Por Pablo Challú (*)

El Gobierno inició su gestión hace más de un año sumergido en un escenario económico muy grave: la "súper crisis". Lo normal y deseable hubiese sido que, ya en la asunción, diese a conocer un plan para enfrentarla, cosa que no sucedió.

Tal proceder, poco recomendable frente a la magnitud de la crisis, se explicó argumentando que era secreto, pero luego, y ya en forma definitiva, expresando que era preferible trabajar sin un Plan.

Las medidas que se fueron tomando muestran ciertos elementos comunes y permanentes en las políticas macroeconómicas que permiten caracterizarlas y, en función de ello, explicar las razones por las cuales la crisis no se superó sino que, incluso, se agravó.

En política exterior, la oposición al Gobierno de Donald Trump y el alineamiento con Europa, llevaron a colisionar con políticas de Estado del país del norte, tal como el conflicto principal que mantiene con China, a los que se sumaron el enfrentamiento con Brasil y los problemas del Mercosur.

Tal situación no ayudó a la recuperación de la confianza externa en el país y la apertura de los mercados financieros.

En el plano interno, la priorización de la negociación de los vencimientos de la deuda externa arrojó resultados más que discretos.

La demora en dar una respuesta global a los múltiples problemas que iba presentando la economía los iba agravando, pero también los magros resultados de la negociación con los acreedores privados, ya que el cierre del mismo se realizó a una tasa de descuento calculada en el 54%, muy alejada del objetivo del Gobierno (entre 40% y 42%), y aún de lo que esos mismos acreedores reclamaban en un principio (alrededor del 50%).

El fracaso más obvio es que los mercados externos continuaron cerrados, no solo para la Argentina sino también para el sector privado.

El Gobierno respondió a los problemas más urgentes con políticas parciales, de emergencia y minimalistas.

El enfoque parcial se dio claramente cuando se manifestaron desequilibrios extremos en el mercado cambiario, y la venta de bonos públicos nominados en dólares, a precios atractivos para los inversores.

Si bien lograron cierto éxito al disminuir las distintas brechas en la cotización del dólar, lo hicieron al precio de contribuir a mantener muy bajos los precios de los bonos y muy altas las tasas de interés en dólares, así como el riesgo país, contribuyendo así a mantener cerradas las fuentes externas de financiación.

Las medidas adoptadas en el marco de la emergencia, principalmente el congelamiento de precios y tarifas, al no tener un marco de política que alumbrara el devenir futuro de las mismas y su congruencia con otros objetivos, tornaron las medidas en precarias, alimentando así la incertidumbre con sus efectos negativos sobre la producción y la inversión.

Asimismo, el Gobierno siempre apuntó a fijar objetivos de muy corto plazo y de alcance muy limitado.

El ejemplo más claro lo da la previsión sobre el crecimiento del Producto Bruto, que prevé recuperar la caída prevista para 2020 (12%) recién luego de tres años, lo que determina un contexto muy desfavorable para la producción y la inversión.

Ante la pandemia, el Gobierno optó por plantear una falsa dicotomía para tomar medidas: o privilegiar la salud o privilegiar la economía.

Pero de lo que se trataba era de buscar el mejor equilibrio entre uno y otro objetivo.

El Gobierno eligió privilegiar la salud postergando la economía: el resultado fue realmente negativo.

La Argentina se encuentra entre los diez países del mundo con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, al mismo tiempo que será uno de los países con mayor caída del Producto Bruto en el mundo.

En política fiscal, el Gobierno implementó la mayoría de sus planes de recuperación de ingresos de los sectores más populares y de ayuda a las empresas y familias afectadas por la rigidez y duración de la cuarentena, a través de la financiación monetaria por parte del BCRA, llegando la emisión a solventar el 50% de los gastos estatales.

En función de ello, y debido a la renegociación emprendida con el FMI, el impulso de la economía que pretende el Gobierno se verá limitado por la necesidad de reducir el déficit fiscal a niveles que el FMI considere tolerables, con lo que la política fiscal se encuentra con el dilema de bajar sustancialmente el Gasto Público, o de aumentar impositivamente sus ingresos o de abandonar el rol dinámico asignado al sector público.

La política monetaria siguió pasivamente a la política fiscal emitiendo lo que el fisco le requería para poder financiarse, pero intentó en todo momento absorber cierto exceso de emisión a través de operaciones de mercado abierto, lo que contribuyó a aumentar el déficit cuasifiscal, y a mantener muy altas las tasas internas de interés. .

La política de ingresos procuró establecer a través de subsidios y de la política impositiva, una redistribución de ingresos a favor de los sectores de menores recursos, aunque afectando a amplias franjas de sectores de ingresos medios bajos.

Terminó con resultados contrarios a los perseguidos, al aumentar fuertemente la pobreza y la desocupación.

Esta combinación de políticas persistirá en el futuro, con lo cual el país transitará por un estrecho desfiladero.

Por un lado con una recesión que puede transformarse en depresión, y por el otro con una muy alta tasa de inflación con peligros de hiperinflación.

* Economista. Presidente del Consejo de Empresarios Nacionales.