Los subsidios del Estado nacional a diferentes sectores económicos alcanzaron en los primeros nueve meses del año a $522.414,2 millones, de los que el 46,4% tuvo como destino la compensación a las distribuidoras de energía eléctrica, de acuerdo con el informe dado a conocer por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

De esta forma, el gasto destinado a subsidiar a empresas públicas y privadas representó en los primeros nueve meses del año el 75,7% del déficit financiero, pero también un 155,8% más que el desbalance primario (sin incluir el pago de intereses de la deuda), según el último informe de la entidad.

El grueso del pago de subsidios es la contracara del congelamiento de tarifas, ya que representan la compensación que el Estado nacional le otorga a las empresas que prestan diferentes servicios públicos para cubrir la diferencia entre costos y tarifas.

Al respecto, un reciente informe reveló que el pasaje de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires representó el junio -a raíz de la caída de usuarios por la cuarentena- sólo el 9% de los costos operativos, de lo que se desprende que la supresión de los subsidios en este caso implicaría elevar la tarifa del recorrido mínimo a por lo menos $220.

El incremento interanual de los subsidios fue del 112,6% y marca una interrupción de la tendencia descendente de los últimos meses, desde el aumento del 144,1% que hubo en el acumulado de los primeros cinco meses.

La política de subsidios generalizados comenzó en 2002, luego de la renegociación de contratos que estaban dolarizados durante la vigencia de la ley de Convertibilidad, y con el transcurso de los años pasaron a tener un peso en el resultado fiscal que en varios períodos fue superior al déficit primario y, en algunos, también al financiero.

Esa situación se intentó equilibrar durante la Presidencia de Mauricio Macri, lo que tuvo como contrapartida un considerable aumento de las tarifas de los servicios de electricidad, gas y, en menor medida, transporte.

El propio gobierno de Cambiemos revirtió su política a principios de 2019, cuando dispuso un retorno al congelamiento de tarifas que aún continúa.

Al respecto, el secretario de Energía, Darío Martínez, adelantó que las tarifas del sector (gas y electricidad) dejarán de estar congeladas en 2021, aunque no dio precisiones sobre cómo se instrumentará el nuevo cuadro tarifario.

En los primeros nueve meses de 2020, las transferencias de carácter corriente (subsidios propiamente dichos), que constituyen la porción dominante ($505.624 millones), mostraron un incremento del orden del 122,4%, en tanto las destinadas a gastos de capital acumularon $16,790,2 millones, con un descenso interanual del 8,6%.

image.png
Los subsidios más que duplican el déficit primario y representan el 76% del rojo financiero

Las transferencias al sector energético volvieron a ser las principales con $331.887 millones, de los que $242.336,2 millones fueron para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que en su mayoría se derivan a las distribuidoras.

Otros subsidios del sector fueron para Integración Energética Argentina (ex ENARSA, $46.526,3 millones), al Plan de Gas No Convencional ($21.970 millones), al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural ($6.560,8 millones), a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($4.750 millones) y a Yacyretá S.A. ($3.368 millones).

Los subsidios al transporte totalizaron $86.731 millones, de los que $43.447,8 millones fueron dirigidos al Fondo Fiduciario del Sistema de Transporte Automotor (+87,6%), básicamente para compensar las tarifas de colectivos.

También se destinaron $42.795,9 millones al Transporte Ferroviario, canalizados a través de las empresas públicas Operador Ferroviario S.E. ($34.895,5 millones) y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A. ($3.293,5 millones) que tiene como objeto atender los gastos en personal de cinco de las siete líneas de ferrocarril.

Las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron transferencias por $13.853,8millones (+93,2%), con $8.225 millones para el Correo Argentino, $2.739 millones a Radio y Televisión Argentina y $1.055 millones a ACUMAR.