El concurso de quiebra iniciado por Molino Cañuelas se suma a las iniciadas por la cerealera Vicentin, la compañía Garbarino y otras cadenas comerciales.

Es una evidencia, en primer lugar, que la crisis financiera que irrumpió en 2018 está muy lejos de haber concluido. Se asemeja como dos gotas de agua al default del Estado argentino, que ha acumulado una deuda pública de 400 mil millones dólares.

En ambos casos, es el resultado de la anarquía que caracteriza por definición a la economía de mercado, que se ha acentuado como consecuencia de la volatilidad de los movimientos de capital financiero.

La deuda pública de los estados nacionales es equivalente a 400 billones (millones de millones) -cuatro veces el PBI mundial-. El sector privado de Argentina tiene una deuda internacional de 100 mil millones de dólares, lo cual no es moco de pavo.

La devaluación del peso, a partir de la devaluación de abril de 2018, produjo pérdidas significativas a numerosos capitales, entre ellos la alimenticia Arcor y la azucarera Ledesma.

A la vista de esto, las diatribas que se dirigen al sobreendeudamiento del sector público de Argentina, pretenden disimular una crisis de conjunto del capitalismo mundial y la necesidad de descargar las consecuencias de esta crisis en los trabajadores. Nadie goza del derecho, entre estados y capitales, a tirar la primera piedra.

De acuerdo a la información conocida, Molino Cañuelas colocó deuda y acciones para financiar una expansión que veía apetitosa por una circunstancia económica y otra política -nada menos que por 1.300 millones de dólares, casi lo mismo que su predecesora Vicentin-.

La primera circunstancia era la expectativa de un mayor aumento de los precios de los alimentos en los mercados nacional e internacional; la segunda fue la emergencia del gobierno de Mauricio Macri, que ofrecía garantías políticas al capital internacional, como lo demostró el paso por Buenos Aires de los jefes de Estado de todas las potencias capitalistas.

Como dijo el ex presidente, “pasaron cosas”. Las cosas que pasaron fue una suba de la tasa de interés internacional, que ahuyentó precisamente a esos capitales volátiles, y el temor a una recesión interna como consecuencia de las altas tasas de interés reales que impuso Federico Sturzenegger desde el Banco Central. La devaluación que siguió a estas peripecias hizo impabable una deuda contraída en moneda extranjera.

El concurso de Molino Cañuelas se parece, de nuevo, al concurso que tiene ocupado a Martín Guzmán con el FMI. Los acreedores no han aceptado la oferta de la empresa para reestructurar su pasivo y ajustar personal -tampoco se logró todavía con Vicentin-.

La razón es que dudan de las cuentas que ofrece el deudor, como ocurre con las dudas del FMI con las de los Fernández. Vicentin ha vendido una empresa de su conglomerado a la multinacional Glencore -el FMI reclama la venta de terrenos fiscales para alimentar la especulación inmobiliaria-.

En la lista se encuentra Costa Salguero, los terrenos de Boca en la Costanera, el barrio de Boedo y la zona sur porteña, en lo que respecta a CABA. En todas las provincias ocurre lo mismo, como se observa en el incesante desalojo de los vecinos sin vivienda que ocupan terrenos. La joya de la corona es la Patagonia, el ‘lugar en el mundo’ de Macri y de los billonarios norteamericanos.

Este remate, luego del que liquidó el patrimonio estatal bajo Carlos Menem, es lo que acaba de reclamar Paolo Rocca, la cabeza de Ternium, en el Día de la Industria.

En un mundo abarrotado de acero, el ítalo-argentino ponderó las ventajas del desarrollo de la construcción para su industria, entendiendo a los edificios en torre, no a lo que demandan los vecinos que ocuparon terrenos en Guernica.

La industria de Rocca está ampliamente diversificada –en Brasil, México, Estados Unidos, la Unón Europea–, de modo que puede mover sus inversiones de un lugar a otro, sin preferencias por ninguno. O sea que, en una Argentina en crisis, saca de aquí lo que manda allá.

Esto vale especialmente para los tubos para oleo y gasoductos: por eso reclama reactivar Vaca Muerta, o sea que insiste en subsidios, porque el ‘fracking’ en Neuquén no tiene precios internacionales que compensen los costos.

Molino Cañuelas se quiere salvar como lo hace Techint, a costa del Estado, es decir los contribuyentes, o sea los trabajadores.

En su caso, al igual que Vicentin, a expensas del Banco Nación, su acreedor principal. Se le exige también que desguace parte de la empresa –destrucción de empleos– y reforma laboral -mayor flexibilidad y salarios más bajos-.

¿No es un calco de lo que exige el Fondo? Por eso Rocca reclamó un rápido acuerdo con el FMI, en línea con lo que vienen planteando Máximo Kirchner y Sergio Massa, que seguramente ‘conversaron’ esto antes con el patriarca.

El costo de esta reestructuración de un capitalismo quebrado es muy oneroso para una nación con 50% de pobres, cuatro millones de desocupados y subocupados, una jubilación mínima de 26 mi pesos y un salario mínimo de 28 mil -el 20 por ciento del costo de una canasta familiar-.

El Gobierno, la oposición y las patronales tienen toda la intención de seguir adelante -como Jair Bolsonaro-. En Brasil acaba de recibir media sanción un proyecto de ley que elimina las vacaciones pagas, el aguinaldo y el pago especial de horas extras. Por otro lado, la policía militar ha sido convocada por el presidente a desfilar el próximo 7 de septiembre, con una proclama claramente golpista.

La advertencia a los trabajadores es clara: nos enfrentamos a luchas decisivas. Es necesaria la organización y una perspectiva propia de poder.

(* - Jorge Altamira es precandidato a diputado nacional por la lista 322, Política Obrera, en la provincia de Buenos Aires).