La eliminación de Ganancias enriqueció a los más ricos
Los datos del INDEC del cuarto trimestre de 2022 muestra que cayeron los ingresos familiares de todas las escalas sociales, menos una: los de la minoría que más gana.
La comparación de la línea de pobreza entre el período del año pasado que comprende las PASO, la elección general, el balotaje y asunción presidencial y el mismo del 2022, libre de inflación, desnuda un claro patrón de desigualdad.
El economista del CEDLAS-UNLP Leonardo Tornarolli, que investiga pobreza, desigualdad y otros aspectos socioeconómicos, elaboró con datos del INDEC un gráfico según el cual de los 10 deciles en los que se dividen los ingresos familiares, el más pobre registró un retroceso de 13,3%, el que le sigue 12,9%, hasta llegar al décimo, el más rico, en que se vuelve positivo en 1,7%.
La interpretación que le da el director de análisis macroeconómico en Suramericana, Fernando Morra, a un cuadro similar, pero sin deflactar, es que el avance de la gran minoría de los de mayor poder adquisitivo ganaron 2,2% en la participación total, cuando las 9 categorías restantes mostraron retrocesos entre 0,3 y 0,4%.
Significa que la brecha de la desigualdad se amplió en más de un punto y medio a favor de los más ricos en plena caída general.
Que las clases media y la baja hayan sido las más afectadas en ese marco podría ser indicativo de que la eliminación del impuesto a las ganancias a las personas funcionó en gran parte como distribuidor de ingresos, según apuntó en su cuenta de X el calificado profesor y miembro Consejo de Dirección de la UTDT, además de titular de cátedra en la UBA, Bernardo Kosacoff.
El último análisis que realizó el INDEC sobre la distribución del ingreso en Argentina corresponde al último trimestre del año pasado.
La suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $4.615.589 millones, lo que significó un incremento del 169,3% en relación con el mismo trimestre de 2022.
El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.528.631 personas, alcanzó los $156.309, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $114.0002.
Estos datos reflejan la desigualdad en la distribución del ingreso y revelan la situación económica en el país.
Pero asimismo permiten ubicar la capacidad adquisitiva de las familias según las escalas a las que pertenezcan.
Canasta básica
Los datos oficiales, al 16 de enero de 2024 arrojaban un valor para la Canasta Básica Total (CBT), relevante para evaluar la situación económica de los hogares, de $495.798, cifra que representa el ingreso mínimo necesario para que una familia tipo 2 (compuesta por dos adultos y dos niños) pueda cubrir sus necesidades básicas nutricionales y gastos totales.
Las diferencias en la distribución del ingreso también se exacerban a nivel provincial.
En Tierra del Fuego, el per cápita familiar alcanzó los $200.000 en septiembre de 2023.
Sin embargo, es el más alto del país, aunque esta provincia austral solo concentra el 0,7% de los recursos monetarios de la nación.
El contraste sería Chaco, cuyo ingreso per cápita familiar es de $58.000, lo cual abre una brecha significativa.
El índice Gini, que mide la desigualdad económica en un país o región, muestra en una curva declinante desde 2005 en el caso argentino. Repunta a 0.4511 en 2020, año de la pandemia, y vuelve de descender.
El número 1 del Gini representaría la concentración total de ingresos y el 0.5, que la distribución está a medio camino entre la igualdad y la desigualdad total.
Un valor más alto indica una mayor concentración de ingresos en un grupo reducido de la población.
La desigualdad en la distribución del ingreso está influenciada por varios factores, como la estructura económica de cada provincia y las políticas públicas implementadas.
El INDEC registra una población urbana total de 42,5 millones de personas, de los cuales 26,8 millones es urbana.
Las tres cuartas partes percibe ingresos laborales y el 25% restante no laborales. Ingresos laborales 75,7% no laborales 24,3%.
La cantidad de ocupados asciende a 18.5 millones: 8,7 millones son asalariados, entre sector público y privado, que aportan al sistema previsional, mientras 5,1 millones no tienen descuentos jubilatorios.
La brecha entre la remuneración que perciben unos y otros es de 54,8% a favor de los formales.
