Los productores de cítricos están obligados a contratar en negro o a perder su producción
Las imágenes de limones y naranjas en el suelo de los campos de la meseta misionera son tan sólo un par de ejemplos de lo que ocurre con muchos productos echados a perder por la falta de mano de obra.
Ricardo Ranger, empresario pyme, de 59 años de edad, es productor de limones y naranjas en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones. Hace unos días realizó una denuncia, a través de los medios, que llegó hasta el despacho del ministro de Agricultura, Luis Basterra. Dejo que se echen a perder 1,5 millones de kg. de limones y 200.000 kg. de naranjas debido a la falta de mano de obra que recolecte los frutos de sus plantaciones.
En un país que tiene una disimulada tasa de desocupación que se eleva hasta el 10,2% y un nivel de pobreza que alcanza al 42% de las personas económicamente activas según datos oficiales del INDEC al primer trimestre de este año, cuando un productor agropecuario ofrece trabajo y buena paga, no consigue que casi nadie se presente a recolectar la cosecha de un determinado producto. Ocurre con los cítricos pero, también, con la yerba mate, el tabaco, la caña de azúcar, el té, el olivo, las cerezas, los frutos de carozo y el problema se extiende a otros rubros de la economía que necesitan mano de obra intensiva como la construcción.
La carencia de trabajadores no se produce por una situación de pleno empleo nacional sino porque los obreros prefieren no perder de cobrar los planes sociales que reciben del Estado nacional que se caen al minuto de ser dados de alta en la AFIP por la patronal. En ese sentido, buscan ser contratados en negro, a modo de "changas" para asegurarse los dos ingresos pero de ninguna manera van a renunciar a los subsidios que el Estado ha repartido desde el 2001 a la fecha y que, de una manera u otra, han alcanzado al 55% de la población que recibió alguna transferencia de dinero a través de un plan social u obtuvo asistencia alimentaria.
El resultado, en el caso misionero, las naranjas y los limones terminan en el suelo y se pudren porque hay empresarios que, ante el riesgo de tomar a un trabajador en negro, prefieren perder su producción y que no llegue al mercado ni a los consumidores. Una pérdida económica y de valor se lo mire por donde se lo mire.
El sector de las economías regionales, de la que tanto hablan los políticos cuando están en campaña, está compuesto por más de 30 complejos productivos y tiene una incidencia dentro de las explotaciones agropecuarias del 63%, constituidas, usualmente, por pequeñas y medianas empresas que dan vitalidad a los pueblos de cada provincia donde se asientan. Por ejemplo, según datos oficiales de comercio exterior, exportaron e ingresaron divisas al país por un total de 7015 millones de dólares en 2020, el año de la pandemia, y según los registros del Ministerio de Trabajo contrató al 70% de la mano de obra rural
Por ello, la proliferación de planes sociales a nivel nacional, ha generado una paradoja económica por la que es preferible, para el beneficiario de esos programas, no trabajar en blanco, con la debida cobertura social y previsional, y continuar con el “vivir de changas” típica de la economía informal para no perder los beneficios que los organismos nacionales pagan mes tras mes incrementando un colosal déficit fiscal.
Además, esta situación de difícil explicación del funcionamiento económico de nuestro país, conlleva un riesgo gigantesco que el empresario Ricardo Ranger quiso dejar en claro en el diálogo con NA.
“El riesgo que yo corro si llego a contratar a un cosechador en negro es inmenso. Si me hacen juicio por cualquier tema laboral, lo ganan. Imaginen si se llega a lastimar o sufrir un percance durante la labor de recolección en mi campo y no están en blanco, cubiertos por una ART. Le puedo asegurar que pierdo mi tierra, mi inversión, todo lo que logre con mi dedicación”.
Sin embargo, NA intentó comunicarse con otros citricultores para conocer si sufrían el mismo problema que usted y ninguna quiso contestar.
Seguramente, soy uno de los pocos que alzan la voz. Muchos se callan la boca y otros directamente deben contratar en negro para no perder toda la cosecha. Suele suceder con la yerba mate en Misiones pero también con la industria de la construcción en ciudades como Mar del Plata. Y, esto lo comento, porque estoy trabajando con la CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que ha logrado redactar un proyecto de ley, cuya autoría pertenece a la senadora nacional, Nora Giménez, con el fin de ampliar la seguridad social de los trabajadores temporarios y permanentes de las economías regionales. Si los políticos comenzaran a trabajar en temas importantes como estos, en vez de estar pensando en campañas, tendríamos un primer paso para regresar a la cultura del trabajo que se ha perdido en este país”.
¿Usted observa poco interés en resolver los temas del sector productivo?
Desde luego, y no es culpa de un solo gobierno o del último, hace años que estamos así. En Misiones siempre se insistió en la necesidad de pensar en otras explotaciones además del tabaco. Y, los cítricos ganaron mucho terreno. Yo seguí esas consideraciones a pesar de los problemas macroeconómicas que todos sufrimos pero, desde hace unos años, la escasez de la mano de obra se ha acentuado. En 2019 perdimos tres millones de kilos de limones porque no había precio, y el que había, no servía ni para pagar al personal. Ahora, es otra situación pero la ausencia de personal registrado continúa porque los obreros no quieren estar en blanco ante el temor de perder los planes sociales. En cuanto los doy de alta se caen los planes. Estoy trabajando con 10 o 12 personas y podría contratar 20 trabajadores más. Esta situación sólo puede estar relacionada con la política y su poco interés por resolver los problemas del sector productivo. El verdadero generador de trabajo genuino.
Esta semana los limones volvieron a quedar por el piso para que se pudran. ¿Qué sentimiento percibe ante esta pérdida productiva?
De vergüenza principalmente, es muy triste y es una vergüenza porque nos estamos fundiendo día a día yendo a trabajar. Nosotros tenemos que fertilizar, invertir en tecnología, podar las plantas, cumplir con las normas sanitarias, pagar todos los impuestos existentes y cuando queremos cosechar no conseguimos quien lo haga en un país con un porcentaje altísimo de desocupados. Toda esta política sino cambia terminará por arruinar la inversión, el trabajo, los conocimientos productivos y la producción misma. Yo no tengo una estimación de a cuánto ascienden las pérdidas de mi empresa como han publicado en Buenos Aires pero desaniman a continuar produciendo y eso es es una realidad inobjetable”.
¿Piensa que en los próximos meses habrá una respuesta positiva de parte del gobierno?
Ni bien trascendió el video que grabó mi mujer con los limones caídos de la gobernación misionera llegaron inspectores y funcionarios para conocer la situación in situ. Desde el gobierno de Alberto Fernández hubo funcionarios que aseguraron que se interiorizaran en el proyecto de ley que se encuentra en Senadores. Yo espero respuestas de las autoridades porque, reitero, el problema más grave de hoy en día es que el trabajador no quiere registrarse ni asegurarse. Cuando le pedís el DNI para darle de alta en la AFIP, ahí mismo, pega la media vuelta y se va, la gente no quiere perder los planes sociales no quiere ficharse mientras que desde el Estado te dicen, paga los impuestos , blanquea a los obreros y gasta recursos en tecnificarte. Ahora bien, el tema laboral no cambia y te pone la mano de obra en contra. Algo totalmente ilógico”.
A marzo de este año, la resolución64/2020 de la CNTA, Comisión Nacional de Trabajo Agrario, estableció que el jornal mínimo diario para los peones que desempeñen tareas en fincas citrícolas de Misiones, es de 1273 pesos diarios. Sin embargo, los cosechadores prefieren la economía informal.
Para revertir este estado de situación la senadora nacional y presidenta de la Comisión de Economías Regionales del Senado, Nora Del Valle Giménez trabaja junto a directivos de la CAME en un proyecto de ley que busca compatibilizar el trabajo registrado de este sector con planes sociales como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentaria y los programas de protección integral que protegen a los sectores de la población vulnerables durante dos años.
Uno de los argumentos para que prospere la iniciativa, en medio de un año electoral donde muchas de ellas son dejadas de lado, es que toma como antecedente y ejemplo el caso testigo del servicio doméstico que otorga la posibilidad al trabajador de conservar el empleo en blanco sin perder el plan social. No es una solución ideal para las arcas del Estado pero si representa una salida rápida para los productores y para la economía nacional que dejaría de mostrar, a través de fotografías como las que ilustra esta nota, cosechas enteras pudriéndose en el rico suelo argentino.