Domingo, 09 Mayo 2021 11:15
Por Pablo Adreani

Muchas amenazas sobre el biodiésel

El debate sobre la ley de Biocombustibles ya tuvo lugar en la Cámara baja, pero en vez de analizar el proyecto de prórroga que ya tiene media sanción en el Senado, se lo hizo alrededor del enviado por el oficialismo, que propone un porcentaje de corte menor al actual de los combustibles fósiles por renovables.

Una planta productora de biodiésel. Una planta productora de biodiésel. NA.

Los mercados se debaten entre la presión alcista de Chicago y la bajista de las amenazas de funcionarios públicos, como el caso de la Secretaría de Comercio Interior, que advierte sobre aumentar retenciones, y algunos diputados del oficialismo, que pretenden modificar la Ley de Biocombustibles.

Los funcionarios deben satisfacer las necesidades de toda la sociedad, generar condiciones para una mayor demanda laboral y el desarrollo sustentable de las empresas.

En pocas palabras, generar condiciones para el crecimiento y desarrollo económico del país.

Sin embargo, lo que hacen es tratar de modificar lo que ya está hecho, lo que está funcionado bien y, lo que es más serio todavía, no miden las consecuencias ni les interesa el daño que causan con las medidas que toman, o en algunos casos quieren imponer.

Es el caso de la Ley de Biocombustibles, cuyo plazo de vencimiento era el próximo 12 de mayo, pero se prorroga.

Ya tuvo lugar en la Cámara baja el debate sobre biocombustibles, pero en vez de analizar el proyecto de prórroga que ya tiene media sanción en el Senado, se lo hizo alrededor del enviado por el oficialismo, que propone un porcentaje de corte menor al actual de los combustibles fósiles por renovables.

En el encuentro participaron numerosos representantes del sector productivo, que en su mayoría mostraron un rechazo a la propuesta e insistieron en que el interés del sector es que se prorrogue el régimen actual.

Hace unas semanas, la oposición convocó a una sesión especial para tratar el asunto, pero fracasó por falta de quorum del oficialismo.

Veamos que hacen otras naciones. En primer lugar hay que destacar y dejar bien en claro que todos los países que utilizan biocombustibles lo consideran una política de Estado.

Así lo consideran los gobiernos de los grandes productores de aceite vegetal, implementando legislaciones para promover su uso interno.
En el caso de Indonesia, está autorizado el B30.

Esto quiere decir que pueden cortar con hasta el 30% de biodiésel el combustible. En el caso de Brasil, el B15 va a regir a partir del 2023.

Además, hay que considerar las medidas proteccionistas promovidas en Europa y los Estados Unidos, que tienen como objeto defender su industria nacional sustituyendo importaciones y agregando valor localmente.

A diferencia de otros países, la Argentina tiene la gran ventaja de ser el principal país exportador de harina de soja y aceite de soja.

Además, nuestro complejo agroindustrial es la principal fuente de divisas del país. Ser el principal país productor y exportador de aceite de soja nos permite ser flexibles a la hora de orientar las exportaciones hacia el aceite crudo o al biodiésel.

Las exportaciones de aceite de soja representan casi el 50% del comercio mundial. Además, en los últimos años tuvimos dificultadas para poder vender aceite de soja a China, pues cerró sus exportaciones en 2010, y nuestros compradores quedaron limitados a pocos países (India, Bangladesh, Sudamérica).

La Argentina tuvo la oportunidad de poder transformar esos excedentes de aceite de soja en Biodiésel, y de esta forma se trató de evitar el derrumbe de los precios de nuestras exportaciones.

La producción de Biodiésel no afecta la de aceite refinado para el mercado interno, pues el consumo interno de aceite de soja es de apenas el 6% de lo que producimos. Un 28% se consume como Biodiésel y un 66% se exporta como aceite crudo.

Argentina es el único país fabricante de biocombustibles donde los productores no compiten entre sí para colocar su producción.

Se considera fundamental abrir un tramo del mercado de biocombustibles a la competencia -manteniendo una proporción del corte para las pymes existentes- que podrían competir entre sí.

Esto sería una mejora en el programa de biocombustibles para hacer más eficiente la cadena, incentivar inversiones y hacer menos oneroso el programa para el consumidor.

Por otra parte, evitaría la discrecionalidad del Estado definiendo precios y cuotas, y la discriminación a los productores más eficientes, de modo que puedan vender a mejor precio.

Bajar el corte obligatorio de combustibles fósiles con Biodiésel o etanol no solo sería ir contra la tendencia mundial en la materia, sino que sería primarizar aún más nuestra producción agroindustrial, provocando desinversión y desempleo, y aumentado la contaminación de nuestro medio ambiente.

El gobierno, los funcionarios y todos aquellos empleados públicos que están al frente de las decisiones de Estado, deben tomar conciencia de que su responsabilidad es generar las condiciones para que el país crezca, no solamente desde el punto de vista de la recaudación, sino desde el punto de vista de la generación de empleo, la promoción de inversiones, consolidando el crecimiento del consumo interno y apoyando las exportaciones agroindustriales.

No se comprende, y cuesta mucho admitir, que los funcionarios tomen decisiones que van contra los intereses de un sector como el de biocombustibles, con sólidas y cuantiosas inversiones en capacidad de procesamiento instalada, apostando en su momento a un futuro de país más inclusivo hacia el capital de inversión a riesgo.

(*) - Pablo Adreani es consultor en agroindustria.
Escrito por Noticias Argentinas
Buenos Aires, NA