Miércoles, 29 Septiembre 2021 17:12
Por Antonio D'Eramo

La historia detrás de la demora en la sanción y reglamentación de la Ley de Etiquetado Frontal

Es una pelea de fondo entre sectores de la política contra la influencia de la UIA dominada por la Copal y Techint y los empresarios azucareros de Tucumán.

La historia detrás de la demora en la sanción y reglamentación de la Ley de Etiquetado Frontal

Al tiempo que el gobierno intenta mejorar su imagen ante la sociedad mostrando mayor ejecutividad en las acciones de gobierno y cierta unidad de cara a las elecciones de medio término y más allá, existen temas que prometen tensar al máximo las relaciones de los integrantes del Frente de Todos.

Uno de esos puntos que no terminan de definirse es el proyecto de ley de Etiquetado Frontal que cuenta con media sanción del Senado de la Nación y que podría ser aprobado antes del 30 de noviembre próximo.

Alejada de los focos de atención de la opinión pública por la proximidad de las elecciones y por  los temas que más preocupan a la sociedad y que están relacionados con precios, inflación e inseguridad, la ley de Etiquetado Frontal posee todos los ingredientes para un capítulo de la cancelada serie House of  Cards.

En principio, por el tema que propone que ha generado detractores y partidarios de la causa en torno a la cuestión de la salud pública e individual y, en segundo lugar, por los personajes e instituciones que involucra la materia con un poder económico e influencia política innegable.

La ley de Etiquetado Frontal, normas similares se encuentran presentes en los países más desarrollados del planeta, implica que se advierta a los consumidores, de manera visible y clara, cuando un alimento es alto en azúcar y calorías.  Obtuvo media sanción del Senado en octubre de  2020 y el 13 de Julio pasado se emitió dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública y de Industria y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados. 

Un dictamen de mayoría que reunió la firma de 91 legisladores para avalar la media sanción del Senado pero que no encuentra fecha de tratamiento en el recinto de la Cámara que conduce Sergio Massa.

El combate a la obesidad y las incidencias que este tema tiene en la salud pública de la población es el principal fundamento de la norma que debiera ser analizada antes del 30 de noviembre para que no pierda estado parlamentario. Una ley que de aprobarse alertaría acerca de alimentos y bebidas como jugos, bebidas isotónicas, y muchas otras que se presentan como saludables que en rigor están conformadas por altos índices de azúcar.

Por ello, el proyecto establece, entre otros puntos, que en el caso de productos  con edulcorantes el envase debe llevar impresa una leyenda precautoria que señale, “contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas”.

Los partidarios de la sanción de la ley insisten, a través de cartas a la Presidencia de la Cámara y de los bloques de Diputados y de mensajes públicos, que “la norma a considerar informa, y no demoniza” a las empresas de alimentos.

Los nueve meses transcurridos desde la media sanción en el Senado y la aprobación en el plenario de comisiones encendieron todas las alarmas en organizaciones civiles como Consumidores Argentinos; Sanar o la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina (FIC Argentina) cuyos directivos coincidieron en señalar a NA que no hay ningún motivo válido  para retrasar más la  aprobación de la ley porque nuestra opinión, plasmada en la norma, está  avalada en el conocimiento científico que es inapelable en esta cuestión”. No parecen haber disidencias serias en el mundo científico acerca de la importancia de ofrecer información veraz en los productos alimenticios que consumen las poblaciones como podría ocurrir en otras cuestiones de la investigación médica como ha quedado demostrado durante la crisis sanitaria  por la pandemia de coronavirus.

Con esas justificaciones, Victoria Tiscornia de FIC Argentina, exigió “que los  diputados y diputadas pongan fecha y hora para sesionar y aprueben el proyecto sin más demoras”. Además, los voceros de las ONG’s consultadas explicaron que los valores máximos de azúcares, grasas y sodio establecidos deberán cumplir con los límites de perfil de nutrientes aconsejados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La iniciativa legislativa dispone de un sistema de etiquetado con octógonos negros para los alimentos que tengan exceso de azúcar, sodio y grasas y se incluyen las advertencias citadas anteriormente además de restringir la publicidad y venta de alimentos con al menos uno de los  octógonos en el ámbito escolar. Es un sistema que  emula al que rige en Chile y que, según las empresas alimenticias, es muy severo a diferencia de las leyes y normas que rigen en la cuestión en los países socios del Mercosur, Uruguay y Brasil.

 Un sistema parecido al chileno

 Voceros de la industria de la alimentación señalaron a NA que “es un sistema parecido al chileno pero de aprobarse y reglamentarse tal cual lo propone el Senado será aún más exigente que el que rige en Chile. Con esto se quiere señalar que los umbrales mínimos dispuestos para evitar el etiquetado, que en la práctica funcionarán como un semáforo rojo a la hora de comprar un producto con un octágono como ocurre con las advertencias en los  paquetes de cigarrillos, son muy bajos. Prácticamente no hay  ningún  incentivo para bajar las dosis de azúcar, sodio o grasas”, explicaron.

En la industria alimenticia sacan cuentas y difunden proporciones en base a los productos que ofrecen en góndolas. Los  voceros de grandes empresas con las marcas que más se venden en el  país sostienen que cerca del 80% de los alimentos ofrecidos al consumidor, llevarán el  oropel octagonal que funcionará como un intento de freno a la compra. Una etiqueta que compartirán jugos, bebidas no alcohólicas, quesos, productos lácteos, golosinas y un extenso  etcétera.

Sólo quedarán exceptuados de la colocación de sello en la cara principal del producto el azúcar común, la sal de mesa, los frutos  secos y los aceites vegetales.

El revés de la trama y el intenso lobby de la UIA de Techint y Copal

Este es un caso donde puede observase el accionar de los grupos de presión o de “cabildeo”, usualmente conocidos  como lobistas, en pos de unir intereses para influir en la administración de la res (cosa) pública.

Desde el momento en que la senadora mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti presentó el proyecto de ley de Etiquetado Frontal quedaron formados los bandos, por un lado, partidarios del proyecto kirchnerista, como organizaciones de  la sociedad civil citadas anteriormente que en algunos casos como el capítulo argentino del FIC son apadrinadas monetariamente por compañías estadounidenses como Bloomberg, y legisladores de distintas bancadas, incluida la de Juntos por el Cambio, que se  mostraron a favor de tratar en el recinto  la iniciativa antes que pierda estado parlamentario.

En el otro bando, el detractor de la iniciativa, se encuentran dirigentes industriales, integrantes del Centro Azucarero Argentino (CAA); la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, (Copal); la Cámara de comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham);  dirigentes políticos de la oposición como la vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Carmen Polledo de Juntos por el Cambio o el legislador del PRO, Alejandro García, titular de la Comisión de Industria de la Cámara baja. También, se pueden anotar figuras del oficialismo como Daniel Scioli, embajador en Brasil, quien desde su embajada en Brasilia  ha impulsado una reunión con el titular de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para analizar “el etiquetado frontal de los alimentos, que hoy se encuentra en debate en la Cámara de Diputados argentina, y la necesidad de armonizar las normas a nivel Mercosur para facilitar el comercio regional”, según describe la actividad, un comunicado oficial del 24 de febrero pasado.

Precisamente, ese es uno de los argumentos que  la Unión Industrial Argentina (UIA) suele presentar a sus  interlocutores, intentar homogeneizar las normas de etiquetado en el ámbito del Mercosur para evitar que el comercio regional sufra distorsiones y la radicación de inversiones no se vean afectadas. De hecho, en las oficinas de la UIA quieren implementar la normativa brasileña que no tiene leyendas negras de peligro y sí poseen un etiquetado con  información nutricional y advertencias menos catastróficas.

En ese sentido está cabildeando, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, abogado, empresario, vicepresidente del laboratorio Roemmers, y titular de la Copal, sin demasiado eco, al menos en la Cámara de Diputados.

Deberían hablarlo con alguien como José Ignacio de Mendiguren” le dijo Sergio Massa a la delegación de la UIA que fue a reclamar por la ley de etiquetado. La frase a favor de uno de sus  alfiles en el gobierno de parte de Sergio Massa se produjo luego de la áspera interna que sostuvieron los sectores más dialoguistas de la UIA con el oficialismo como, De Mendiguren, Miguel Acevedo,  ex titular de la entidad fabril, y Miguel Ángel Rodríguez de Sinteplast, empresa escogida por el Presidente Alberto Fernández el año pasado, en Ezeiza, para festejar el día de la Industria cuando el presidente de la UIA era Acevedo, este año directamente declinó la invitación de Funes de Rioja y Paolo Rocca de Techint y realizó un acto en Chaco, con los industriales que tomaron el control de las oficinas de la Unión Industrial en la Avenida de Mayo.

Es la primera vez que  la UIA elige a un abogado laboralista para que la presida, es como  elegir  un sepulturero para manejar el quirófano, no sabe diferenciar un bulón de una tuerca” graficó José Ignacio De Mendiguren, acerca de la visión que posee de Daniel Funes de Rioja, en el set televisivo del programa A dos voces de TN.

La bronca de De Mendiguren, titular del estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), estalló como un volcán luego que Luis Betnaza de Techint lo excluyera de la lista de supuesta unidad que coronó a Funes de Rioja con el auspicio de la siderúrgica de Paolo Rocca y de los empresarios de la alimentación nucleados en Copal.

Sin embargo, en los últimos días, voceros de los dueños de las empresas alimenticias más importantes del país, hicieron circular por lo bajo sus críticas a Funes de Rioja por los pobres resultados conseguidos para frenar el tratamiento de la ley de etiquetado frontal.

Tanto Luis Pagani de Arcor como Pérez Companc de Molinos pasando por el sector aceitero y los empresarios azucareros comenzaron a deslizar sus críticas por los magros resultados del lobby infructuoso contra la ley que parece dirigirse a ser sancionada antes de fin de año cuando el Congreso deba tratar, además, la ley de Presupuesto del año 2022.

La interna de la UIA favoreció la apuesta de Copal y Techint, que ya habían jugado en tándem en el año 2003 al elegir presidente de la entidad fabril al plástico Héctor Méndez, en detrimento de las filas de industriales que sustentaban a Miguel Acevedo, criticado por Rocca y cia. por haber tenido una buena relación con el gobierno sin nunca mencionar los problemas de la agenda industrial.

Para De Mendiguren  lo que está sucediendo en estos momentos es claro, entiende el que fuera empresario textil, que con un apoyo decreciente en la industria alimenticia a Funes lo sostiene Techint.  Y, Techint tiene su  propia agenda con el kirchnerismo y el peronismo. “Rocca dijo adelante mío una frase que siempre recuerdo. Nosotros, por Techint, no queremos participar en entidades, queremos gobernarlas” recordó De Mendiguren en la señal televisiva IP Noticias.

Una opinión que comparten, en voz baja, varios  integrantes de la UIA que sostienen que hace décadas que Techint toma posición interna para digitar políticas y realizar poderosos cabildeos contra leyes que van contra sus intereses pero que no siempre pertenecen a la agenda de otros sectores de empresarios industriales. De hecho, continúan con su política de tener poca visibilidad pública de sus lobbies y no colocan candidatos propios en lugares de presidencia de entidades empresarias.

Paolo Rocca trabaja con la técnica del policía malo y el bueno. La cara amable la suele colocar el CEO de Ternium, Daniel Novegil y para los trámites más ásperos aparece Luis Betnaza que siempre está monitoreando la actuación de los dirigentes de la UIA.

Por ahora, Funes de Rioja no obtendría un cumplido en su boletín de calificaciones para intentar frenar la ley de etiquetado, sin embargo el abogado titular de  la UIA, buscará  intervenir en la reglamentación de la ley de ser aprobada por Diputados y, para ello, contará con dos aliados inestimables que el resultado demoledor para el oficialismo en las recientes elecciones PASO lograron posicionar en el primer plano de las decisiones de la administración de Alberto Fernández. 

El Jefe de Gabinete Juan Manzur, de estrechos contactos con los  empresarios de la industria azucarera de su provincia de origen, Tucumán y el vicejefe de Gabinete Jorge Neme, quien estará a cargo de realizar el seguimiento del equipo económico y de los temas de esa área cuestión que venía llevando adelante en la Cancillería nacional como secretario de Relaciones Económicas.

Tucumano como Manzur, hombre de confianza del nuevo e hiperactivo Jefe de Gabinete, Jorge Neme conoce el expediente del  etiquetado de alimentos al haber realizado propuestas en las reuniones del MERCOSUR para tener una normativa homogénea entre los países que integran  la unión aduanera.

Ahora, desde la Jefatura de Gabinete, seguramente comenzará a recibir las “sugerencias” de Funes de Rioja para poder incidir en la reglamentación de una ley muy  difícil de parar en el Parlamento teniendo en cuenta el interés demostrado por el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner y la poca predisposición de escuchar cabildeos en contra de la iniciativa del titular del cuerpo, Sergio Massa.

En la posible reglamentación de la iniciativa,  Funes y su equipo tendrán una oportunidad mayor de hacer cambios, al no estar aún establecida la autoridad de aplicación que podría ser el ministerio de Salud conducido por Carla Vizzotti o un triunvirato que incluya a la  cartera de Agricultura de Julián Domínguez y Desarrollo Productivo de Matías Kulfas. En esta última dependencia milita, a favor de aprobar sin cambios  la ley, la titular de la secretaria de Comercio Interior, Paula  Español quien ha dicho en declaraciones al Destape Radio “que salga la ley de etiquetado frontal en breve porque los consumidores tenemos derecho a saber que compramos y que comemos. Tenemos una parte importante de reglamentación de esta ley y, la reglamentación, es parte de la promesa  del oficialismo para lograr aprobar la ley sin cambios y evitar que  vuelva al Senado”.

Otros puntos  que pueden cambiar en la reglamentación que el Poder Ejecutivo realice a la norma, aún en debate, pasan por los  plazos  de aplicación. A partir de cuándo  se aplicará y cuáles serán los umbrales de porcentajes de azúcar, sodio y grasas a partir de los cuáles se debe incluir la advertencia octogonal que alejaría la voluntad de los consumidores de adquirir productos que, hasta  hoy, son de los más populares en la mesa de los argentinos.

Escrito por
Buenos Aires, NA