La realidad actual no tiene nada que ver con la que fuera prevista por el Gobierno Nacional hace unos meses, con lo cual el tránsito debe ser completamente distinto al proyectado en los planes oficiales establecidos en el Presupuesto 2021.

El auspicioso pronóstico descansaba en tres cuestiones: la posibilidad de cerrar las negociaciones con el FMI antes de las elecciones, el control de la pandemia y la confianza respecto del virtuosismo que generarían los rendimientos sociales de la recuperación económica.

Sin embargo, ninguna de estas tres claves parece darse en el momento en que estamos.

Por empezar, el acuerdo con el FMI se presenta mucho más complejo y parece no estar exento de condicionalidades fiscales.

En segundo lugar, la pandemia está lejos de estar controlada: la aparición de nuevas cepas más contagiosas y no haber podido llegar a la segunda ola con la población de riesgo vacunada puso a la situación sanitaria al borde del colapso.

En tercer lugar, la recuperación de la economía, inflación mediante, no produjo efectos positivos en la situación social.

Los datos del INDEC indican que la recuperación de la economía es cada vez más lenta, sin efectos en el nivel de empleo, con una composición más deteriorada de las ocupaciones vinculada con la expansión del cuentapropismo informal y el aumento del empleo no registrado.

Más aún, tenemos a finales del año pasado prácticamente los mismos niveles de pobreza que se habían verificado en el peor momento de la crisis (por encima del 45%).

Es decir, la reactivación fue a engrosar, vía precios, los márgenes de aquellas empresas con posiciones dominantes en los diferentes mercados. Asistimos por lo tanto a un nuevo escenario del 2021 que reclama mayores restricciones en la circulación de personas.

En este sentido, consideramos que la prioridad es la emergencia sanitaria y acompañamos la determinación planteada por el gobierno nacional de restringir la circulación en el AMBA así como también en las zonas del país con mayor riesgo epidemiológico.

Creemos que hay que salir de este debate respecto del cierre transitorio de las escuelas y avanzar en un cierre completo de actividades, manteniendo solo las esenciales durante 20 días o un mes.

Decisión que por cierto debiera estar acompañada por un conjunto de definiciones simultáneas al cierre preventivo:

  1. Shock sanitario: avanzar en la vacunación, equipamiento e infraestructura y reforzamiento de recursos humanos en el sector. Es imprescindible agotar todas las instancias para garantizar la producción de la vacuna en el territorio nacional acentuando el control público sobre el acuerdo entre el Laboratorio Richmond para la producción local de la Sputnik V para evitar incumplimientos como el ocurrido en el acuerdo que involucra a la vacuna de Astrazeneca producida en el Laboratorio Insud. Asimismo, deben favorecerse los desarrollos locales que están en marcha como los que tienen lugar en la Universidad de San Martín.
  2. Shock de Justicia Social: requiere de dos aspectos. Por un lado, un sistema de garantía de ingresos de carácter suficiente para toda la población y, por otro lado, el congelamiento de los precios de la canasta de consumo. En concreto, aumentos salariales, recomposición real del salario mínimo, de las jubilaciones y pensiones y la puesta en marcha de un Ingreso Básico que garantice la Universalización de los ingresos hacia la población informal y en situación de desempleo. También resulta imperioso acompañar con un nuevo ATP para las empresas en crisis. Para que el shock de ingresos tenga efecto debe acompañarse con una fuerte estrategia de disciplinamiento del capital concentrado congelando de aquí a fin de año los precios de los alimentos, la energía y los insumos fundamentales de la actividad económica.
  3. La postergación de las negociaciones y la suspensión de los pagos al FMI y al Club de París, que totalizan US$ 8.175 millones para este año.
  4. Sostener el Impuesto a las Grandes Fortunas: la situación exige que se prolongue hasta que termine la emergencia sanitaria profundizando las estrategias de control y fiscalización para avanzar sobre los millonarios que buscan eludir el pago.
  5. Hacer uso del margen fiscal disponible no anticipado en el Presupuesto 2021: la mayor recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior gracias al contexto de precios internacionales favorables podría proveer $500.000 millones adicionales (cerca del 1,5 puntos del PBI) a lo originalmente
    proyectado en el Presupuesto 2021.
  6. Recuperar las herramientas de política monetaria: el Estado no debe continuar restringiendo la oferta monetaria como lo vino haciendo en los últimos meses. La emisión monetaria es válida y necesaria en el marco de reforzamiento de controles en el plano de la regulaciones cambiarias (particularmente por el lado de asegurar la oferta de divisas) y estableciendo un control estricto sobre el sistema de precios.
(*) Claudio Lozano es economista, fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y director del Banco Nación.