El cumplimiento de las prácticas de transparencia presupuestaria sigue siendo una asignatura pendiente en la mayoría de las provincias, que salvo algunas excepciones, incumplen con los requisitos de información en tiempo y forma establecidos en la ley de Responsabilidad Fiscal.

La excepción más relevante es la de la provincia de Santa Fe, la única que cumplió con el 100% de los requisitos de la ley tanto en la actual gestión del gobernador Omar Perotti como en el tramo final de la de su predecesor, Miguel Lifschitz.

Pero en el otro extremo, hay tres provincias con un incumplimiento total, ya que no presentaron ni la ejecución presupuestaria ni la cuenta de ahorro e inversión y mucho menos el proyecto de ley para el próximo ejercicio: son Corrientes, San Luis y Santiago del Estero, según el relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país por su aporte a la economía nacional, su población y -en lo que atañe a este análisis- su presupuesto, sigue de cerca al lote de reprobados, con un nivel de cumplimiento de apenas 3% en el último relevamiento, con cierre en el primer semestre de 2020.

A diferencia de la continuidad comprobada en Santa Fe a pesar del cambio de orientación política (del Socialismo de Lifschitz al Justicialismo de Perotti), en el caso bonaerense se observa una caída en el nivel de cumplimiento con el cambio de administración, ya que en el final de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal la ASAP computó un nivel de cumplimiento del 35%.

El cumplimiento promedio de las 24 jurisdicciones fue a junio de este año del 50,5%, inferior al 57,4% de septiembre del año pasado (cuando la mayoría de los distritos contaba con otras autoridades) pero superior al 46,4% de marzo de 2020.

“Si bien las condiciones imperantes pueden ser un justificativo a tener en cuenta, sería conveniente que las provincias que han desmejorado en sus posiciones realicen esfuerzos para cumplir con las publicaciones requeridas, con el objeto de que no se consolide un retroceso en la transparencia de las cuentas públicas”, planteó la ASAP, en referencia a las complicaciones que pudiera haber generado la pandemia de coronavirus en la elaboración y presentación de la información fiscal.

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La ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal fue sancionada en agosto de 2004 durante la Presidencia de Néstor Kirchner y fue una iniciativa del entonces ministro de Ecoomía, Roberto Lavagna, para coordinar tanto la información como el cumplimiento de los presupuestos de todas las jurisdicciones.

Para el seguimiento del nivel de cumplimiento, la ASAP realiza habitualmente un relevamiento en base a determinados aspectos fiscales: la publicación del Presupuesto del ejercicio corriente y del proyecto de ley, el esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento, los gastos financiados por programas internacionales y los del Sector Público No Financiero.

En la información recabada en junio 2020 se advierte que 9 provincias mejoraron con respecto a marzo 2020 (Chubut, Córdoba, Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán), pero 8 provincias desmejoraron (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Salta, Santiago del Estero).

Además de Santa Fe, único caso con 100% de cumplimiento en tres relevamientos consecutivos, las provincias con un nivel de cumplimiento alto en junio fueron Entre Ríos (91%), Córdoba (82%), San Juan (80%), Tucumán (76%), Río Negro (70%), Jujuy, La Rioja y Neuquén (65% en cada caso).

Los distritos con un nivel de cumplimiento medio fueron Tierra del Fuego (63%), CABA y Mendoza (60% cada uno), Salta (58%), Santa Cruz (52%), Chaco (46%) y La Pampa (45%).

El listado se cierra con las provincias de bajo nivel de cumplimiento: Chubut y Misiones (40% cada una), Catamarca (35%), Formosa (17%), Buenos Aires (35) y, con un cumplimiento nulo, Corrientes, San Luis y Santiago del Estero.