Por Lucio Di Matteo

La novedad es tanto judicial y económica, como política. En cuanto a esto último, porque no es habitual que una denuncia realizada por una especie de opositor permanente -Fernando Míguez, en nombre de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático- sea tomada casi literalmente por el fiscal a cargo. En este caso, quizás por lo evidentes que son los hechos, la argumentación de la denuncia fue tomada para el requerimiento de instrucción por el fiscal Carlos Stornelli.

Tal como pide el denunciante, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional 4 pide investigar quiénes son los dueños y accionistas de Bunge y un grupo de empresas asociadas: Bigsur S.A., Tradesur S.A.,, Trader Caribe, Bunge Singapur, Bunge China y Bunge Egipto. El fiscal, siguiendo la presentación del denunciante, también pide información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Mercado de Valores (Merval).

La acusación recae sobre tres directivos de Bunge (Adrián Chueco, Guillermo Marcotegui, Ramón Fernández Asenjo) y el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevere. Los delitos atribuidos -todavía no probados, la investigación apenas comienza- son tres: defraudación contra la administración pública, lavado de activos y evasión agravada.

"Operación premezcla": cómo pagar 5% de retenciones, cuando debería ser 30%

Las maniobras que se atribuyen a estos objetivos son dos. Una es la que más difusión tuvo: anticipar declaración de exportaciones para pagar menos retenciones; anticipando un aumento de las mismas en el gobierno de Alberto Fernández, lo que finalmente ocurrió, pero falseando los datos pues los granos que supuestamente se exportaban no estaban disponibles. Esta es la maniobra a la cual se le atribuye un perjuicio para el Estado de u$s 100 millones.

Sin embargo, la otra maniobra, a la cual se le prestó menos atención, abre una caja de Pandora, pues resulta casi imposible estimar anticipadamente de cuánto es la supuesta evasión fiscal. Podría ser menos de u$s 100 millones, pero también mucho más. En la denuncia se la llama "Operación Premezcla", pues consiste en declarar como premezcla de diferentes harinas lo que en realidad sólo contiene harina de soja. La diferencia es que la primera pagar 5% de retenciones, mientras que la segunda 30%.

Esta maniobra, muy conocida en la Aduana, se le atribuye a diversas compañías exportadoras, no sólo a Bunge. Y se usa, por ejemplo, también en artículos electrónicos, declarando una posición arancelaria que paga menos impuestos, cuando el bien exportado o importado es realmente de otro nomenclador que paga más.

Según el denunciante Míguez, en nombre de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Bunge habría dejado en evado su accionar supuestamente delictivo de dos maneras. Por una parte, encargándole la premezcla a empresas que serían supuestamente independientes pero controladas suyas: Bigsur S.A. y Tradesur S.A. Además, el talón de Aquiles, si se comprueba la maniobra: es el siguiente: Bunge exportó la premezcla a otros países, pero cuando salió de esas naciones rumbo a otras, fue declarada como harina de soja.

Hace falta que la justicia de esos países tenga buena voluntad y envíe la información. Pero, de ser cierta, se probaría rápidamente la maniobra. Las firmas que importaron desde la Argentina y luego importaron a otros países son Trader Caribe, Bunge Singapur, Bunge China y Bunge Egipto. Según la denuncia, "sorprendentemente fueron importadas en los diferentes países como harina de soja, es decir, ni rastros de la supuesta premezcla que la propia Bunge habría hecho a fasón en su propia sede". Alcanzará con acceder al Bill of Landing (BL), que es una especie de documento de identidad de cada contenedor, para saber si es así o no.