La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó la solicitud de la Argentina y de los fondos de inversión demandantes que no entraron a los canjes de deuda del país, conocidos como “Holdouts”, y ordenó que la audiencia prevista para el próximo viernes sea abierta al público.

En esa audiencia clave se identificarán cuáles son los activos propiedad del Estado argentino que la jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó embargar, en el marco de su fallo contrario a la Argentina.

Los holdouts reclaman el pago de una suma millonaria al país por el no pago de la deuda. El nuevo fallo de Preska forma parte de una larga historia de la Argentina con los holdouts, acreedores de los bonos defaulteados del 2001 y generalmente conocidos como "fondos buitre".

“Finalmente tendremos una muy buena idea, aunque no exacta, sobre cuáles son los activos que la jueza Preska autorizó embargar, pero declaró confidenciales por su importancia”, indicó Sebastián Maril, el especialista en mercado que sigue en detalle el derrotero de los juicios contra la Argentina que se ventila en la Justicia neoyorquina.

Maril, director de la consultora Latam Advisors, consideró que este año la Argentina “debe comenzar a tratar los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos”.

A su vez, señaló que “los beneficiarios de sentencias deben entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”.

Antecedente.

En septiembre último, la jueza Preska, quien heredó del fallecido Thomas Griesa los litigios por el incumplimiento de pagos con los holdouts y tiene a su cargo también el fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF, rechazó embargar las reservas del Banco Central.

Lo hizo a pesar de haberle dado la razón al fondo de inversión Bainbridge, con sede en Bahamas, en su reclamo debido al incumplimiento de pagos por un monto de 96 millones de dólares por parte de la Argentina.

Preska falló contra el embargo de las reservas regidas por la ley Foreign Sovereign Immunities (Act -FSIA), la cual establece la inmunidad de los activos no comerciales de las entidades estatales ante la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos.

La jueza recordó en su fallo que la Argentina "se opone al dictado de una orden que le establezca la rotación de los activos en poder del Banco Central de Argentina argumentando, entre otras cosas, que los activos son inmunes a la rotación en virtud de la FSIA, porque se encuentran fuera de Estados Unidos y Bainbridge no ha demostrado que los activos estén sujetos a ejecución una vez introducidos en Estados Unidos en virtud de la FSIA".

En oposición al argumento argentino, Bainbrige sostuvo ante la jueza que los activos de la República no son inmunes a su ejecución debido a las amplias renuncias de la Argentina a la inmunidad soberana contenidas en los documentos que rigen los bonos defaulteados. 

"La República renunció al requisito de que el activo se utilizara para la actividad comercial en los Estados Unidos e incluso si la República no renunció al requisito de actividad comercial, los activos relevantes se utilizaron para la actividad comercial en los Estados Unidos", consideró ese fondo.

Aunque Prieska señaló que el tribunal cuenta con la potestad para ordenar a un soberano el embargo de activos depositados en el banco central argentino para ser entregados en Nueva York, el fallo concluye que el fondo "debe proporcionar la base probatoria para hacerlo antes de que el Tribunal pueda ejercer esa potestad. Por lo tanto, la moción de Bainbridge es denegada sin perjuicio de renovarla si, y cuando, pueda hacerlo".

Luego de la reestructuración de deuda kirchnerista del 2005 y de las complicadas relaciones con el Juez Griesa abiertas por el embargamiento de la Fragata Libertad, el pago a los holdouts del gobierno de Mauricio Macri intentó en 2016 darle cierre a un dificultoso legado deudor argentino. 

En sentido opuesto, la clausura del primer juicio sentó los precedentes jurídicos para la apertura de más demandas. 

Fue así que durante el 2016, el fondo de inversión Bainbridge de Bahamas presentó una nueva demanda ante los tribunales de Nueva York contra el gobierno argentino, realizando una denuncia por títulos en default no canjeados durante las reestructuraciones y por lo tanto no pagos desde 2001.

El conflicto acecha hasta el pasado más inmediato, dado que fue durante el 2020 que Bainbridge rechazó la renegociación liderada por Martín Guzmán. Tan solo el año pasado, el fondo solicitó ante la jueza el embargo de un inmueble ubicado cerca de la embajada en la ciudad de Washington DC.