El Gobierno se encuentra inmerso en una crisis política de magnitudes difíciles de describir. Entre tanto las consecuencias en la economía se profundizan cada día más.

Estos días el dólar ha sido el tema destacado de expresión de la crisis que vive el oficialismo. La semana concluyó con un dólar libre en los 338 pesos. Solo analizando las cotizaciones de algunos días atrás uno entiende la magnitud del problema. El año 2022 comenzó con un dólar libre en torno a los 208 pesos: en apenas seis meses y medio el tipo de cambio se incrementó un 62,5%. Solo en lo que va del mes de julio el billete verde trepó 100 pesos (un 42%). La situación parece descontrolada.

La política se ha encargado de llevarnos a una de las crisis económicas más profundas de la historia económica argentina: el dólar es solo la foto que relata la decadencia del país en todos los ámbitos que van desde pobreza récord, inflación sin control, riesgo país en niveles de default y, por sobre todo, las expectativas que están absolutamente destruidas. Nadie cree que mañana este será un país en el que se viva mejor que hoy.

Uno de los principales pilares que sostienen los países desarrollados para que sus economías funcionen y con ellas se propague el crecimiento y como consiguiente la reducción persistente de la pobreza y la exterminación de la miseria, es la defensa acérrima de los derechos de propiedad. Nadie en un país normal pondría en tela de juicio el concepto de propiedad privada.

LEE: Alberto Fernández y Cristina Kirchner analizaron posibles medidas económicas

Lo cierto es que luego de algunos episodios desafortunados del actual Gobierno, el tema vuelve a estar en tela de juicio. El Gobierno atravesó el intento fallido de expropiación de Vicentin, el intento de instalar en la sociedad la idea de que en la Argentina no se puede permitir la existencia de “tierras improductivas” y el impuesto a la “riqueza” (confiscando parte de los patrimonios más abultados). Parece que la propiedad privada vuelve a estar en el eje del discurso oficial.

Ahora parece que los responsables de todos los males vuelven a ser los dueños de los granos. El gobierno los acusa de no querer liquidar los dólares de su producido. El oficialismo estima que aún quedan por liquidarse el equivalente a 20.000 millones de dólares, o al menos eso es lo que dijo el Presidente de la Nación. El Gobierno acusó al campo de golpistas y de no entender el hambre de la gente. Con estas viejas excusas Alberto Fernández indicó que les va a “poner el pecho”. La propiedad privada vuelve a ponerse a prueba.

Resulta algo infantil que el gobierno no comprenda que la propiedad privada es fundamental para que una economía funcione: que un inversor entienda que su capital no queda sujeto a las locuras de los funcionarios de turno, que el que ahorra no tenga temor a que le confisquen el fruto de su esfuerzo y que el que trabaja entienda que el sacrificio lo hace para él y no para pasarse gran parte de su jornada laboral intentando ganar dinero para pagar impuestos es fundamental para que quien quiera invertir, ahorrar o trabajar tenga los suficientes incentivos para efectivamente hacerlo. Incluso la función principal del Estado es garantizar la propiedad privada, aunque en Argentina es lo primero que el gobierno cuestione. Increíble.

Si hoy van por la soja, mañana podrán ir contra los depósitos bancarios o contra las propias cajas de seguridad. No se puede permitir que en un país que aspira a tener algún futuro se ponga en duda las más básicas de las instituciones.