El Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo, elaboró un informe para el mes de junio en donde destaca que, si bien la industria y el comercio se encuentran habilitados casi en su totalidad en gran parte del país, es evidente el impacto generado por la pandemia en el mercado laboral.

De acuerdo con el estudio, entre febrero y abril 15.000 empresas dejaron de presentar las declaraciones juradas de la seguridad social ante la AFIP. Sólo en abril los aportes fueron realizados por 526.434 empresas, lo que significó una baja de 14.923 firmas respecto del segundo mes del año y afectó a 78.757 trabajadores.

El empleo formal también mostró bajas significativas tras las primeras señales de mejoría observadas en el primer trimestre. En el mes de marzo la cantidad de asalariados formales en las empresas cayó 0,8% , lo que se traduce en 48.000 puestos menos, convirtiéndose en la mayor disminución mensual desde la crisis de 2002. Un descenso que se consolidó en abril al alcanzar el 0.6%, la baja más pronunciada para este mes desde 2002, tal como se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El informe establece que la principal razón detrás de estas contracciones no son los despidos, que habrían explicado alrededor del 10% de las bajas alcanzadas en abril, sino que son muy pocas las empresas que ha incorporado personal. La tasa de entrada, definida como el porcentaje de altas sobre la dotación del mes anterior, se ubicó en 0,4% siendo la menor desde, al menos, 2001.

Ante este panorama las bajas que se produjeron por distintas razones, ya sea renuncias, finalización de contratos o del período de prueba, no se compensan con las nuevas contrataciones, según consignó el documento. Se suman a este contexto las suspensiones que en el mes de abril alcanzaron al 7,5% de los ocupados.

Para amortiguar el duro impacto generado por la pandemia el Estado ha multiplicado su asistencia en estos meses. El Informe desarrollado por la cartera que dirige Matías Kulfas destaca al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) como los nuevos instrumentos creados para brindar asistencia a las familias y empresas que sufren el daño social y económico generado por la enfermedad COVID-19.

"En su primera ronda, el IFE alcanzó a 8,4 millones de personas (asalariados informales, cuentapropistas de bajos ingresos, desocupados e inactivos), y permitió llegar a hogares pobres no cubiertos por la AUH (por ejemplo, un asalariado informal soltero o una trabajadora adulta cuentapropista con hijos mayores de 18 años)", confirma el documento. Asimismo define: "El impacto del IFE ha sido fundamental para evitar que millones de familias cayeran en la pobreza y la indigencia".

En lo que respecta al ATP, el informe lo define como algo más que una fuente de ingresos para los hogares: "constituye una herramienta fundamental de preservación del sector productivo". Los dos ejes de esta herramienta son el pago de parte del salario a los empleados registrados en empresas que atraviesan una crisis y un crédito a tasa cero a trabajadores independientes formales cuya facturación fue afectada por la pandemia.

Por un lado el IFE, sumado al refuerzo de la AUH y la Tarjeta AlimentAR, se centran en los deciles más bajos integrado por los asalariados y cuentapropistas informales, trabajadores desocupados y adultos inactivos. Por el otro, la ATP está orientada a los trabajadores privados formales, con mayor predominancia entre los deciles más altos.

El informe sintetiza el alcance, en términos sociales y salariales, de esta última herramienta: "El diseño de la ATP, en lo que concierne al salario, es progresivo ya que cubre mayor parte del salario cuanto menor sea la remuneración, beneficiando relativamente más a mujeres, jóvenes, trabajadores del NOA y NEA y de PyMEs".