El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, recibieron esta tarde a los representantes de la Mesa de Enlace para anunciar los detalles del paquete de medidas que prometieron para aliviar los efectos de la sequía.

Participaron de la reunión Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Guillermo Michel, titular de la Administración Nacional de Aduanas (ANA); y Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación.

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Entre las medidas más relevantes anunciadas por el Gobierno, se encuentra el alivio tributario, que fuera uno de los ejes centrales entre los pedidos del sector agropecuario.

Se determinó la suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias para todos aquellos productores con dificultades por la emergencia.

Asimismo, fuentes del ministerio de Economía afirmaron que el procedimiento de control que llevará adelante la AFIP, pondrá el foco en aquellos que cuenten con más de $50 millones declarados de ganancia en el 2022.

“Esto es a los efectos de que el pequeño productor no tenga miedo de plantear el pedido de emergencia con la idea de que después viene la AFIP y revisa los números”, indicó Castagneto en conferencia de prensa.

Por otro lado, la AFIP confirmó la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados que se presenten a solicitar el procedimiento de emergencia.

“Hubo un proceso en el último trimestre del año pasado de venta forzosa de hacienda que generó que haya productores que malvendieran sus cabezas de ganado. Entonces, vamos a hacer, en el caso de la venta forzosa de hacienda, la no incorporación para el cálculo del impuesto a las Ganancias. Hay 4.200 productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina que se van a ver beneficiados con esta medida”, informaron desde la entidad.

Para ello, el organismo conducido por Castagneto llevará adelante un proceso de capacitación y acercamiento con los productores a los efectos de facilitar y agilizar el trámite para la obtención del certificado que avala la situación de emergencia.

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En cuanto al sistema financiero, indicaron que se procederá a la refinanciación de los pasivos bajo las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados, al tiempo que serán prorrogados por el plazo de 12 meses.

“Los principales beneficiarios de esta decisión del Banco Nación serán pequeños productores, con unidades de menos de 500 hectáreas y aquellos con menos de 150 cabezas de ganado”, expresó Batakis.

Adicionalmente, se abrirá una línea de crédito específica por un total de $20.000 millones que tendrá una tasa subsidiada del 49,5% y plazo de gracia de 1 año que se mantendrá “siempre y cuando siga la emergencia agropecuaria”, aseguró la funcionaria e indicó que también se incorporarán líneas de crédito para financiar importaciones y exportaciones “a tasas accesibles”.

Según estimaron desde el Poder Ejecutivo, “se trata de un paquete que implicará una inversión de $65.000 millones”.

En relación con las disposiciones del Banco Central, se derogará una resolución que incrementaba la tasa de interés para los productores de soja que accedían a un crédito, situación que formaba parte de los reclamos de las entidades agropecuarias.

Por otra parte, se desarrollará un fondo rotatorio que consiste en un sistema de asistencia de $5.000 millones renovable. El mismo será articulado directamente a través de las provincias y los municipios para tener instrumentos de asistencia directa a cada uno de los productores afectados por la sequía.

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Asimismo, se agregarán 15 puntos porcentuales de subsidio de tasa para acompañar al productor que deba tomar crédito con una reducción de la tasa de interés.  La línea de crédito será de $ 50.000 millones por parte del Banco Nación para productores alcanzados por la emergencia a lo largo y a lo ancho del país.

Respecto a la Ley de Emergencia Agropecuaria, el Gobierno anunció que se firmaron algunos acuerdos en la provincia de Buenos Aires, y a su vez se puso en marcha la homologación de convenios en la provincia de Entre Ríos.

Cabe recordar que las entidades del campo le habían solicitado a Massa, en la reunión que se llevó a cabo el pasado 20 de enero, el análisis de esta Ley que divide las situaciones en emergencias (cuando el daño a los cultivos o stocks es de más del 50%) y en desastres (cuando el daño es superior al 80%). En este sentido habían solicitado que también puedan recibir beneficios aquellos productores con daños inferiores al 50%.

“Todas estas medidas representan un enorme esfuerzo del Gobierno Nacional, pero es el resultado del trabajo de distintas áreas del Gobierno en la mesa de diálogo y de trabajo con las cuatro entidades de la Mesa de Enlace más dos entidades que también representan a los productores. Que de la mesa del diálogo y del trabajo podamos sacar resultados en la emergencia es muy importante”, señaló Massa.

“Para el Gobierno el campo es un actor central de la economía, no solamente a la hora de ayudarnos a consolidar exportaciones y ser jugadores centrales en la política alimentaria global sino también a la hora de discutir la problemática y tratar de tender una mano y usar todas las herramientas que tiene el Estado cuando nos encontramos con productores agropecuarios en dificultades. Tal vez no es todo lo que pedían, lo sé. Esto es lo que podemos en este momento. Entendemos que es contundente en términos de impacto para nuestros productores y productoras agropecuarios”, concluyó el ministro de Economía.

Por su parte, los representantes de la Mesa de Enlace se mostraron conformes ante las medidas tomadas por el Gobierno, aunque reconocieron que hubo puntos que quedaron fuera del anuncio. Tal es el caso de la suspensión de las retenciones de IVA y la disposición del Banco Central que prohibió a los productores que no hayan vendido más del 95% de su cosecha acceder a programas de beneficios con créditos a tasas bonificadas.

Asimismo, instaron a los Gobernadores de las provincias que aún no realizaron la solicitud del estado de emergencia, que las mismas sean homologadas para abarcar a un mayor número de productores.