Los préstadores de salud (sanatorios, clínicas, laboratorios, consultorios) que no pertenecen a las prepagas alertaron sobre la profundización de la crisis sanitaria.

Por un lado, debido a los fuertes aumentos en las cuotas de las prepagas que dejaron fuera del sistema a más de 100 mil afiliados, y por otro, que el diferimiento de pagos que les aplicaron los gerenciadores, representa una quita del 50% en el incremento original.

En febrero y marzo, meses en los que rigió el congelamiento de las cuotas por intervención del Gobierno ante la avalancha de cautelares, no hubo medidas que modificaran los focos de tensión.  

Una de las demandas en las que coincidían los actores de "la oferta" era corregir el Programa Médico Obligatorio (PMO), instituido en la década del ´80, que son las prestaciones básicas cubiertas cualesquiera sean los planes.

Pero en el listado de reclamos aparecen la desgravación impositiva, instaurar algún valor compensatorio para cubrir el desfasaje entre costos y valores prestacionales o asociar el aumento de las prepagas a los honorarios que perciben los prestadores –médicos, psicólogos, etc.–, ninguno concretado.

En este caso, los prestadores se ilusionan con el "voucher sanitario", ya que pueden aprovechar la capacidad ociosa sin sufrir los efectos de la intermediación e implica que el profesional sea libre de elegir hasta dónde cubrir y no.

Sacar de la cadena de la relación con el paciente a intermediarios financieros y que además las clínicas puedan tener su propio círculo de asociados para completar los tratamientos que el voucher no cubra, son avizorados como un futuro para la medicina.

En esta transición, advierten desde el sector ataviado con uniformes, se sienten sometidos a la discrecionalidad de los gerenciadores, y vienen alertando que el sistema está encaminado hacia la quiebra y la desatención de la población.

Calidad de atención

"Es necesario establecer parámetros que aseguren la calidad en la atención en tiempo y forma, pero eso depende, en gran parte, de que los valores prestacionales no sean inferiores a los costos de tales prestaciones. Ese es el camino más corto a la quiebra del sistema y la consiguiente desatención", lo ponen en palabras Omar López Mato y Juan Manuel Ibarguren, miembros de CAMEOF.

Están pendientes de que se haga un plan de contingencia cuando las prepagas y obras sociales no puedan cumplir con sus compromisos y subrayan que algunos de ellos promocionaron promesas desmesuradas a fin de atraer clientes.

Señalan que ese "plus tentador" (cirugías plásticas y descuentos en productos que nada tienen que ver con la salud) está, en muchos casos, reemplazando a la cobertura básica que el Estado no garantiza en el sistema público.

Hay latente otra encrucijada en caso de que se agrave más aún la crisis sanitaria, vaticinan, ya que "los afiliados (especialmente los más antiguos y vulnerables) estarán en una situación desesperante y las cuentas impagas a sus prestadores profundizarán los problemas económicos del sistema".  

Y desconfían de que la “mano invisible” del mercado lo pueda corregir a la corta.

Sistemas solidarios 

Es que el sistema de salud, al igual que el previsional, son solidarios y están basados en un sistema piramidal: cuanto más gente sana y joven haya en la base y menos enfermos en la cúspide, mejor cierran los números empresarios.

Pero como las recurrentes crisis argentinas bajaron la población con posibilidades de acceso a la salud privada y solo quedaron las personas que no podían salir del sistema por sus problemas de salud, los voceros de los prestadores añaden que la población envejeció y forman un juego de pinzas con la caída en los ingresos, que dio vuelta la pirámide, de modo que el sistema, de por si hipertrofiado, entró en crisis, indican.

Las gerenciadoras, de acuerdo con su visión, ahora dicen no contar con los medios para sostener a los afiliados que, durante 10, 30 o 50 años, aportaron la cuota para tener una medicina de “excelencia”, como fue promocionada.

En consecuencia, consideran muy difícil cumplir en las actuales circunstancias cuando la consulta difícilmente llega a los 10 dólares, “quizás la más baja del mundo”, acotan.

El riesgo que agitan es que el afiliado que pagó por décadas su cuota, por un impedimento transitorio, pierda todo lo invertido en su salud por una dificultad financiera ajena a su voluntad de pago. Y se preguntaría: "¿en manos de quién está el dinero que no usó?"

Dejan picando el interrogante: ¿no sería mejor evolucionar a un sistema de seguro, donde la gente sea dueña de ese dinero ahorrado?

El sitio Chequeado expuso una radiografía básica del sector:

El 14% de la población cuenta con servicios de medicina privada; esto representa a más de 6 millones de personas.

Las jurisdicciones que tienen más personas afiliadas a estas empresas son la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires.

Especialistas señalan que esta elección está relacionada, en parte, con la demanda de nuevos tratamientos y las mejoras tecnológicas en el campo de la salud; y también con un crecimiento deficiente de la oferta pública.

Las prepagas pueden abarcar distintos tipos de entidades, de acuerdo con la Ley 26.682 que regula la actividad.

Pueden ser sociedades comerciales (Swiss Medical, Galeno, OMINT, Medicus y Paramedic son las que tienen más afiliados), obras sociales con planes superadores (OSDE y Accord), cooperativas (ACA Salud), mutuales (Sancor Salud y Federada Salud), asociaciones civiles (Medifé y Hospital Italiano) y fundaciones (Fundación Médica Mar del Plata).

La mayor proporción de asociados se concentran en las sociedades comerciales (39,3%), los planes superadores de obras sociales (36,2%) y las mutuales (11,6%). Swiss Medical, Galeno, OSDE y Sancor Salud son las principales empresas de cada categoría en cuanto a cantidad de afiliados, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La presencia del sector privado es más amplia si se lo analiza como prestador de servicios. 

Entre hospitales, sanatorios, consultorios particulares, la prestación privada es responsable del 50 o el 60% de la oferta de servicios.

Es que las obras sociales sindicales, las provinciales, el PAMI incluso; en su mayoría no tienen prestadores propios, entonces contratan a los privados.