En un año electoral, con un gobierno peronista, y en medio de una pandemia que provocó una caída brutal de la actividad productiva de la Argentina, los principales sindicatos se alinean en torno a las directrices que se leen en el Presupuesto Nacional aprobado para este año y que determina una proyección del alza del costo de vida del 29%.

El Presupuesto no es un plan económico pero si marca los objetivos que se plantea el equipo económico de la administración de Alberto Fernández para reducir gradualmente la inflación. Sin embargo, estos objetivos comienzan a ser puestos en entredicho ni bien comenzado el año. 

Luego de la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes del 2020 que observó una suba del 3,6% ya circulan informes privados de consultoras económicas que ubican a la inflación acumulada de los meses de enero, febrero y marzo en un 11,3%. Si eso ocurre, durante el primer trimestre del año se habría alcanzado un 39% de la inflación que propone el Presupuesto de Guzmán.

A pesar de estos primeros datos desalentadores en la lucha contra la inflación, que se ha convertido en el principal debate del gobierno nacional superando a los desacuerdos en torno a las relaciones con el Poder Judicial, Guzmán ratificó en un programa televisivo de LN, la meta del 29% anual de inflación redactada en el Presupuesto. Para alcanzar ese objetivo la indexación de los bienes debería ser menor al 2% mensual durante el resto del año para cumplir ese objetivo.

Para lograrlo, el titular del Palacio de Hacienda explicó que es un error extrapolar los datos de enero y febrero al resto de los meses del año y reiteró que el Gobierno ha dispuesto una depreciación del tipo de cambio cercana  al 24% que se concentra en los primeros meses del 2021.

Algunos datos de la economía real van en sentido contrario a estos objetivos. Los precios mayoristas arrancaron en enero con una dinámica elevada del 5,6% y se han registrado aumentos en el costo de la construcción, actividad que no fue esencial en el 2020 y que ha retomado las obras en los últimos meses, que pone presión en la evolución de los precios del conjunto de la economía.

Bebidas no alcohólicas y alimentos representan el dato mas preocupante porque volvieron a aumentar por encima del índice de precios que mide el INDEC y lo que más subió en febrero fueron las frutas y las verduras. Por otra parte, si se lee los  resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central, al consultar a varios centros de estudios económicos se observa una proyección de indexación de los precios del orden del 46,6% para el corriente ejercicio y de 39,6% para el próximo año.

Hasta el momento se han comportado como los alumnos más aplicados y considerados con la conducción del equipo económico. Los sindicalistas están presentes en las reuniones del Consejo Económico y Social y en aquellos encuentros que se realizan por rama de actividad y que comparten con empresarios. 

El año de la pandemia, 2020, los salarios perdieron la carrera contra el alza del costo de vida. El Gobierno planteó que en 2021 los salarios  aumenten más que la inflación proyectada en el 29%. 

Por ese motivo las paritarias han comenzado a cerrarse levemente por encima de esa cifra en torno al 32%. Los bancarios acordaron una suba del 29% en tres cuotas y acordaron revisiones salariales en septiembre y noviembre. El salario inicial, que incluye participación en las ganancias, de los bancarios representa una excepción por lo abundante en comparación con otras actividades laborales,  En enero, el salario inicial fue de $92.000 y para abril será de $101.000 mientras que para agosto será de $106.000.

Por ello, existe una gran diferencia a la hora de medir porcentajes de aumentos y salarios iniciales. En el caso de los panaderos ya existen reclamos para que el secretario general del gremio Gastón Frutos exija un básico de $60.000. "En estos momentos hay compañeros con 15 años de antigüedad que se hallan por debajo de la línea de la pobreza", señaló Gabriel Ruíz de la seccional de Panaderos de Lanús. Además agregó, "una familia necesita para vivir $ 56.459 pesos, los necesita  para no ser pobre. Un trabajador del sector no llega, según el convenio marco a $ 37.000 de bolsillo". Desde luego, explican que se pasará a la lucha sindical si no son atendidos estos reclamos.

La paritaria docente nacional también se cerró en los valores que hacen sonreír a Martín Guzmán. Finalmente se acordó un incremento del 32% en tres tramos y obtuvo uno de los pedidos más escuchados por los funcionarios. Que se incluya una cláusula de revisión si la inflación supera los valores acordados. 

El mismo aumento porcentual consiguieron los porteros conducidos por Víctor Santa María. Se trata de una suba que se otorgará en cuatro meses durante el año y que, según fuentes del mercado inmobiliario, permitirá una suba de las expensas de entre un 17% y un 20%. Como un caso testigo para el rubro eléctrico la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, que conduce Guillermo Moser, cerró el miércoles 3 de marzo, un entendimiento salarial con la empresa estatal Nucleoeléctrica que otorgó un aumento en cuotas de 29,5%.

Obras Sanitarias también firmó un aumento del 32% en cuatro tramos que van desde febrero de 2021 a febrero de 2022 y el gremio de José Luis Lingieri firmó una cláusula de revisión con la titular de Aysa, Malena Galmarini, prevista para el mes de noviembre. 

En Casa Rosada, NA consultó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, acerca de los recientes acuerdos y los que vendrán y explicó "las paritarias están todas en línea con lo que está expresado en el presupuesto. Ajustes en línea, con un 29%, o en algunos casos, llegan al 31% porque nuestro objetivo es que el salario le gane a la inflación por eso respetamos los acuerdos donde, hacia fin de año, se revisarán los  cumplimientos de este objetivo a través de la mesas paritarias".

A pesar de estos números en línea con las pretensiones presupuestarias de Martín Guzmán los sindicalistas miran el padecimiento de las bases cuando tienen que ir a un supermercado de cercanía y algunos de ellos realizan advertencias públicas. Fue el caso del metalúrgico Antonio Caló que señaló "estamos preocupados porque existe un desmadre de precios y el gobierno tiene que actuar para controlarlo".

Acerca de las reuniones con funcionarios y empresarios sostuvo "los sindicatos ponemos la mejor voluntad para que baje la inflación. La CGT y los gremios estamos de acuerdo con lo que había trazado el Gobierno nacional, que era el 29% de inflación y el 29% de los salarios más un 4% de aumento, pero en esta situación, como vienen enero, febrero y marzo, se puede desbordar", volvió a insistir.

Un poco de inflación es necesaria para la legitimación de los actores sindicales. Después de todo, gracias al aumento del costo de la vida, pueden ejercer su representación ante funcionarios y empresarios pero también saben que una inflación desbocada puede significar una crisis de proporciones mayúsculas que tendría un fuerte impacto en la esfera política electoral.