Prácticamente han transcurrido unos 14 años desde el conflicto del 2008 con el sector agropecuario y la famosa resolución 125 donde Julio Cobos emitió su recordado voto “no positivo” que echó por tierra el avance del gobierno kirchnerista sobre la producción agropecuaria y la implementación de un esquema de retenciones móviles. Pasó el tiempo, pasaron los gobiernos, y a pesar de ello parecemos estar situados exactamente en el mismo punto que en aquel año.

La presión impositiva y por sobre todo el permanente cambio en las reglas del juego están estancando al sector más productivo de la economía argentina. El sector agropecuario es responsable de darle empleo a 324.000 de manera directa y cerca de otro millón de puestos de trabajo dependen que el campo cada día amanezca para producir. El 66 por ciento de los dólares que circulan en el país son producidos también son responsabilidad del campo. Además el Estado tiene una participación de cerca del 65% en la renta agraria. Para que resulte bien gráfico: de cada 3 hectáreas que son explotadas por el campo, dos se explotan para que el Estado se las quede. Sin embargo, se los estigmatiza como los grandes oligarcas que hambrean al pueblo a pesar que los datos indican precisamente lo contrario. Es más, la vida de pueblos enteros del interior del país dependen de una buena cosecha o de una buena producción ganadera. 

En algún momento la sociedad argentina y especialmente la dirigencia política tendrán que tomar cartas en el asunto. Solo en democracia la pobreza la han multiplicado por diez, al Estado lo han multiplicado por tres y los planes sociales por treinta –en el mejor de los casos-. Los datos están a la vista: una economía estancada, 19.000.000 de personas pobres, 4 millones de indigentes (o personas que no logran alimentarse como deben cada día) y un nivel de desocupación que tiene dos explicaciones para dar: un Estado como motor de creación de puestos de trabajo ficticios para “corregir” las estadísticas laborales y empleos en el sector privado de baja calificación y malos salarios en un marco donde las empresas que no se van del país son simplemente aquellas que no pueden. El resto mira cualquier país de la región como una posibilidad. Las empresas ya no vienen a radicarse a la Argentina y cualquier inversión está lejos de concretarse, no solo la del exterior sino la de los propios argentinos. 

Las explicaciones a tanta decadencia son múltiples pero hay una que es por demás desoladora: la desconfianza en la clase política y en el futuro que estos tienen planeado hacia el futuro. Una dirigencia en vez de invertir su tiempo en buscar alternativas para dejar de ahogar al sector privado con impuestos y reglas poco claras, con sindicatos (al menos una buena parte de ellos) que solo trabajan por las riquezas de sus líderes sindicales y complican la supervivencia de las empresas, con un sector financiero que no llega al que produce y con legislación laboral más parecida a los tiempos de la colonia que la siglo XXI, está malgastando sus horas en discutir temas como el “Concejo de la Magistratura” que probablemente sea relevante para la salud republicana pero absolutamente lejano para quién se levanta cada día en la Argentina para intentar llegar a la noche habiendo logrado sobrevivir.

Sigan intentando estatizar los esfuerzos del sector privado y hasta Cuba será una alternativa. Fin.