El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en conjunto con referentes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dio a conocer un informe que muestra las condiciones de acceso al hábitat y la vivienda en Argentina.

Entre las causas que ponen al descubierto la crisis habitacional que azota al país se destacan la falta de acceso al agua potable, cloacas, gas o luz, viviendas precarias y situaciones de vulnerabilidad extrema e incertidumbre para los inquilinos, entre otras.

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En la Argentina, uno de cada tres hogares no tiene una vivienda adecuada, según se desprende del informe, lo que se traduce en más de cuatro millones de hogares con déficit habitacional.

El estudio señala como causa principal del problema la falta de coordinación entre la política de planificación y la posibilidad de acceso a las viviendas, situación que quedó en evidencia con el aumento de barrios populares –en la actualidad existen 5687 en el país– donde las condiciones de vida son más precarias y las personas se encuentran expuestas a innumerables factores de riesgo.

Más de cinco millones de personas viven en los barrios informales. Del análisis de los datos se desprende que el 66% no tiene acceso a la luz; 90%, al agua potable; 97%, a la red cloacal, y 99%, al gas. Las cifras surgen del último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) realizado en 2022.

Asimismo, el relevamiento destaca que los hogares en peores condiciones representan el 32% de la totalidad del país y viven en condiciones deficitarias: 1,3 millones de ellos lo hacen en viviendas compartidas, es decir que se superponen dos o más hogares por vivienda, y 2,6 millones residen en viviendas que requieren ampliación y mejoras por falta de accesos a los servicios esenciales.

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Parte del informe se centró, a su vez, en la crisis desatada en el mercado inmobiliario para inquilinos y propietarios a tres años de la sanción de la ley de alquileres. De acuerdo con el informe, el 20,7% de los hogares alquilan la vivienda que, bajo las condiciones de la nueva ley, sufren dificultades para pagar.

Luego del diagnóstico, los referentes desarrollaron una serie de recomendaciones de política pública, que consideran pueden aportar una solución al conflicto, a dos semanas de las PASO.

Entre las propuestas, se destacan la sanción de normativa de ordenamiento territorial, el mejoramiento integral de viviendas, la implementación de un programa nacional de alquiler asequible, la sostenibilidad de los procesos de integración socio urbana en barrios populares y la promoción de soluciones habitacionales temporales en contextos de emergencia.