La iniciativa de reconocer años de aportes por hijo le a las mujeres en edad de jubilarse es “valiosa” pero sólo tendrá un efecto “de corto plazo” y de alcance limitado en la cantidad de beneficiarias, en tanto no apunta a resolver “los problemas estructurales del sistema previsional”, en el que se reproducen las desigualdades del mercado laboral activo.

Así lo sostuvo el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en un análisis elaborado por su director de Protección Social, Rafael Rofman, y la coordinadora de Proyectos de Protección Social, Luciana Petrone, en el que concluyeron que el nuevo régimen sólo sería adecuado para el grupo de mujeres con “trayectorias laborales fragmentadas”, que representa aproximadamente el 30% del total en edad para jubilarse.

El “Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado”, presentado el 13 de julio por el presidente Alberto Fernández en un acto en Lomas de Zamora, es una iniciativa “valiosa”, consideraron los investigadores, pero a la vez “una medida de corto plazo, que difícilmente resuelva los problemas estructurales del sistema previsional”.

En ese sentido, precisaron que “el sistema previsional está íntimamente ligado al mercado laboral, y las desigualdades en la edad activa se reproducen en la de retiro”, en especial en el caso de “una población particularmente vulnerada en el mercado de trabajo: las mujeres”.

Al respecto, indicaron que presentan “menores tasas de participación laboral y empleo que sus pares varones, mayores tasas de desocupación e incidencia de la informalidad, y están sobrerrepresentadas en puestos de menor jerarquía y en sectores menos dinámicos”.

“Estas brechas se vinculan con la feminización de las tareas domésticas y de cuidados, así como con normas sociales de género y estereotipos, y se traducen en inequidades dentro del sistema previsional”, agregaron.

El requisito de contar con 30 años de servicios registrados y 60 años de edad excluye a muchas mujeres de la posibilidad de jubilarse, “porque suelen disminuir (o en el extremo, eliminar) su participación laboral para hacerse cargo de las responsabilidades de cuidado de sus hijos/as en el hogar”, señalaron Rofman y Petrone, quienes resaltaron la importancia de “la inclusión de la perspectiva de género en el análisis del sistema previsional”.

El flamante programa reconoce un año extra por cada hijo con discapacidad y dos años más para quienes percibieron la Asignación Universal por Hijo por al menos 12 meses.

Tres grupos

Los investigadores del CIPPEC identificaron “tres grupos arquetípicos” entre las mujeres en edad para jubilarse:

1.- Las que tienen carreras laborales consolidadas en el mercado formal y capacidad de tercerizar el cuidado, ya sea a través del acceso a servicios en el mercado o redes familiares de cuidado.

2.- Aquellas con carreras laborales fragmentadas y/o inserciones laborales precarias, dificultades de inserción y menos posibilidades de tercerizar el cuidado.

3.- Las mujeres con participación nula o muy baja en el empleo formal, que dedicaron muchos años de su vida exclusivamente a dar cuidados a su familia o se insertaron en el mercado laboral informalmente, apoyadas en servicios de cuidados informales brindados por familiares o la comunidad.

“La mayor parte de las mujeres en edades cercanas a la jubilación están en el tercer grupo, con trayectorias laborales más precarias”, indicaron, al tiempo que señalaron que “a junio de 2020, más de un 60% de las mujeres de 55 a 59 años de edad tenían entre 0 y 5 años de aportes al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)”.

En cuanto al primer grupo, con más de 20 años de aportes, representa apenas algo más del 10%, mientras que el grupo intermedio incluye al restante 30%, con entre 5 y 20 años de servicios registrados.

Rofman y Petrone consideraron que el nuevo programa tendría escasa incidencia en el primer grupo, “ya que  la mayoría llegaría a la edad de retiro con aportes suficientes para acceder al régimen general”, así como en el tercero, porque aun con la ampliación en la compensación “no llegarían a los 30 (años de aportes) mínimos requeridos por el régimen general”.

“La propuesta parece entonces más relevante para el segundo grupo, compuesto por mujeres con trayectorias laborales fragmentadas para las que la diferencia en años de aportes para alcanzar el régimen general no es tan elevada”, evaluaron.

Los investigadores del CIPPEC remarcaron que “este grupo representa un porcentaje relativamente bajo del total de las mujeres en edad de retiro”, más allá de que la iniciativa “tendría resultados valiosos en esa población”.

Como se trata de un programa que, en el mejor de los casos, abarcaría a un 30% del total de mujeres en edad de jubilarse, Rofman y Petrone sostuvieron que “es posible que no se trate de la herramienta más efectiva para responder a las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a beneficios previsionales bajo el régimen general, al tiempo que puede generar otros efectos no buscados”.

“La incorporación de nuevas normativas debería enmarcarse en un debate más general acerca del rol del sistema previsional como política pública y la necesidad de generar incentivos y oportunidades para aumentar la participación laboral y formalidad de las mujeres”, subrayaron.

Al respecto, manifestaron que “una evaluación final del diseño de la política requiere contar con un análisis detallado sobre su forma de aplicación, período de vigencia, vínculo con otras medidas existentes y el impacto sobre otras dimensiones relevantes de los sistemas previsionales, como la sostenibilidad y equidad del sistema”.

“Es necesario dar lugar a una discusión transparente e informada, con participación parlamentaria y acceso a más información sobre sus perspectivas de implementación”, finalizaron.