El Gobierno envió hoy al Congreso el proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, el cual prevé una rebaja en la carga tributaria para el 90% de las compañías, principalmente las consideradas pequeñas y medianas.

La iniciativa en su redacción original sufrió algunos cambio a partir de las queja de diversos sectores del comercio y la producción.

Si el Parlamento finalmente sanciona la normativa, nueve de cada diez empresas comenzarán a pagar una cuota reducida el 25% por Ganancias.

Sólo el 10 por ciento de las empresas que tienen Ganancias pasará a pagar el 35%, una medida que afectará a las compañías más grandes y que tienen mayor facturación.

"Este esquema permite reducir el impuesto que pagarán las empresas de menores beneficios y mantenerlo para las de un tramo intermedio (que quedan en 30 %), solo se aumenta para empresas con beneficios más grandes", indicó el Gobierno.

Los cambios fueron acordados durante una reunión del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto con los demás integrantes del gabinete económico y legisladores.

En el mensaje que precede al proyecto, el Ejecutivo explicó: "Resulta oportuno introducir modificaciones permanentes a la tasa de sociedades en el Impuesto a las Ganancias, pero con un nuevo esquema innovador en la historia del sistema tributario argentino que establezca un tratamiento diferencial en beneficio de las sociedades de menor tamaño o que, por alguna circunstancia obtenga bajas rentas en un determinado período fiscal".

"De esta forma, el Ejecutivo Nacional se hace eco de una demanda histórica de las pequeñas y medianas empresas, concediendo así más progresividad al tributo y al sistema en general", añadió.

Señaló que hasta el 2017 "las sociedades pagaban 35% sobre los beneficios. A su vez, los y las accionistas, en su carácter de personas humanas, estaban alcanzados por un 10 % adicional sobre los dividendos distribuidos".

Sin embargo, agregó: "Con el cambio de Gobierno también se modificaron las prioridades y las políticas de Estado".

Al respecto, el Gobierno indicó que "se decidió derogar el tratamiento dispuesto por la Ley N° 26.893 a los dividendos distribuidos y posteriormente, mediante la reforma tributaria de 2017, se estableció una reducción gradual de la alícuota societaria combinada con un impuesto cedular sobre las utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas y beneficiarios o beneficiarias del exterior".

De acuerdo con el nuevo esquema, las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios de hasta $5 millones de pesos anuales, un 30% para un tramo intermedio de $5 millones a $20 millones de pesos anuales, y para los beneficios superiores a ese umbral se aumentará al 35%.

Por otra parte, se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos.