Los ex funcionarios de vialidad de Cambiemos sostuvieron que “los decretos tenían por objeto la cancelación de una deuda del Estado Nacional por montos superiores a los 2.000 millones de dólares entre las dos autopistas que hubiera terminado con un litigio millonario contra el Estado”.

“Les ofrecimos a las empresas extender el contrato hasta 2030 con el mismo sistema tarifario que había aprobado en su momento Néstor Kirchner. Les dijimos esto es lo que les podemos dar; si les sirve, bien, y si no, se sigue el juicio. Las concesionarias aceptaron eso y eliminamos un juicio de US$2.000 millones. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original”, explicó Javier Iguacel, actual intendente de la localidad de Capitán Sarmiento en la provincia de Buenos Aires.

El conflicto de intereses de funcionarios bajo sus órdenes en la oficina de Vialidad durante el anterior gobierno fue desestimado por Iguacel que, en declaraciones al diario La Nación, sostuvo, “...había personas que estuvieron trabajado muchos años atrás ahí, (en empresas concesionarias) es verdad, pero no tenían algún interés o algo como si lo tiene Pablo Moyano, porque estamos acostumbrados a gente así”.