La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), interdictó 181 toneladas de maíz durante una fiscalización llevada a cabo en un establecimiento agropecuario de la provincia de Córdoba, al detectar que la mercadería no contaba con la documentación respaldatoria correspondiente.

En otro operativo, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto también comprobaron diferencias de existencias de 1.302 toneladas de maíz y 47 toneladas de soja en otro campo de la misma provincia.

De esta manera, se incautaron en total 1530 toneladas de granos cuyo valor de mercado es de $62 millones. Los contribuyentes fiscalizados tenían un atraso de más de 60 días en la carga de información de esos stocks.

Se trata de dos contribuyentes, uno cuya actividad está vinculada a la producción de huevos, con una dotación de 50.000 gallinas ponedoras y otro dedicado a la cría y engorde de porcinos, con una existencia de  850 cerdos.

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De acuerdo a la normativa vigente, los operadores del comercio de granos, incluidos los compradores para consumo, están obligados a un régimen de registración sistémica de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra, para un adecuado seguimiento y control de las operaciones involucradas.

La falta de cumplimiento de esta disposición facilita la evasión de las obligaciones fiscales, a la vez que resta transparencia a las operaciones de comercialización.

En ambos casos, la AFIP analizará posibles multas conforme a la Ley de Procedimiento Tributario N.° 11.683 y el impacto en el scoring del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

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