La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se manifestó a favor de la Ley Ómnibus que envió el Gobierno de Javier Milei al Congreso, respecto a la libre competencia y la desregulación de los precios.

A través de un comunicado, señalaron que “CARBIO apoya los mecanismos de competencia introducidos en Proyecto Ley del Poder Ejecutivo Nacional enviado al Congreso el pasado miércoles 27 de diciembre, en cuanto a la derogación del establecimiento de precios, distribución de cupos de abastecimiento a productores por parte de la autoridad de aplicación y otras intervenciones de mercado establecidas en la actual ley 27.640”.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca modificar la Ley de Biocombustibles, mediante la cual se impide la posibilidad que todos los actores de la cadena participen en el abastecimiento de biodiesel para el corte en el mercado interno.

El Presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, consideró que “es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre”.

Durante las sesiones extraordinarias del Congreso se debatirán estas reformas, con la intención de eliminar la regulación estatal en el precio de compra de la materia prima de origen vegetal (maíz, soja y caña). La propuesta contempla que las petroleras puedan negociar directamente los valores de compra con los productores, sin intermediación del Estado.

Desde CARBIO subrayaron que la apertura se traducirá en mejoras en la calidad del producto e incentivos para los inversores del sector que “generarán más y mejores opciones para el consumidor”.

En esta línea, Zubizarreta señaló que la intermediación estatal “merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país. El proyecto de ley actual soluciona esta inequidad, le dará al consumidor un biocombustible de calidad y a precios razonables, promoviendo una industria competitiva y sustentable”.

Por otra parte, en su comunicado la Cámara realizó una serie de observaciones respecto a algunos puntos clave del proyecto de Ley. En primer lugar, solicitaron la incorporación de una cláusula de reciprocidad en la importación de biodiesel para los restantes países comercializadores.

En cuanto a los cortes obligatorios, la entidad sugirió un valor del 14% para este año 2024 y del 15% para el 2025, pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo -en casos excepcionales y justificados- del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas que se adopten.

Por último, manifestaron que se debería mantener la no gravabilidad sobre los biocombustibles respecto de tributos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). En este sentido, señalaron que de no hacerlo “igualaría a los biocombustibles con los combustibles fósiles en cuanto al objeto de estos impuestos, que es precisamente gravar aquellos combustibles que más contaminan y promover de ese modo una matriz energética más limpia”.