Por José Calero

Mientras el Gobierno aguarda que las últimas medidas aceleren la liquidación de divisas, el sector empresarial y los mercados observan con preocupación la persistente brecha cambiaria, porque consideran que desalienta las inversiones y reduce la posibilidad de vender rápido la cosecha de soja pendiente.

Los productores mantienen retenidos unos 17 millones de toneladas de soja y no parecen dispuestos a venderla en el corto plazo.

Es que mientras reciben un dólar neto de retenciones de 55 pesos, observan cómo en el mercado blue opera a $145.

Consideran que no está dicha la última palabra sobre hasta dónde puede subir la moneda norteamericana.

Aunque el gobierno prefiere no hablar del tema, tener una brecha cambiaria del 100% es inviable, y más temprano que tarde puede terminar en una devaluación de alto impacto.

Ante este escenario, especialistas del mercado agroexportador estiman que durante octubre el volumen de soja que liberarían los productores no superaría los 2 millones de toneladas, apenas poco más del 10% del total retenido.

Esto tendrá sabor a poco para las expectativas del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe del Banco Central, Miguel Pesce.

La industria estima que hay 17 millones de toneladas de soja de la última cosecha (que fue de 49,5 millones) almacenadas a la espera de mejores precios.

Otro 8 millones de toneladas fueron entregadas a los agroexportadores "sin fijar precio", es decir con una venta comprometida pero no cerrada.

En total, 25 millones de toneladas que, exportadas, supondrían un ingreso adicional de u$s 7.000 millones, que permitirían robustecer las reservas de libre disponibilidad del Banco Central.

Tal vez por eso el jefe del BCRA avisó al mercado que habrá una devaluación más acelerada y menos previsible.

El problema es que una escalada del dólar presionará sobre la inflación, al encarecer los bienes importados, presentes en casi todas las cadenas productivas.

La duda en el mercado es si la suba del dólar será de manera gradual o podría aplicarse de una vez.

Todo indica que el Gobierno apuesta a una opción gradualista, pero podría ser empujado a aplicar la segunda alternativa, más drástica.

La tercera lectura es que el Gobierno podría esperar a tener cerrado el acuerdo con el FMI para ir por el ajuste cambiario.

El Fondo es enemigo de las brechas cambiarias y siempre apunta a buscar transparencia en el mercado de divisas.

Esa transparencia es inviable con la presencia de un dólar blue moviéndose en la franja de los $140.

Los bancos de inversión descuentan que la Argentina iniciará un ritmo más veloz de depreciación del peso.

Y creen que Guzmán debería dar más precisiones sobre cómo prevé financiar el rojo fiscal.

El primer test de las últimas medidas fue negativo para el gobierno y obligó al Banco Central a vender más de u$s 110 millones.

Pero en el Gobierno creen que la puesta en marcha de la baja de retenciones a partir de esta semana acelerará la liquidación de divisas y fortalecerá la posición del BCRA frente al mercado.

En la city insisten en que se debe reducir la brecha cambiaria, bajar el déficit fiscal y dar más certidumbre sobre cómo financiarlo.

Las medidas "llegaron tarde y no alcanzan", coinciden la mayoría de los economistas escuchados por el sector empresarial.

Y sostienen que existe un "problema de credibilidad", por parte del Gobierno, que se verifica en que el Banco Central debió vender u$s 540 millones en las últimas dos semanas.

Vender reservas, convalidar un salto del dólar o subir las tasas de interés son tres posibilidades en el horizonte, todas de alto costo para un Gobierno que no está en condiciones de derrochar balas en medio de una pandemia que no aminora su ritmo de contagios.

Por eso, en el mercado creen que se buscará acelerar el acuerdo con el FMI para despejar el horizonte de pagos.

El organismo sigue teniendo buena sintonía con la Argentina, en especial porque ayudar al país a salir de la crisis sería un espaldarazo para la gestión de la búlgara Kristalina Georgieva.

La Argentina y sus crisis recurrentes aparecen así como una caso testigo para el organismo multilateral, cuyo futuro también dependerá del resultado electoral en los Estados Unidos.