El recorte de los recursos de Coparticipación representará para la Ciudad de Buenos Aires una caída del 28,6% en las transferencias por habitante que le venía dando el Estado nacional y tendrá una incidencia equivalente al 10% del presupuesto local, de acuerdo con la evaluación de Invecq.

Para Matías Sturt, economista de la consultora, el nuevo escenario fiscal que se le presenta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, le deja tres opciones a seguir para administrar las cuentas del distrito.

"Por un lado puede ajustar o eficientizar el gasto, por el otro puede recortar en un 10% los recursos de servicios otorgados a los habitantes de la ciudad y como tercera posibilidad está la de aumentar las alícuotas de los impuestos", indicó Sturt a NA, aunque consideró que lo más probable sea que se incline por "una combinación de las tres".

Al respecto, indicó que tanto el Gobierno porteño como los habitantes de CABA "van a tener que acomodarse" a esta nueva realidad de menos recursos y si bien consideró viables las tres opciones señaladas, advirtió que el votante del PRO y de Juntos por el Cambio es reacio a los aumentos de impuestos, por lo que la combinación de opciones podría limitarse a un ajuste de gastos y a una menor prestación de servicios.

Los cambios en la distribución de los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma implicarán una mejora del 16,7% en los fondos por habitante que pasarán a percibir los bonaerenses, aunque a costa de una caída del 28,6% para los porteños.

Según el cálculo de Invecq "la coparticipación per cápita para los bonaerenses se incrementaría de $20.840 a $24.327 y la de los porteños bajaría de $27.600 a $19.700".

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"Se trata de un problema redistributivo entre jurisdicciones", indicó la entidad dirigida por Esteban Domecq, para agregar que "lo que gana una es lo que pierde la otra, situación completamente diferente a la del período 2016-2019 cuando ambas ganaban".

De todos modos, aun objetando que se recurriera a perjudicar a CABA para favorecer a Buenos Aires, Invecq destacó "un aspecto positivo" en la solución al problema de asignación de recursos que tomó el Gobierno nacional que, a diferencias de otras oportunidades, no optó por el mecanismo de las "transferencias discrecionales" ni a la emisión monetaria.

"Lo que está haciendo la Nación desde el inicio de la cuarentena es una especie de 'coparticipación del monopolio de la emisión' y está supliendo la caída de recursos tributarios nacionales y provinciales, con emisión monetaria que luego redistribuye entre las provincias", indicó la consultora.

Al respecto, remarcó el cambio de criterio en el caso de los recursos transferidos a la provincia de Buenos Aires, ya que, como venía ocurriendo, "se podría haber recurrido a "una solución más rápida y sin necesidad de confrontación política", con una ampliación de la emisión monetaria por unos $35.000 millones extra anuales y solucionar el problema de la policía provincial

"Sin embargo, este camino hubiera implicado un mayor crecimiento de los agregados monetarios, una nueva señal de imprudencia macroeconómica y un mayor riesgo de desborde cambiario e inflacionario en el corto y mediano plazo", destacó.

Más allá de las cuestiones políticas, Invecq puntualizó que "la decisión tomada (que implica un recorte presupuestario para CABA de aproximadamente un 10%) resulta macroeconómicamente más responsable que una salida fácil que no hubiera implicado cortocircuitos con el Jefe de Gobierno de la Ciudad".

Sturt manifestó que la solución al conflicto podría darse con la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, un compromiso que, según una claúsula transitoria de la Constitución Nacional, debía haberse cumplido antes del 31 de diciembre de 1996.

Para el economista, hay dos razones que impiden o postergar el debate: por un lado, al tratarse de una ley convenio, se necesita del apoyo unánime de las partes, tanto en el Congreso Nacional como en cada una de las 24 legislaturas provincias o de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero el principal motivo es que un cambio de ley dejaría ganadores y perdedores respecto del actual esquema de reparto, en el que dos distritos (Buenos Aires y CABA) aportan más de lo que reciben, otros dos (Neuquén y Chubut) están en una situación intermedia y los 20 restantes perciben más recursos de los que generan.

"Son 20 gobernadores que tienen todo para perder contra 2 ó 4 en condiciones de ganar algo", sintetizó Sturt.