Argentina está nuevamente frente a desafíos críticos que pueden irrumpir en una crisis severa. El fuerte deterioro social tras la pandemia de 2020, los desequilibrios macroeconómicos no resueltos y la inflación crónica emergen como fuertes restricciones sobre la política económica y frente a la necesidad de gestionar un sendero de estabilización, es decir, los problemas macroeconómicos crónicos representan fuertes limitaciones en el objetivo de su propia resolución.

Un escenario que, sin dudas, es doblemente complejo dada la persistencia de los desequilibrios. Adicionalmente, el contexto para la economía argentina se dificulta al observar las tensiones externas que conforman aumentos de los costos de la energía, la aparición de inflación en algunos países desarrollados y consecuencias indeterminadas del conflicto bélico.

Sin embargo, hay una restricción que se plantea con mayor intensidad, la cual está conformada por el deterioro en la capacidad de gestión política y económica como consecuencia directa de las tensiones en el espacio político de gobierno.

No son marginales el poder de gestión y la capacidad de cohesión ante el desafío de estabilizar una económica con inflación ascendente y distorsiones de gran escala que se difunden ampliamente en el contexto de tipos de cambio múltiple, restricciones al comercio exterior y controles intensos en el mercado interno.

En ese sentido, el acuerdo con el FMI es un claro ejemplo de la actual situación, ya que, si bien constituye un aspecto positivo, quizás el más importante de la gestión actual, dado que se desactiva temporalmente una potencial crisis de Balance de Pagos, las divisiones en el espacio político en torno a este tema se constituyen como un aspecto desestabilizante ante la necesidad apremiante de un programa y un sendero claro.

Esos aspectos pueden notarse al observar las metas establecidas en el acuerdo: objetivos de disminución de déficit fiscal primario, menor asistencia financiera del Banco Central y necesaria, aunque no taxativamente, correcciones de las distorsiones de los precios relativos en el contexto de la dinámica dispar entre inflación y devaluación de la moneda.

En ese marco, será determinante el ajuste en mayor escala de las tarifas de servicios públicos, distorsionadas (relativamente) frente al aumento de las demás variables nominales de la economía, esto se agrava dado que esa disparidad es financiada mediante recursos públicos de gran escasez.

Desde esta pintura de complejidades y desequilibrios es imperioso gestionar la normalización del mercado monetario, un ajuste de gasto, distribuyendo los costos sociales, impulso de los ingresos fiscales mediante el sostenimiento de la actividad económica, a lo que debería agregarse medidas correctas sobre las expectativas inflacionarias congruentes con un espacio de estabilización de precios y posterior desinflación.

En ese sentido se sitúa el programa presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y, a su vez, el principal punto de inflexión del espacio político.

Durante los últimos días se conocieron argumentos como los que aluden a crecer primero y luego pagar la deuda y, por otro lado, que el programa propuesto por el ministro Guzmán es contrario a la perspectiva que tiene el espacio político. Todas afirmaciones nocivas para la misión propuesta del otro lado del espacio político asociado al presidente Alberto Fernández. Acciones, mentadas o no, que deterioran la eventual efectividad de la política económica.

Cualquiera sea el programa macroeconómico que se gestione, el grado de cohesión político y social es directamente proporcional a la probabilidad de éxito. En efecto, no es casualidad que el estudio anual de competitividad de las economías realizado por el Foro Económica Mundial y, para el caso argentino, por el IAE (de la Universidad Austral), haya agregado el pilar Cohesión Social como determinante de competitividad y crecimiento de largo plazo.

Asimismo, en perspectiva histórica, la cohesión sobre los programas económicos determina la sostenibilidad de los mismos, recordemos el caso de Convertibilidad que, a pesar de sus dificultades y necesaria modificación, la sociedad lo impulsó hasta el último momento; o la aprobación social de una idea errónea de que la economía se sostiene principalmente promoviendo el consumo sin tener en cuenta los efectos sobre la oferta y el ajuste de precios.

La salida virtuosa de una crisis y establecer a la economía en un sendero de crecimiento sostenido demandan acuerdos sobre las políticas a implementar y sobre la agenda de reformas de largo plazo. Cuestión sustantiva para una sociedad de grandes divisiones que se exponen infructuosa y taxativamente desde el interior del espacio político del Gobierno hacia toda la sociedad.

(* - Martín Calveira es economista e investigador del IAE Business School, de la Universidad Austral).