Las nuevas restricciones dispuestas en los decretos de necesidad y urgencia 235/21 y 241/21 no pudieron repetir el grado de severidad de marzo del año pasado por la actual situación económica, antes que por una supuesta reevaluación de la efectividad de las medidas tomadas por entonces, de acuerdo con el análisis de la consultora Invecq.

A diferencia de la situación de marzo de 2020, en la actualidad “el déficit fiscal ya es muy alto, las reservas internacionales son más bajas y la economía pasó de estar desmonetizada a estar sobremonetizada”, sostuvo la entidad, para la que “pase lo que pase con el virus, hay pocas chances de que el gobierno pueda responder de la misma manera que el año pasado”.

“Es indudable que el principal límite a los gobiernos (de la Nación y las provincias) ahora se los impone la realidad económica”, aseguró, más allá de que muchos gobernadores “no están de acuerdo con volver a implementar medidas similares a las del año pasado, habida cuenta de la ineficiencia que demostraron en el objetivo de disminuir la mortalidad”.

Asimismo, Invecq advirtió que el “rebote” que algunas actividades habían comenzado a mostrar en el último tramo de 2020 “sería débil y podría estar encontrando un límite”.

Al respecto, señaló que “los datos tanto de las ventas de materiales para la construcción como de la actividad industrial fueron negativos en el mes de febrero” en la comparación mensual, con caídas del 4% y 1,6%, respectivamente, que se diluyeron en medio del crecimiento interanual.

Pero “más allá de estos dos sectores en particular, las señales más preocupantes vienen desde el mercado laboral”, ya que “la recuperación del empleo privado registrado está prácticamente estancada desde hace ya varios meses, lo que indica que lo que sea que se haya recuperado del empleo perdido está canalizándose a través del mercado informal”.

“Al mismo tiempo, el ingreso real de los trabajadores continúa deteriorándose a medida que la inflación permanece alta y los salarios nominales aún no se han ajustado o lo han hecho siguiendo la pauta de inflación del Ministerio de Economía que a esta altura luce imposible de ser cumplida”, agregó, en alusión a la pauta del 29% para todo 2021.

En ese sentido, indicó que entre mayo del año pasado y enero del presente “se perdieron 283.000 empleos privados (159.000 asalariados y 124.000 independientes)”, en tanto los 59.000 que se pudieron recuperar “todos han sido de trabajadores independientes ya que los asalariados continúan por debajo del valor de mayo pasado”.

“Es decir que, a un año del inicio de la pandemia, solo en el sector privado formal se registra una pérdida de unos 225.000 empleos”, subrayó, al tiempo que estimó que “a este número se suma la pérdida de más de 500.000 empleos no registrados o informales”.

Pero a esa destrucción de puestos de trabajo debe añadírsele que aquellos que pudieron mantener su empleo acusan una contracción en sus ingresos. Al respecto, Invecq precisó que en enero, “con un salario promedio de poco más de 68.000 pesos brutos, el poder adquisitivo de los trabajadores en relación de dependencia formal se contrajo 7,2% con respecto al mismo mes del 2020”, una caída que “se suma a la ya acontecida en enero del 2020 (-2,1%) y a la fuerte caída del año 2018”.

“En definitiva, a diferencia del año pasado, el gobierno deberá ser extremadamente cuidadoso con las medidas de aislamiento ya que se encuentra operando sobre un escenario socioeconómico profundamente deteriorado en comparación con el de un año atrás”, advirtió la consultora.