Las empresas de medicina prepaga (EMP) pidieron formalmente hoy a la Justicia una medida cautelar que les permita aumentar las cuotas de su servicio en un 9,77 por ciento. El pedido es “a cuenta del futuro aumento que corresponderá otorgar”, en el marco de una compleja situación denunciada por el sector.

“Nuestro pedido pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles”, sostiene el documento, de 28 páginas. La presentación fue realizada ante el  fuero en lo Contencioso Administrativo federal y reclama que la autorización se conceda “en forma inmediata” y “sobre el valor actual de las cuotas que perciben las EMP.

El documento fue suscripto por 15 de las principales empresas de medicina prepaga: Swiss Medical, OMINT, OSDE,  GALENO, APRES S.A., Medicina Esencial, MET Córdoba, Medicus,  MEDIFE, Círculo Médico de Lomas de Zamora, Hospital Italiano, IMA, C.E.M.I.C., ACA Salud y Mutual Federada 25 de junio. “Nuestra medida tiene la particularidad (no es algo muy frecuente) de que se nutre de elementos provenientes de la propia Administración”, adelanta la presentación.

En ese sentido, las empresas de medicina privada explicaron que el pedido se basa sobre “los datos objetivos de un informe técnico de octubre de 2020, elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud y tenido en cuenta por el Ministerio de Salud en las resoluciones impugnadas en sede administrativa”.

Además, citaron una reciente resolución del Ministerio de Salud “que señala, en términos enérgicos, que  es ‘necesario’ (no: meramente conveniente) tomar una medida ‘de forma inmediata y sin dilación alguna’ (no de acá a varios meses o años) para ‘dotar de recursos genuinos al sistema’ (en el sistema privado de salud, los únicos recursos genuinos son las cuotas de los afiliados) a los fines de permitir ‘obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria’”. En ese contexto, las empresas pidieron “una cautelar urgente, que autorice un aumento del 9,77  por ciento”.

Ese guarismo se compone “de sumar un 3,59% que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado en por los cuadros técnicos de la SSS”. A ello se adiciona “un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria (cláusula de revisión)”, precisaron.

La presentación alude a la situación generada por la pandemia: “Estamos hablando de un bien jurídico, pero en esta extrema situación tenemos tanto los prestadores de salud, como los prestadores de Justicia una obligación ineludible, salvar vidas”.

“No existen pruritos formales o cuestiones especulativas que puedan demorar, dilatar o posponer soluciones. El sistema de salud está en llamas y requiere soluciones inmediatas que no sólo cumplan con la ley positiva sino que produzcan respuestas humanas, compatibles, aptas para que todos los convocados a la crisis dispongan cuanto menos del consuelo de haber hecho todo lo que estaba al alcance”.

“Debemos contribuir a que se mueran menos personas, a evitar que familias completas queden diezmadas y niños expuestos a adversidades que no son propias de la vida sino que se ven determinadas por luchas políticas intestinas, revanchismos, cuando no corrupción o cálculo electoral”, concluye el documento.