La pobreza llegó al 47,2% en el segundo trimestre y puso en evidencia que la asistencia del Estado a lo sectores vulnerables en medio de la pandemia resultó "insuficiente", por lo que se torna necesaria la implementación de una "renta básica universal para la emergencia", en un contexto de "estancamiento de las jubilaciones y pensiones y los retrasos salariales".

Así lo sostuvo el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) en una investigación realizada por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, Agustina Haimovich y Ana Rameri, en el que el funcionario nacional no se priva de realizar críticas a la política social del Gobierno.

El IPPyP forma parte del partido Unidad Popular, del que Lozano es uno de los principales referentes junto al ex líder de la CTA, Víctor de Gennaro, y habitualmente realiza un estudio más detallado de la pobreza, con divisiones trimestrales en vez de las semestrales que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esa manera, puede comprobarse si la situación socioeconómica mejora o empeora a lo largo de los 180 días considerados por el organismo oficial, ya que si en el segundo trimestre hubo un porcentaje mayor de pobreza que en el primero, se indicaría un deterioro dentro del semestre.

En consecuencia, el 40,9% informado por el INDEC para todo el semestre tuvo un agravamiento sobre el final del período, al punto que para el IPPyP la tasa de los últimos tres meses fue de 6,3 puntos porcentuales más.

"En solo un trimestre hay 5 millones de pobres más y dos millones de indigentes más", indicaron al respecto Lozano, Haimovich y Ameri, para quienes "el hundimiento de las condiciones de vida de la población en un período de tiempo extraordinariamente breve hizo retroceder 17 años en el tiempo para ubicarnos en un escenario similar al experimentado unos meses después de la última gran crisis ocasionada por la salida de la convertibilidad".

Los investigadores remarcaron que "no puede comprenderse la magnitud del empobrecimiento del segundo trimestre 2020 sin considerar el contexto de la pandemia a escala mundial y los efectos de la única medida efectiva para el cuidado de la salud de la población, la cuarentena, hasta tanto no se descubra vacuna o tratamiento adecuado".

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Lozano dice que la pobreza fue del 47,2% en el segundo trimestre y reclama una "renta básica universal para la emergencia"

Asimismo, resaltaron el "salto de calidad en materia de política de ingresos" que representaron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

"No obstante los esfuerzos fiscales realizados, las cifras de pobreza y hambre dan cuenta que actualmente estamos orillando el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y a pesar de los refuerzos alimentarios (a través de la tarjeta Alimentar) el hambre afecta al 12%".

Para los investigadores del IPPyP, entonces, "es inevitable entonces concluir que, si bien la intervención del gobierno fue activa, esta fue insuficiente".

Al respecto, señalaron como una de las "limitaciones más importantes" que el IFE tomó un "carácter bimestral" que convirtió de hecho la transferencia de $10.000 en $5.000 mensuales, valor que "apenas cubre una porción muy mínima de una canasta básica familiar, cerca del 10%".

"Por otra parte, el diseño de ampliación focalizada que adquirió el programa terminó por dejar afuera a una parte importante de población que incluso denotaba inserciones laborales informales o precarias".

Por otra parte, "el estancamiento de las jubilaciones y pensiones y los retrasos salariales agravan aún más la condición de ingresos de la población configurando una demanda por demás debilitada e incapaz de motorizar un proceso de recuperación de la actividad económica".

En ese contexto, el IPPyP señaló como "curioso" que "el gobierno haya descartado la alternativa de garantizar ingresos al conjunto de la población por la vía de transferencias universales, ya que incluso de producirse una eventual salida de la pandemia, el problema sanitario terminaría, pero la pobreza queda".

"Es preocupante que en el proyecto de ley del Presupuesto para la Administración Pública Nacional del año 2021 se asuma la detracción de los refuerzos brindados por el Covid-19", puntualizó la entidad que, al contrario de lo que parece encarar el Gobierno, propuso "pararse sobre la novedad que resultó ser el IFE para robustecer su alcance y mejorar la calidad de la contención social brindada por el estado".

En consecuencia, Lozano, Haimovich y Ameri finalizaron su análisis proponiendo "con mayor énfasis" el establecimiento de "una renta básica universal para la emergencia".

Ese instrumento, al que postulan extenderlo para después de la pandemia, estaría compuesto por "un salario universal y la asignación por hijo", de manera que "permita conformar un umbral de dignidad social, un piso salarial efectivo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y darle impulso al mercado interno para que ponga en marcha la capacidad ociosa y reactivar la economía".