Al menos, desde hace tres décadas, la pujante, industrial, ribereña y cultural, ciudad de Rosario, la más importante de la provincia de Santa Fe, dejo de ser una urbe armoniosa en materia social.

Su pujanza, que provenía de un desarrollo económico armonioso que posibilitaba el movimiento de clase ascendente de su población, cedió a un proceso de fragmentación social, alentado por el auge del narcotráfico, que enseña las deslumbrantes construcciones en altura de “Ciudad Rivera”, que sólo pueden habitar los rosarinos de mayores ingresos económicos. Por otro lado, también está el auge de las villas de emergencia que llegan a superar los 112 asentamientos, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares, donde la vida vale unos pocos pesos.

En los últimos días, el intendente de Rosario, Pablo Jakvin, consiguió destrabar en el Consejo Municipal la aprobación del master plan para la construcción de una mega torre de 60 pisos de altura frente a la costa del río Paraná.

El plan de construcción de la torre más alta de Rosario es financiada por Sancor Seguros, la constructora Obring y el estudio de abogados Casanova, Mattos, Salvatierra y Fesser, ligado al empresario de medios, La Capital, de Gustavo Scaglione.

El master plan del edificio de 200 metros de altura y 60 pisos incluye la instalación de oficinas corporativas del Grupo Sancor, en los primeros 10 pisos de la torre, mientras que en los 50 niveles restantes existirán departamentos de lujo, de categoría premium, de entre dos y tres ambientes.

Una construcción faraónica por la que el intendente del Frente Cívico y Social, Pablo Javkin, y el gobernador Omar Perotti, del Frente de Todos, muy ligado a Sancor Seguros, pensaron que salía aprobado rápidamente. Pero los ediles decidieron señalar numerosas dudas.

El fenómeno de gentrificación, proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada, que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto, “no se detiene en Rosario y con esta edificación se profundizará aún más”, señaló la concejala Fernanda Gigliani, del interbloque peronista.

Mientras que para el edil oficialista y ex periodista, Ciro Seisas, “la torre será un ícono arquitectónico, el símbolo de una Rosario pujante que le va a permitir a la ciudad seguir creciendo y, además, el 90% del terreno va a ser un parque público con vista al río y con posibilidad de extender el paseo de libre circulación”, para la arquitecta Mirta Levin, ex secretaria de Planeamiento Municipal durante la gestión del fallecido Miguel Lifschitz, “hay que tener en cuenta que Puerto Norte, donde se va a construir la mega torre, tiene un plan aprobado y no prevé un plan de construcción de estas características”.

Para la ex funcionaria, “en su momento se estableció un criterio justo y equilibrado, para todos los desarrolladores, se definieron alturas con un criterio sumamente pautado y se estableció en que área deberían estar las mayores alturas y por qué”.

Desde luego que para Mirta Levin el proyecto es un atentado a su gestión, a todo lo acordado legislativamente con anterioridad y el nuevo plan obedece, únicamente, a razones financieras.

El proyecto de más de 100 millones de dólares generó grandes debates dentro de las fuerzas progresistas que incluyeron renuncias como la de la edil, Verónica Irizar, a la comisión de Planeamiento por no acompañar esta iniciativa privada promovida por el oficialismo.

No sólo Irizar votó en contra de esta torre gigante, sino también la referente del peronismo en el Palacio Vasallo, como se conoce a la sede de la Legislatura rosarina, Norma López.

Se opuso porque tiene “dudas sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto en sí mismo. Se modificó solamente un lote para la construcción de esta torre y no se miró todo lo demás y los servicios tienen que estar garantizados y tener la factibilidad aprobada”.

“En lo personal no estoy de acuerdo con estas construcciones”, explicó la legisladora, “porque no se discuten en un marco donde las urbanizaciones y el acceso de todos los servicios tienen que llegar a toda la ciudad y podrá convertirse en una torre hermosa, pero no deja de ser para un sector muy exquisito y exclusivo”.

Los fondos para construirla son fuente para otra polémica

Vecinos del centro de Rosario, abrumados por los disparos que se escuchan durante todo el día en la periferia de su ciudad, se preguntan por el origen de los fondos.

Victoria Cabanellas le consulta al diario El Litoral “¿de dónde sale la plata? De "Doña Blanca". Ningún político o fiscal cuestiona nada”, o Gerardo Rintoul que señala que “este megaedificio está pensado para beneficio del negocio inmobiliario y las inversiones extranjeras; los rosarinos que tienen educación y las posibilidades económicas prefieren vivir en barrios o en pueblitos cercanos dónde todavía se puede descansar tranquilo, andar en bici, mandar no sólo a los hijos a una escuela pública sino también al almacén y saludarse con los vecinos, o sea, escapar a la estupidez inhumana del capitalismo con sus exclusivos".

LEE: Argentina le paga al FMI U$S 2.500 millones a la espera de la aprobación de la tercera revisión

En este sentido, el edil Lisandro Cavatorta, que responde al gobernador Perotti y votó favorablemente por la iniciativa, hizo hincapié para que “se aplique la Ordenanza Antilavado y se analicen los fondos que se destinarán a la construcción de la torre” y recordó que “las compensaciones prometidas cuando se construyeron los primeros edificios de Puerto Norte, se hicieron tarde y mal”.  

El legislador se refiere a los seis millones de dólares, al tipo de cambio MEP, que se destinarán para mejoras y obras en barrios populares.

Una especie de compensación ante una situación social completamente fragmentada en la ciudad de Rosario

Acaso otro de los aspectos a analizar de la inversión sea la conformación de los fondos aportados por el estudio de abogados, Casanova, Mattos, Salvatierra y Fesser, ligados a los empresarios Scaglione y Daminato del grupo La Capital que hoy apuntan a adquirir la porción accionaria del grupo de medios América que pertenece a Daniel Vila y a José Luis Manzano.

Gustavo Scaglione, principal accionista de La Capital y televisión Litoral suele utilizar el método de juego de cajas chinas para construir su trama societaria.

Se trata de un mecanismo de sociedades que controlan a otras, que a su vez participan de terceras, que suscriben acciones de otras, vinculadas a unas distintas.

Un ejemplo reciente, Comunicación 3 SA fue constituida el 26 de noviembre de 2018 por los abogados Leandro Salvatierra y Diego Feser y el propio Scaglione. Una empresa que la Justicia conecta con el concurso de Vicentín.

Además los abogados integran el estudio jurídico Casanova, Mattos, Salvatierra y Feser, que participó de la venta de La Capital desde los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano a Scaglione y su esposa Josefina Daminato, heredera de una de las fortunas principales de Rosario, y con llegada al ex Presidente Mauricio Macri.

De esta manera, los intereses de los Scaglione se ampliaron, en los últimos meses, a los desarrollos inmobiliarios.

LEE: Extienden el programa Ahora 12 hasta el 30 de junio de 2023