En un contexto de creciente incertidumbre en el sector de la pesca, uno de los sectores más importantes de la economía por la posibilidad de ventas al exterior, la Justicia Federal y la Procuración de Investigaciones Administrativas avanzan con la investigación de un presunto pedido de coimas que trascendió a la opinión pública y puso en entredicho al Consejo Federal Pesquero y al sistema de reparto de las cuotas de pesca que se extienden por quince años y que beneficiarían siempre a las mismas empresas.

Existe un método tradicional para repartir las cuotas de pesca de los diferentes tipos de merluza en el mar austral nacional.  Y, es el que se ha puesto en cuestión por referentes de la administración de Javier Milei, por una empresa del sector, Prodesur S.A. y por el escándalo de una denuncia por un pedido de supuestas coimas millonarias. 

Tradicionalmente se reparten las cuotas de pesca a las empresas que participan del mercado asentadas en las provincias que cuentan con litoral marítimo, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en base a criterios de inversiones, antecedentes operativos, generación de empleo y recaudación fiscal provincial. 

Pero, podría haber otro método, que es el que está poniendo nervioso a todo el ecosistema pesquero nacional, y que defiende la Casa Rosada a través de su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Un esquema de licitaciones para el reparto de las cuotas, más transparente, en base a las ofertas que se produzcan y que evitarían, según las palabras del propio funcionario nacional, el "robo legal" de las poderosas compañías internacionales de pesca, que abonan escasas regalías en torno al 0,15%. 

A pesar que el gobierno de Milei colocó la lupa en este polémico sistema el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó la cuotificación para los próximos 15 años para la pesca de merluza negra, merluza de cola y polaca.

Luego de la difusión del supuesto pedido de coimas realizado por funcionarios nacionales en Casa Rosada buscan transparentar un sistema que a lo largo de los años se reveló como opaco.

El caso en cuestión es también investigado por la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una denuncia presentada por Gustavo Pulti, diputado provincial bonaerense (Unión por la Patria) y ex intendente del partido de General Pueyrredón.

Pulti, que preside la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”, porque supuestos intermediarios del Gobierno invocaban la representación de altos funcionarios de Cancillería y Casa Rosada y habrían promovido, en los meses previos al reparto de cuotas pesqueras, encuentros informales con ejecutivos de las empresas pesqueras pendientes del nuevo reparto.

Un informe publicado por Revista Puerto, precisó que las reuniones se habrían llevado adelante en "el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en la confitería Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo a su vez que en uno de esos encuentros habría intervenido incluso “gente armada”, lo que precipitó el final de los intercambios, ante el enojo de al menos uno de los empresarios de mayor peso en el rubro.

Lo extraño es que ante la gravedad de la denuncia se avanzó con la cuotificación de la merluza negra. “La joya de la corona” del negocio.

Se trata de ejemplares de merluza que los consumidores asiáticos requieren para sus mercados de lujo. Los ejemplares adultos de la merluza negra se encuentran a profundidades de hasta 2.500 metros, mientras los juveniles habitan aguas más someras. Es de sabor exquisito, de ahí los más de u$s25.000 dólares la tonelada a las que cotiza en el mercado internacional. 

Sin embargo, el reparto realizado recientemente por el Consejo Federal de Pesca recibió el rechazo y la impugnación de la empresa Prodesur del empresario Liu Zhijiang, propietario del buque Tai An, que en la última reunión del organismo presentó un recurso de consideración contra las Actas CFP N° 15/2024 y N° 17/2024. 

Liu Zhijiang de Prodesur quiere que se liciten las cuotas. 

Entre los puntos legales presentados por el empresario de origen asiático radicado en Tierra del Fuego, para fundamentar su pedido, explica que "El régimen de cuotificación es una metodología de distribución que data del año 2009, y fue creado mediante la resolución 49/09. Esta resolución dispone que cada empresa, además de contar con el permiso de pesca, debe tener un cupo de pesca por la especie que el Consejo disponga. Este cupo es en términos legales una concesión estatal, que habilita a la empresa a llevar adelante la explotación de la pesca de la especie otorgada". 

El escrito continúa explicando que "De modo que la concesión es de carácter temporal, es decir, por quince años. Vencido ese plazo corresponde que se haga una nueva concesión. Para lo cual se debe aplicar el régimen de contratación público, garantizando el acceso de todas las compañías que quieran acceder a la concesión". 

Por estos motivos, Prodesur denunció un oligopolio en el reparto de la merluza negra y la pérdida de la garantía de libre competencia. Un tema que preocupa a la Casa Rosada. 

Liu Zhijiang explicó a iProfesional que "...esto no ocurrió y el Consejo repartió la cuota de merluza negra de modo automático, por el período 2024-2039 a las empresas ARGENOVA S.A;  ESTREMAR S.A. / SAN ARAWA S.A. y a la EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. ECHIZEN MARU. De modo que solo tres compañías pueden explotar el recurso de la merluza negra". 

Una guerra fría en torno a un sector millonario de la economía. El año pasado el buque del empresario asiático fue multado por pescar ejemplares jóvenes de merluza negra fuera del convenio tras una denuncia de sus competidores.

Un oligopolio es un mercado de pocas empresas, que son conscientes de su interdependencia en la toma de decisiones estratégicas, por ejemplo, sobre precios, producción y calidad, según la definición de la Comisión Europea. Esto quiere decir que cada empresa advierte que su comportamiento en el mercado afectará claramente a los demás. Como resultado, cada firma tendrá expresamente en cuenta las posibles reacciones de los demás competidores.

"La razón de las impugnaciones tienen que ver con garantizar la libre competencia de empresas para el acceso a los bienes públicos que le de competitividad al sector, ya que a pesar de ser las únicas beneficiarias con cuotas, no cumplen con la misma. Estremar S.A. /San Arawa S.A.  Centurión del Atlántico, hace tres años que se encuentra inactivo", afirmó el empresario fueguino.

Y agregó, "El buque San Arawa II, no está en condiciones de pescar la merluza negra, no pudo cumplir con la cuota el año pasado. Por ello, las decisiones del Consejo se apartan de las normas que regulan el régimen de contratación y por otra parte, genera un oligopolio ineficiente para el logro de los fines del régimen de explotación de los recursos del mar argentino".