La decisión del Gobierno del presidente Alberto Fernández de suspender el ajuste de las jubilaciones según la ley de Movilidad y disponer aumentos discrecionales por decreto derivó en un ahorro fiscal de unos $135.000 millones en 2020, a costa de menores haberes que los que hubieran correspondido con la fórmula de ajuste sancionada en diciembre de 2017.

De acuerdo con un informe de la consultora Invecq, con el aumento del 5% anunciado para diciembre y con vigencia hasta febrero de 2021, la jubilación promedio pasará a ser de $28.729, pero con la fórmula anterior correspondería un haber promedio de $30.999, lo que representa una pérdida de $2.270 pesos por mes, un 7,32%.

"Con respecto a los aumentos otorgados entre marzo de 2020 y febrero de 2021 se observa que, lejos del discurso oficialista, estas medidas tuvieron el claro objetivo de morigerar los aumentos que hubiera implicado la aplicación de la fórmula votada en diciembre de 2017", señaló la entidad dirigida por el economista Esteban Domecq.

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Al respecto, la consultora precisó que "como dicha fórmula otorgaba aumentos por inflación y salarios (70% y 30% respectivamente) con un rezago de seis meses, en marzo y junio pasados, las prestaciones habrían recibido los aumentos nominales correspondientes a meses muy inflacionarios como fueron julio-septiembre y octubre-diciembre de 2019".

"Este hecho era evidente desde un primer momento ya que, si la intención del gobierno hubiera sido incrementar los haberes por encima de lo establecido por la fórmula entonces podría haber dejado la formula vigente y sumar a esos montos el importe que considerara necesario vía decretos", advirtió.

Sin embargo, Invecq sostuvo que los aumentos aplicados "funcionaron como una especie de desindexación del gasto en prestaciones y, al cabo de un año, implicaron un ahorro para el fisco en torno a los 135.000 millones de pesos".

Ese ahorro, añadió, "equivale a 0,5% del PBI", de lo que se desprende que si se hubiera seguido con la fórmula anterior "el desequilibrio fiscal récord con el que terminará este año el gobierno nacional hubiera sido un 0,5% superior y consecuentemente, también la emisión monetaria para financiar un rojo más elevado".

Para expresarlo en dinero, explicó que "el haber medio pasó en un año de $21.830 a $28.729, mientras que de haber quedado vigente la fórmula de movilidad automática, este importe habría llegado a los $31.000".

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Por otra parte, subrayó la pérdida para aquellas jubilaciones más altas en relación con la mínima, si se tiene en cuenta que los aumentos fueron diferenciados por franja de haberes.

"Una prestación mínima acumulará en el año un incremento del 35,3% mientras que una jubilación en torno a los $100.000 tendrá un aumento del 24%. Es decir que la desindexación implicó una actualización de entre 7 puntos y 18 puntos porcentuales según el monto original del haber versus el aumento igualitario para todos los haberes del 42% que implicaba continuar con la fórmula", sentenció Invecq.

Por último, la consultora criticó el "fuerte carácter procíclico" del diseño de la nueva fórmula, ya que al basarse en un 50% en la evolución de la recaudación impositiva, agrava la recesión cuando los ingresos fiscales disminuyen e impide el ahorro cuando suben.

"De esta manera, en los 'buenos momentos', cuando las finanzas públicas deberían ahorrar, no lo hacen", indicó, al tiempo que advirtió que "estas cuestiones ya habían sido señaladas por el FMI en revisiones anteriores, por lo cual es muy probable que generen cortocircuitos con el equipo económico en el marco de las nuevas negociaciones".