El gobierno está llevando adelante una difícil negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Hay, por un lado, una fuerte presión del organismo internacional para que la Argentina aplique un plan de ajuste y, por otro, está la posición de nuestro país, que asegura que no existe la mínima posibilidad de que ello ocurra. Por el contrario, el gobierno insiste en que la Argentina necesita, entre otras medidas como la eliminación de las sobretasas, un periodo de gracia suficientemente prolongado durante el cual la economía se siga recuperando, el país crezca, ese crecimiento produzca un aumento de los ingresos fiscales y, entonces, podamos ir pagando sin ajustar y sin someter a más padecimientos a los argentinos y las argentinas.

El ministro de Economía Martín Guzmán lo sintetiza del siguiente modo: “La Argentina tiene la oportunidad de continuar su recuperación sin la carga de una deuda insostenible. La Argentina necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes”. Y agregó: “si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y la credibilidad del programa de apoyo”.

La deuda que contrajo la Argentina no es sólo tremenda en el monto, sino también en los tiempos en los que el gobierno anterior se comprometió a devolverla. ¿Qué hay que hacer? Renegociar en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, no aceptar propuestas que impliquen recortes en los presupuestos de Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, Obras Públicas, Ambiente, entre otras áreas. Porque eso significaría afectar el bienestar de la ciudadanía.

Además, el Gobierno actual fue electo en 2019 con un programa que no contemplaba la posibilidad de ajustes. Entre otras medidas, proponía una reforma impositiva que fuera progresiva y que hiciera que quienes más tienen aporten más y quienes menos tienen aporten menos, en el marco de un proyecto de crecimiento con la gente adentro.

La Argentina propone llegar a un buen acuerdo con el FMI, no necesariamente a un acuerdo rápido. Hay malos antecedentes de esto último: uno de ellos fue cuando el gobierno de Mauricio Macri llamó al juez Griesa y le preguntó: “¿Cuánto le debemos?”. Le dijeron la suma, pagó y se terminó la deuda. Arreglaron con los fondos buitre en cinco minutos. Pero eso no fue negociar: eso fue hacer exactamente la voluntad del otro. Hacer lo que el otro quiere es lo opuesto de cualquier negociación.

Por el contrario, el gobierno nacional negocia y, como dijimos, no llega todavía a un acuerdo porque no está aceptando el ajuste que el FMI le pide aplicar. Si cediera a todo lo que le pide el organismo internacional, el acuerdo llegaría de modo inmediato. Pero los tiempos se extienden porque persisten posturas enfrentadas.

Por supuesto, la oposición de Juntos por el Cambio no está de acuerdo con el punto de vista de la administración actual. Tiene una visión diferente del país y del modo de organizar la sociedad. Para ellos hay que reducir el gasto público, achicar el Estado, ajustar y que cada individuo, según sus capacidades, se haga cargo de su propia vida.

En febrero de 2021 el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. La norma establece que tanto el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción, como los acuerdos futuros con el FMI requieren aprobación del Parlamento de la Nación. La norma fue sancionada casi por unanimidad con 233 votos a favor, 2 votos negativos y 2 abstenciones.

En aquella oportunidad, el ministro de Economía sostuvo: “Esta ley cuida a nuestra Argentina. Desde hoy, todo acuerdo con el FMI o endeudamiento externo con títulos públicos deberá ser aprobado por el Congreso y debatido de frente a la sociedad. Evitar las crisis de deuda que condicionan el futuro de nuestra gente es política de Estado”.

En mi intervención, como uno de los miembros informantes del proyecto, afirmé que la norma “es un gran paso para ir consolidando y afianzando la institucionalidad. Va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país, en lo que tiene que ver con el endeudamiento”.

A su turno, el diputado Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, sostuvo: “nosotros no podemos avalar o no un determinado programa con el Fondo Monetario Internacional que incluye de por sí una estrategia de política económica porque no formamos parte del Poder Ejecutivo y porque además somos la oposición, que tenemos otras ideas en materia de política económica”.

Está claro: a partir de esta definición, tienden a oponerse a todas las iniciativas del gobierno, incluso a aquellas que intentan resolver problemas que generaron ellos cuando gestionaban.

¿Qué hizo el gobierno ante esta recurrente posición negativa de la oposición? Con vocación federal y democrática llamó a todos los gobernadores para informarles el estado de las negociaciones complejas con el FMI, cuyos resultados van a influir decididamente sobre el futuro de todos los argentinos y las argentinas. Para fortalecer el punto de vista argentino en la negociación con el Fondo, la gestión actual intenta construir un frente común con la oposición. Pero esta última, a pesar de ser la responsable de contraer una deuda externa enorme, entre otras tantas calamidades, lejos de ayudar a quienes ahora gobiernan, hace todo lo contrario: por ejemplo, parece estar más cerca de los enfoques de los acreedores que de los planteos que defiende la Argentina.

La posición del gobierno argentino tiene apoyos diversos. Por un lado, legisladores norteamericanos demócratas le demandaron a la Reserva Federal que escuche los planteos de los países endeudados; por otro, un equipo de abogados del Centro de Investigación Social dependiente de la London School of Economics presentó un análisis jurídico en el que describe las condiciones absolutamente irregulares en las que se le dio el crédito a nuestro país. En la misma línea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un claro respaldo a la Argentina, manifestó durante la semana: “Que asuma el Fondo Monetario Internacional su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina. Y que no quiera ahora ponerle condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al gobierno argentino si aplica esas medidas que le está recomendando el FMI. ¿Por qué no, con honestidad, con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior más allá de lo razonable? Porque por razones políticas querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones”.

La Argentina negocia con firmeza y con dignidad. No trabaja con la alternativa de no pagar, trabaja con la alternativa de no ajustar.

(*) Carlos Heller es diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario