Por Fernanda Vallejos (*)

El Gobierno argentino se encuentra en la etapa final de la negociación por la reestructuración de la deuda externa con privados, emitida bajo legislación extranjera, al tiempo que ya envió al Congreso el proyecto de ley para reestructurar la deuda en dólares emitida bajo ley argentina, respetando el trato igualitario para estas emisiones en relación con las primeras. La oferta argentina se construyó sobre un principio fundamental: la sostenibilidad.

Es decir, que el recorte sobre las tasas, el estiramiento de los plazos y las amortizaciones del capital, deben estar acordes con la capacidad de pago de nuestra economía a lo largo del tiempo, como condición para garantizar que los compromisos asumidos, por una parte, sean cumplibles y, por la otra, armónicos con las necesidades que plantea la otra gran deuda que el Estado tiene que atender: la prioritaria, que es con la vida de los argentinos y las argentinas, lo que implica, desde el vamos, el derecho a la salud, pero también la impostergable elevación de las condiciones económicas y sociales de un país que no sólo enfrenta al coronavirus, sino que llegó a la pandemia sensiblemente herido por cuatro años de neoliberalismo.

En medio de la crisis sanitaria, económica y social más aguda que recuerde el capitalismo a escala global, el gobierno ha dedicado un esfuerzo considerable a arreglar un problema que –es bueno recordar- generó la anterior administración.

Tan voraz e irresponsable fue el endeudamiento de la era Macri que, en 2019, los recursos de la administración nacional destinados al pago de intereses netos llegaron al 15,23% del total, contra sólo un 3,15% dedicado a salud.

El vertiginoso endeudamiento que se produjo en apenas cuatro años de gestión neoliberal, que elevó la deuda externa desde menos del 14% del PBI en 2015, al 45% en 2019 (y la deuda bruta a más del 90%), tanto como las responsabilidades de los ex funcionarios que lo hicieron posible, es un proceso sobre el que, indudablemente, habrá que poner la lupa. Allí, el poder judicial deberá contemplar que las emisiones de deuda no tuvieron en cuenta el impacto en la balanza de pagos, requisito establecido en la Ley 24.156 de Administración Financiera, toda vez que la capacidad de pago del país depende del resultado, presente y proyectado, de la cuenta corriente y de capital, que, en aquellos años, reflejaban que el país se encaminaba hacia una crisis de solvencia, como mostramos acá o acá, mientras el déficit de cuenta corriente, tras la apertura indiscriminada de importaciones y la derogación de la obligación de liquidar las divisas de exportación, no era desconocido por las autoridades.

Además, la ley 24.156 "…prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos…", con el objetivo de que los fondos sean aplicados a fines genuinos, como inversión en desarrollo o infraestructura. No obstante, la inversión pública en 2019 había caído a menos de la mitad de su nivel de 2015, y el gobierno de Macri utilizó la deuda para financiar su campaña, con ventas masivas de dólares, para contener la presión cambiaria, originada en la desregulación.

Por otra parte, en el acuerdo con el FMI, el Gobierno no sólo eludió al Congreso Nacional sino que no celebró válidamente el acto administrativo, ya que los expedientes fueron iniciados cuando ya estaban firmados la carta de intención y el memorándum y había llegado el primer desembolso, violando la ley de procedimientos administrativos.

Antes, los ex funcionarios también se habían extralimitado en sus facultades con la emisión del bono a 100 años, que colocaron a una tasa de casi 8%, la más alta en este tipo de emisiones, y por el que, en los primeros 14 años el país ya desembolsaría el total de la deuda, mientras que en los restantes 86, el equivalente a 7 veces más que lo que Argentina recibió como préstamo.

El programa de endeudamiento que comenzó con el pago a los fondos buitre, fue, en realidad, un plan de saqueo y el destino final de los fondos fue la fuga de capitales, una "fiesta" para pocos que acumularon U$S 103.000 millones de activos externos, beneficiándose de los dólares de una deuda que le hicieron contraer a la Argentina toda.

Que sea justicia. Nunca más.

(*) Diputada nacional del Frente de Todos. Economista.