Los subsidios económicos tuvieron en 2020 un aumento récord: 125%

Los subsidios que el Estado nacional otorga a los sectores económicos alcanzaron en 2020 a $789.248,4 millones y tuvieron un incremento anual del 124,9%, el más alto que se haya registrado desde que comenzaron a implementarse en forma masiva en 2002, a raíz de la desdolarización de las tarifas con la finalización de la Convertibilidad.

Como la mayoría de esas transferencias tienen relación directa con el nivel de tarifas de servicios públicos como la electricidad, el gas y el transporte de pasajeros en colectivos y trenes, el dato constituye un desafío para el Gobierno en un año electoral, en el que al mismo tiempo intentará por un lado por lo menos mantener el poder adquisitivo de los salarios y por el otro reducir el déficit fiscal, que en 2020 alcanzó el nivel más alto de las últimas cuatro décadas.

Según los relevamientos que periódicamente difunde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el 124,9% de incremento en la factura de subsidios fue el mayor en términos porcentuales, superando al récord anterior de 92% de 2008.

La evolución de los subsidios fue en paralelo con las decisiones de los diferentes gobiernos que se sucedieron desde 2002 (Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández) respecto de uno de los principales dilemas económicos: cómo congeniar cuentas fiscales más o menos equilibradas con niveles tarifarios que no representen costos demasiado elevados para los sectores medios y bajos de la población.

“La respuesta es simple: no se puede”, admitió al respecto el economista Rafael Flores, ex presidente de ASAP y uno de los más conocedores de la cuestión, en alusión a una situación que las propias estadísticas dejaron en evidencia: si bajan los subsidios, suben las tarifas, pero si se procura que estas no crezcan, lo que aumenta son los subsidios.

Así, el repaso de los números de los últimos catorce años muestra que en los años en que se congelaron o se atenuó las alzas en las tarifas, los subsidios subieron en forma considerable, salvo en el caso excepcional de 2009, cuando por efecto de la recesión las transferencias (en especial la compensación a la importación de combustibles) tuvieron un aumento de apenas 6%.

Por el contrario, durante la Presidencia de Macri -en la que se registró el único caso de caída nominal, de 23,8% en 2007- tuvo como contrapartida aumentos significativos en las tarifas de luz, gas, agua corriente y, en menor medida, transporte público.

Pero el antecedente más remoto hay que buscarlo en 2003, cuando a pocas semanas de su asunción, el presidente Néstor Kirchner tuvo un recordado cortocircuito con su vicepresidente, Daniel Scioli, quien había declarado que “un país en serio” (slogan de la campaña de ese año) no podía seguir con un atraso tarifario que por entonces ya era evidente.

Ese mismo año, la Justicia frenó un incremento en las tarifas del gas que había dispuesto el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Ya en 2011, luego de su reelección, Cristina Fernández de Kirchner impuso lo que se denominó “sintonía fina” para adecuar las tarifas en forma segmentada, en el convencimiento de que había sectores de alto poder adquisitivo que estaban siendo favorecidos por los subsidios en forma similar a otros de menor capacidad económica.

No obstante, ese propósito quedó desactivado a los pocos meses, luego de que la tragedia de la estación Once del Ferrocarril Sarmiento dificultó el intento de ajustar las tarifas de transporte.

Los números de 2020

De los $789.248,4 millones girados por el Estado nacional en concepto de subsidios económicos, la mayor parte ($466.630,7 millones, el 59,12%) correspondió al sector energético, históricamente el más demandante de ese tipo de transferencias. De ese monto, $440.189 millones fueron para la atención de gastos corrientes y $26.441,7 millones para financiar gastos de capital.

El principal destino dentro de sector volvió a ser la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Con $323.078 millones y un aumento anual del 133%, destinados principalmente a las distribuidoras eléctricas.

Otros destinos de importancia fueron Integración Energética Argentina S.A, ex ENARSA ($46.526 millones, +7,8%), el Plan de Gas No Convencional ($40.044,7 millones, +60,4%), el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y a la Expansión de Redes de Gas Natural ($8.592,6 millones, +35,6%), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($7.050 millones, 11.709%) y Yacyretá S.A. ($3.368 millones).

Los subsidios al transporte totalizaron $134.162,5 millones (+$53.725 millones, +66,8%), de los cuales $70.411,3 millones fueron dirigidos al Fondo Fiduciario del Sistema de Transporte Automotor (+103,3%), en el que se concentran los subsidios a los colectivos.

El transporte ferroviario fue destinatario de $62.815,4 millones, canalizados a través de las empresas públicas Operador Ferroviario S.E. ($53.137,8 millones) y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A. ($4.270,8 millones) que tiene como objeto atender los gastos en personal de cinco de las siete líneas de ferrocarril.

También se cuentan las transferencias a la empresa privada Belgrano Cargas y Logística S.A. ($4.369,2 millones) y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($1.037,5 millones), en tanto que se destinaron $935,8 millones a otras empresas de transporte, incluyendo la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.A.

Las estadísticas oficiales no reconocen como subsidios los recursos girados a Aerolíneas Argentinas, por considerarlos “inversiones financieras”.

Las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron transferencias por $16.869,5 millones, $5.290 millones más que en 2019 (+45,7%), de las que $9.316,3 millones se destinaron a Correo Argentino, $3.680 millones a Radio y Televisión Argentina S.A. y $1.181,2 millones a ACUMAR.